Las modificaciones aprobadas en el parlamento respecto a la Ley de Lavado de Activos sigue generando inquietud en los contadores colegiados, y en este contexto el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Ccecau), dio cuenta a través de su presidente, Cra. Cristina Freire, de la convocatoria a una mesa de diálogo con representantes de las principales firmas de auditoría del país.
La instancia, impulsada por las comisiones técnicas de Auditoría y de Prevención de Lavado del colegio, tuvo como objetivo recabar la opinión del sector en relación con el Proyecto de Ley de Lavado de Activos y Narcotráfico. La reunión contó con la participación de las principales firmas de auditoría que operan en Uruguay, quienes manifestaron un respaldo unánime a la actuación y postura del Colegio en esta materia, según expresaron sus autoridades.
Entre los puntos de mayor preocupación y análisis del colectivo profesional respecto al proyecto de ley figura “la inoperancia e impacto del informe de revisión limitada y de la propia auditoría en el marco de la normativa propuesta”, lo que se agrega lo que entienden como “vulneración drástica” del secreto profesional en varios artículos del proyecto.
Asimismo cuestionan el “traslado masivo de mayor responsabilidad a los Sujetos Obligados No Financieros”, en particular a los contadores, además de la eliminación de la debida diligencia simplificada para aquellas operaciones que se encuentran bancarizadas.
La organización que nuclea a estos profesionales reafirmó su “profunda preocupación” por la intensificación de la responsabilidad y la carga de trabajo que las modificaciones implican, señalando que las exigencias de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), a menudo exceden el marco de su trabajo profesional, en tanto que, como principal conclusión de la reunión y en consonancia con la necesidad manifestada de ser escuchados, el Cceau anuncia que impulsará ante la Senaclaft la instalación de mesas de trabajo, tal como fue solicitado en su momento por la propia Secretaría del gremio, y según Freire, “esta instancia es la que vamos a presentar a Senaclaft para que se entienda bien cuál es nuestro trabajo y por qué es que estamos en esta posición. Hubo un respaldo unánime a la actuación del Colegio, lo cual nos fortalece para llevar adelante este diálogo constructivo que busca una normativa justa y operativa para el sector”.
Asimismo, el colegio reafirma su compromiso de “colaborar con las autoridades y el país en la lucha contra el lavado de activos, manteniendo siempre la defensa de los principios y el ejercicio profesional de sus socios”.
Varios reparos
Ya en oportunidad del tratamiento de la norma, en la primera semana de este mes de octubre, el Colegio de Contadores expuso ante la Comisión de Hacienda del Parlamento su oposición a la inclusión de la auditoría de estados contables y, especialmente, de la Revisión Limitada como actividades obligadas a reportar operaciones sospechosas (ROS).
La presidenta del Cceau, contadora Cristina Freire, afirmó que ambos informes “no permiten detectar operaciones de lavado de activos, porque son análisis ex post”, a la vez que precisó que en el caso de la Revisión Limitada, la exigencia generará efectos negativos sobre los costos de las pequeñas y medianas empresas, que son quienes impulsan la economía del país, sin aportar beneficios reales al sistema de prevención de lavado.
El Cceau precisó en la oportunidad que la Revisión Limitada debe eliminarse de la ley por razones técnicas y prácticas: su alcance es limitado, el grado de certeza es menor que el de una auditoría completa y no resulta eficaz para detectar operaciones sospechosas. Además, impone una responsabilidad desproporcionada sobre el profesional.
Freire advirtió, por ejemplo, que el umbral fijado para las actividades delictivas precedentes de defraudación tributaria, así como el alcance de otros delitos, bajó drásticamente a 16.000 dólares (100.000 UUI). “Es un umbral tan bajo que incluso en las propias auditorías se puede considerar importe no material, y que alcanza ampliamente a las pymes del país y recarga a los propios estudios contables con costos que, en muchos casos, no pueden trasladarse a sus clientes”, dijo.
Otro punto que se cuestiona es el aumento de cinco a diez años en la obligación de conservar documentación, lo que recarga nuevamente a los pequeños estudios y a los que se encuentran en el interior del país, y consideró Freire que la propuesta del Ejecutivo generará además una burocracia innecesaria que termina afectando el normal funcionamiento del sistema económico. “Ya existen bases de datos imponentes en organismos como la DGI o el Banco Central; obligarnos ahora a reiterar esa búsqueda de información solo nos aparta de nuestra profesión”, sostuvo la presidente del Colegio de Contadores.
Sobre la protección de la persona que reporta operaciones sospechosas (ROS), expresó que “si bien se nos asegura que la identidad no se filtra, basta ver casos recientes de ciberataques, incluso a la propia Agesic, o el caso de la Fiscal de Corte. El Poder Ejecutivo tiene las capacidades de inteligencia, logística y ataque, no los contadores. Nuestro rol es otro”.
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