Una de las principales causas de la violencia en nuestro país es la atomización de organizaciones armadas que compiten por tramos de control territorial. No todos estos grupos armados se dedican al tráfico de drogas y, de hecho, algunos tienen más bien componentes políticos y sociales, pero buena parte está involucrada en actividades criminales con fines económicos.
Antilavadodedinero / Excelsior
El gobierno mexicano cuenta con un diagnóstico detallado de esas organizaciones criminales. Según información del Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), en el país operan 49 organizaciones delictivas. De ellas, dos tienen supremacía por su presencia territorial, estructura y operación internacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico (o Cártel de Sinaloa).
Existen otras 17 con capacidad operativa limitada, aunque con dominación de ciertos territorios, entre las que destacan el Cártel del Golfo, Los Zetas, La Línea o los Beltrán Leyva. Finalmente, existen 30 organizaciones emergentes con capacidades operativas locales y acotación territorial, como son los Templarios, en Michoacán; Los Rojos, en Guerrero, o el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México.
En cuanto al tamaño de cada organización, la que mayor presencia tiene a nivel nacional es el CJNG, que únicamente no opera en Campeche, Durango, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán. El Cártel del Pacífico opera en 20 entidades federativas, el del Golfo en 14, los Zetas en 13 y los Beltrán Leyva en siete. Identifican, además, a 23 líderes criminales que consideran los más buscados (entre los que no se encuentra Ovidio Guzmán).
Por su parte, la atomización del crimen organizado varía en cada estado. Mientras que en algunas de las entidades más violentas del país, como Chihuahua, Sinaloa y Jalisco operan hasta ocho organizaciones, en otras igualmente violentas, como Baja California o Sonora, el número de agrupaciones es menor a cuatro. Las entidades con mayor complejidad en cuanto al número de grupos armados son Guerrero y Michoacán, con 17 y 12 organizaciones criminales respectivamente.
Finalmente, el gobierno tiene identificados diversos “procesos de reorganización” o conflictos intercriminales. Destacan 15 en activo, entre los que se encuentra la alianza de Rafael Caro Quintero con el CJNG y los Beltrán Leyva, que mantienen una lucha proxy contra el Cártel del Pacífico, en Sonora. En Tamaulipas, se identifica el conflicto interno del Cártel del Golfo, que pudo causar la más reciente masacre de Reynosa, y la alianza de éstos con el Cártel del Pacífico.
En Zacatecas, la entidad más violenta, hay una pugna entre las dos principales organizaciones del país. Incluso Oaxaca atraviesa por un conflicto de tres frentes en la Cuenca del Papaloapan.
En suma, el gobierno mexicano cuenta con información de inteligencia suficiente sobre la presencia y los conflictos del crimen organizado a nivel nacional. Sabe quiénes son, dónde están y por qué compiten. Tiene identificados a sus líderes y sus alianzas. Incluso, por dónde entran y se distribuyen sus armas.
Por todo ello, los malos resultados de la estrategia de contención de la violencia y de debilitamiento de estos grupos armados no necesariamente pasan por la falta de producción y análisis de inteligencia, sino por la toma de decisiones o, más bien, por la ausencia de ellas.
