El Dr. Eric Troyer, de Landis, Carolina del Norte, y su consultorio médico, Troyer Medical Inc. PC (TMI), han acordado pagar 429.254 dólares a los Estados Unidos para resolver supuestas violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas derivadas de su participación en esquemas de sobornos en laboratorios. Troyer y TMI pagarán 195.746 dólares adicionales al Estado de Carolina del Norte, que financió conjuntamente las reclamaciones pagadas por el programa Medicaid de Carolina del Norte. Troyer y su consultorio han acordado cooperar con las investigaciones del Departamento de Justicia sobre otros participantes en los supuestos esquemas.
“Los sobornos a los proveedores de atención médica pueden socavar la integridad de los programas de atención médica financiados por los contribuyentes y la toma de decisiones médicas”, dijo el fiscal general adjunto principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Seguiremos persiguiendo a quienes paguen o reciban incentivos financieros ilegales, incluidos incentivos ilegales para realizar pruebas de laboratorio”.
La Ley Antisoborno prohíbe ofrecer, pagar, solicitar o recibir remuneración para inducir la remisión de artículos o servicios cubiertos por Medicare, Medicaid, TRICARE y otros programas de atención médica financiados por el gobierno federal. La Ley Antisoborno tiene por objeto garantizar que las decisiones de los proveedores médicos no se vean comprometidas por incentivos financieros indebidos y, en cambio, se basen en los mejores intereses de sus pacientes.
El acuerdo anunciado hoy resuelve las acusaciones de que, desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2021, Troyer y su consultorio médico recibieron sobornos de un laboratorio en Anderson, Carolina del Sur, a cambio de las derivaciones de Troyer a ese laboratorio. Según el acuerdo, los sobornos a Troyer y su consultorio médico supuestamente se disfrazaron como pagos por supuestos servicios de flebotomía, alquiler de espacio de oficina y el arrendamiento de una máquina analizadora de química y dieron como resultado la presentación de reclamos de pruebas de laboratorio falsos o fraudulentos a Medicare, Medicaid y TRICARE en violación de la Ley de Reclamos Falsos.
“Los pacientes deberían poder confiar en que las recomendaciones de su proveedor de atención médica son para su bienestar y no para el beneficio económico del proveedor”, dijo el fiscal federal Adair Ford Boroughs para el Distrito de Carolina del Sur. “Seguiremos exigiendo responsabilidades a quienes socaven la integridad del sistema de atención médica al dar o recibir sobornos”.
“Esta resolución demuestra la dedicación del FBI a la hora de abordar las violaciones que socavan la confianza del público en nuestros sistemas de atención sanitaria”, afirmó el agente especial a cargo Steve Jensen de la Oficina de Campo del FBI en Columbia. “El FBI, junto con nuestros socios de aplicación de la ley y reguladores, sigue comprometido a garantizar que los profesionales de la atención sanitaria brinden estándares de servicio transparentes y éticos”.
“Los acuerdos de sobornos destinados a influir indebidamente en las decisiones médicas seguirán siendo una prioridad de investigación para nuestra agencia”, dijo la agente especial a cargo Tamala E. Miles de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG). “Nuestras constantes iniciativas de cumplimiento en esta área se centran en proteger la integridad de los programas de atención médica financiados por los contribuyentes, como Medicare y Medicaid, y en prevenir esquemas que podrían manipular indebidamente las decisiones de atención médica de los pacientes y sus médicos”.
“Las relaciones financieras inadecuadas entre médicos y laboratorios socavan la atención médica y la confianza de los pacientes”, dijo el agente especial a cargo Christopher Dillard de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS), Oficina de Campo del Atlántico Medio. “Los sobornos nunca deberían ser un factor a considerar en una práctica médica a la hora de seleccionar una empresa para realizar pruebas de laboratorio. El DCIS seguirá llevando ante la justicia a los proveedores médicos que se enriquecen ilegalmente a expensas del contribuyente estadounidense y del bienestar de nuestros combatientes”.
El acuerdo fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre la División de Litigios Comerciales, Sección de Fraude de la División Civil y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur, con la asistencia de HHS-OIG, DCIS, el FBI y la División de Investigaciones de Medicaid de la Oficina del Fiscal General de Carolina del Norte.
El caso estuvo a cargo del abogado litigante principal Christopher Terranova, de la División de Litigios Comerciales, Sección de Fraude de la División Civil, y la fiscal federal adjunta Beth C. Warren para el Distrito de Carolina del Sur. Estados Unidos había resuelto anteriormente acusaciones de que otros médicos de Carolina del Sur , Carolina del Norte y Texas habían recibido sobornos del mismo laboratorio.
La insistencia del gobierno en este asunto ilustra el énfasis que pone en combatir el fraude en la atención médica. Una de las herramientas más poderosas en este esfuerzo es la Ley de Reclamos Falsos. Las denuncias y quejas de todas las fuentes sobre posibles fraudes, despilfarro, abuso y mala administración se pueden comunicar al HHS llamando al 1-800-HHS-TIPS (800-447-8477).
