El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) que evaluó en 2013 la prevención de la corrupción en el ámbito parlamentario, la judicatura y la Fiscalía, ha confirmado, cinco años después de ese examen, que el cumplimiento de sus recomendaciones por parte de España ha dejado de ser “globalmente insatisfactorio”.
Ese organismo internacional ha valorado las reformas emprendidas por nuestro país tanto en el ámbito judicial y fiscal como parlamentario y ha decidido sacarlo de su mecanismo de supervisión periódica, en el que permanecía desde 2016.
Los progresos reflejados en el segundo informe provisional de cumplimiento de ese organismo son muy significativos y consideran “cumplidas” o “parcialmente cumplidas” 10 de las 11 recomendaciones de la Cuarta Ronda de Evaluación.
En julio de 2016, este organismo apreció que España no había puesto en marcha ninguno de sus requerimientos, por lo que calificó su nivel de cumplimiento de “globalmente insatisfactorio” obligando al Gobierno a remitirle informes periódicos sobre los progresos realizados. En diciembre de 2017, Greco aprobó el primer informe provisional en el que no apreció ningún cambio.
Las reformas de la LOPJ impulsadas por el Ministerio de Justicia y aprobadas en el Parlamento el pasado diciembre son las que han provocado gran parte de los avances que el grupo anticorrupción del Consejo de Europa aprecia ahora en la judicatura y la fiscalía. Su informe da por “satisfactoriamente cumplidas” dos recomendaciones.
En primer lugar, la creación de un código de conducta de los jueces que sea de fácil acceso para los ciudadanos y que esté complementado por servicios de asesoramiento en materia de conflictos de interés y otros aspectos relativos a la integridad de jueces y magistrados. También se ha cumplido la extensión de la caducidad de los procedimientos disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han pasado de seis meses a un año.
Otras dos medidas que antes se consideraban incumplidas pasan ahora a “parcialmente cumplidas”. La primera, el establecimiento de criterios objetivos de evaluación para los más altos nombramientos en el Poder Judicial, como los de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Greco valora la reforma de la LOPJ que obliga a convocar públicamente esas plazas, los méritos que se vayan a tener en consideración para su cobertura y la ponderación pormenorizada de cada uno de ellos. La modificación legal también establece un quorum de tres quintos del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su selección.
También subraya el cumplimiento parcial de su recomendación sobre el método de selección y el mandato del Fiscal General del Estado; el establecimiento de procedimientos transparentes de comunicación del Gobierno con éste y la búsqueda de una mayor autonomía en la gestión de los medios del Ministerio Público.
Greco destaca, además, las reformas acometidas para reforzar la democracia interna y la transparencia en el funcionamiento del CGPJ, aunque lamenta que no se modifique el sistema de designación de sus vocales.
En el plano parlamentario este organismo también considera “parcialmente cumplidas” cuatro de sus recomendaciones. En primer lugar, la relativa a la aprobación en el Congreso y el Senado de un código de conducta para diputados y senadores.
El Congreso aprobó el suyo el pasado 28 de febrero, mientras que el Senado ya está trabajando en su elaboración. El grupo anticorrupción del Consejo de Europa valora igualmente el cumplimiento parcial en lo relativo a la regulación de la relación de los parlamentarios con los grupos de presión así como respecto al incremento del nivel de detalle de las declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores.
ALD/IUSTEL
