De los 600 investigados, diez lograron evadir la justicia. El expresidente Alejandro Toledo, Félix Moreno, Gonzalo Monteverde y Gustavo Salazar.
De los más de 600 investigados por el caso Lava Jato en el Perú, 10 se encuentran en calidad de prófugos. Han logrado evadir momentáneamente la acción de la justicia. Unos permanecen con paradero desconocido y otros han sido ubicados fuera del país y afrontan procesos de extradición.
Entre los que buscaron refugio en el exterior, para no responder de sus actos, se encuentra el expresidente, Alejandro Toledo. Además, el militante y aportante de Fuerza Popular Giancarlo Bertini Vivanco, el corredor de seguros Gustavo Salazar y la exfuncionaria del Estado Mariella Huerta Minaya.
Otros se encuentran en la clandestinidad, como es el caso del exgobernador regional Félix Moreno Caballero, por quien el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 150 mil soles por información que permita su ubicación. Fuentes de inteligencia policial indican que Moreno se oculta en algún lugar de Lima, protegido por un familiar.
Extradición
Para lograr que los que huyeron del país se presenten ante la justicia, el Estado ha iniciado procesos de extradición. El caso más emblemático es el del expresidente Toledo. Él se encuentra detenido en Estados Unidos y está dando la batalla legal para afrontar en libertad el proceso de extradición, que puede durar algunos años.
El 16 de julio, el juez Thomas Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, aceptó el pedido de arresto en su contra con fines de extradición, por recibir sobornos de la constructora Odebrecht y Camargo Correa.
Toledo es requerido por la justicia por los presuntos aportes de U$ 20 millones que habría recibido de Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, y de Camargo Correa, en el tramo 4.
El expresidente ha pedido libertad bajo fianza. Si el juez federal rechaza el pedido, continuará detenido durante todo el proceso de extradición. En caso contrario, esperará en libertad la decisión de los jueces estadounidenses.
La extradición podría durar hasta dos años. Además, la fiscalía ha promovido que se apruebe y presente un segundo pedido de extradición en su contra y de su esposa, Eliana Karp, por el caso Ecoteva.
Por el caso Ecoteva, se le investiga por la adquisición de inmuebles con dinero ilegal que había ocultado en Costa Rica. Según la fiscalía, la compra de los bienes inmuebles a través de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, se hizo con el dinero que recibió como coimas de Odebrecht.
El proceso de extradición será largo. Luego, puede presentar un hábeas corpus contra la decisión de la extradición o solicitar asilo político. Una vez que los jueces resuelvan y ya agote todas las instancias y recursos, será puesto a disposición del Departamento de Estado. En dicha instancia federal se decidirá en definitiva si es entregado al Perú, para que responda por los delitos que se le atribuyen.
Félix Moreno
Otro de los casos sonados es el que involucra al exgobernador regional del Callao Félix Moreno Caballero. Él está prófugo de la justicia desde enero del presente año. Él decidió ocultarse luego de que recibió una condena en un proceso paralelo al caso Lava Jato.
En la investigación por recibir sobornos de Odebrecht, tenía orden de comparecencia restringida. Al ver que su suerte con la justicia empezaba a cambiar, decidió ocultarse.
Un juez del Callao lo condenó a cinco años de cárcel por delito de colusión, al ser declarado culpable en la venta subvaluada de terrenos del Estado, en el caso Fundo Oquendo.
En febrero también había recibido una condena de cinco años por el caso del inconcluso proyecto de construcción de la sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), pero él apeló para evitar que la sentencia se ejecute de inmediato.
El 2009, siendo alcalde del Callao, concertó con los directivos de Corpac, para evitar un concurso público y lograr que la obra sea ejecutada por la empresa municipal Finver, sin experiencia en la construcción.
Más prófugos
Los prófugos Giancarlo Bertini, Gustavo Salazar y Mariella Huerta Minaya, también afrontan procesos de extradición. El primero se encuentra en Italia y es sindicado por la Fiscalía como uno de los encargados de camuflar aportes ilícitos en la campaña de Fuerza 2011.
La fiscalía le atribuye el delito de lavado de activos en el proceso que se sigue a la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Bertini salió del país rumbo a Bolivia el 21 de octubre de 2018 y desde allí habría viajado a Italia. El 30 de noviembre del 2018, la Sala Penal Nacional dispuso su captura internacional y, el 4 de enero de este año, fue capturado en Lecce, al sureste de Italia.
En marzo, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside Elizabeth Arias Quispe, formuló un pedido ante la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, para concretar la extradición de Bertini.
Al empresario Gustavo Salazar se le atribuye ser titular y beneficiario de la cuenta de la empresa Wircel en el banco Crédit Andorra en Panamá, donde se depositó el presunto soborno de Odebrecht para la licitación de la vía Evitamiento en Cusco.
La Fiscalía le imputa el delito de lavado de activos por ser el nexo entre el exgobernador del Cusco Jorge Acurio y la empresa brasileña. Salió del país rumbo a Estados Unidos. El Estado inició el proceso de extradición y paga una recompensa de 20 mil soles por su paradero.
En el caso de Mariella Huerta, se sabe que está en Estados Unidos desde enero del 2017 y también afronta un proceso de extradición. Huerta fue presidenta de la Comisión Especial de Licitación del Tramo II de la Línea 1 del Metro de Lima.
Se le acusa de haber defraudado al Estado por recibir presuntas coimas de Odebrecht, que formaba el Consorcio Tren Eléctrico y que finalmente salió ganador de la buena pro. Tiene una orden de prisión preventiva en su contra por 18 meses desde el 4 de febrero de 2017 y está con orden de captura a nivel nacional e internacional.
Otros de los implicados en las coimas de Odebrecht por el Metro de Lima, que se encuentran prófugos, son Santiago Chau Novoa y Magdalena Bravo, exmiembros del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, acusados de recibir pagos ilegales de la Caja 2 de Odebrecht.
“Las fugas pudieron evitarse aplicando medida cautelar”
Para el exprocurador Antonio Maldonado, la fuga de investigados pudo haberse evitado de haberse impuesto oportunamente medidas de impedimento de salida del país, detención preliminar o prisión preventiva.
Considera que en el Perú no hay abuso de la prisión preventiva y se pretende victimizar a los presos con vínculos políticos para descalificar la acción de la justicia.
En el caso Odebrecht, –prosiguió-, hay 600 investigados y de ellos solo 23 o 24 sufren prisión preventiva, lo que demuestra que no hay un uso desmedido de esa medida cautelar que restringe la libertad.
Distinto es el caso de los que están en prisión preventiva por delitos comunes, no vinculados a Odebrecht, en el que sí podría darse un abuso de la prisión preventiva.
Consideró curioso que los expresidentes “que jamás se preocuparon de la situación de los acusados por delitos comunes, ahora sí reclaman una situación de abuso”.
Aseguró que en el caso Odebrecht, las medidas de prisión son debidamente fundamentadas, con un debate serio, respeto al debido proceso y pluralidad de instancias.
Advirtió que hay una campaña mediática para estigmatizar las decisiones judiciales, para lesionar la actuación de la justicia, “con el fin de amedrentar a los fiscales y jueces para que no tomen acciones firmes contra la corrupción”.
ALD/Larepublica
