La justicia demostró que se pagó una coima de 4.000 millones de pesos para que el Consorcio Ruta del Sol 2 consiguiera el contrato de Estabilidad Jurídica, cuyo apoderado fue Néstor Humberto Martínez.
Aunque su nulidad podría derivar en un reintegro millonario de impuestos a la Dian, nadie lo ha demandado.
El 31 de diciembre de 2012 el lobista Federico Gaviria tenía una misión crucial: vigilar la gallina de los huevos de oro. Si todo salía bien, Gaviria y sus secuaces, tendrían, literalmente, año nuevo y vida nueva por cuenta de la riqueza que se meterían al bolsillo.
Para cumplir su misión Gaviria y Juan Nicolás Devis Morales, apoderado del Consorcio Ruta del Sol 2, se plantaron en la sede del Ministerio de Comercio, vigilantes de la suerte final que correría el contrato de estabilidad jurídica por el que habían “trabajado” día y noche en los últimos meses. Gaviria sintió que la fortuna se le escapaba de las manos cuando una funcionaria les ordenó que se retiraran del edificio, ubicado en el centro de Bogotá. Gaviria, urgentemente llamó a Otto Bula, su socio lobista, y le informó que lo estaban sacando.
Este de inmediato se comunicó con el entonces influyente senador Bernardo ‘Ñoño‘ Elías quien a su vez llamó a Luis Miguel Pico, asesor de ese ministerio. Como por arte de magia la orden se reversó y pudieron estar en el lugar hasta que, finalmente, fueron llamados para firmar el contrato. Fue el momento en que la gallina de los huevos de oro dio a luz.
Por ese negocio habían trabajado durante dos años los socios directivos del Consorcio Ruta del Sol 2 (conformado por Odebrecht y Episol) y su abogado Néstor Humberto Martínez. El contrato era clave porque garantizaba la aplicación de la normatividad vigente en 2012 en materia de impuesto al patrimonio por un periodo de 13 años de vigencia. El beneficio estaba asociado al contrato de construcción de la Ruta del Sol II, licitación cuyo valor ascendió a los 2,5 billones de pesos.
El contrato de estabilidad jurídica vio la luz luego de una carrera contrarreloj. Fue firmado justo en vísperas de año nuevo, apenas unas horas antes de que entrara en vigencia la ley que proscribió ese tipo de contratos en Colombia.
La bendición llegó desde el Comité de Estabilidad Jurídica, instancia del MinComercio, el 28 de diciembre de 2012, día en el cual Éder Paolo Ferracuti, representante del consorcio, se fue a celebrar las fiestas decembrinas y le concedió poder a Devis Morales para que suscribiera el contrato. Lo mismo hizo Néstor Humberto Martínez con Julián Solorza Martínez, miembro de su pool de abogados.
Tres días después, Gaviria y Devis protagonizaron el episodio del ingreso al ministerio: el que Federico Gaviria, Otto Bula y Ñoño Elías hubieran estado al tanto de cada movimiento de la firma era el anuncio de que algo turbio había ocurrido. Ante la justicia Devis dijo que no tenía conocimiento de ningún delito. Por su parte, Gaviria, Ñoño Elías y Bula reconocieron que sí.
Son muchas las sombras que rodean la existencia de este contrato por el que la justicia ya determinó que se pagó una coima de 4.000 millones de pesos. La principal, que contrario a lo que ocurrió con el ‘contrato emblemático’ de la corrupción en Colombia –el de la adjudicación de la megaobra Ruta del Sol 2– este no ha sido ni demandado ni está en proceso de ser terminado por acuerdo de las partes.
Ahora bien, actualmente el contrato de estabilidad jurídica no surte efectos porque está sujeto a la vida del contrato de obra del tramo dos, el cual fue terminado por las partes y los términos de la liquidación están sujetos a la decisión de un tribunal de arbitramento, que además deberá decidir si lo anula o no. No obstante, después de probarse que fue conseguido con maniobras ilegales, es natural que una autoridad se pronuncie respecto al de estabilidad jurídica, ya que al retrotraer sus efectos podría hasta obligar al consorcio a devolver los beneficios tributarios que recibieron en casi cinco años de aplicación.
La negociación de Martínez
La primera carta para conseguir el contrato se la jugaron meses después de ganarse la licitación para la construcción del tramo dos. Marko Harasic, representante legal de la concesionaria Ruta del Sol y Johanna Gil Villegas, representante legal de la Fiduciaria Corficolombiana S.A., le dieron poder a Martínez para que representara a la firma en la solicitud. En septiembre de ese año el hoy fiscal radicó la petición inicial en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El Comité de Estabilidad Jurídica que estudió el caso estuvo encabezado por el viceministro de Desarrollo Empresarial, Carlos A. de Hart, y los representantes de los ministerios de las carteras de Hacienda, Minas, Transporte y Planeación Nacional. En septiembre de 2011 dieron su veredicto negando las pretensiones de Martínez y lo hicieron apoyados en un concepto del Inco que aseguraba que el objeto del contrato iba en contravía de las políticas del gobierno.
Según intimidades de las negociaciones –delatadas por Bula–, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llegó a señalar en su momento que prefería renunciar antes que firmar un contrato como estos.
No obstante, fueron suficientes las gestiones de los siguientes 14 meses para que los argumentos en contra se transformaran en un sí unánime de delegados del Gobierno y hasta de la Presidencia de la República (ver acta de asistentes) que terminaron por darle la bendición a su suscripción. Cabe recordar que la decisión, antes rechazada por el Inco, después contó con la bendición de la Agencia Nacional de Infraestructura (entidad que reemplazó al Inco), cuya dirección estaba en cabeza de Luis Fernando Andrade.
Años después se descubrió que esto que parecía un caso de éxito del abogado Martínez Neira, en realidad fue un contrato que se consiguió inyectando plata corrupta en tres frentes: el Gobierno, el Congreso y la ANI.
Actas de asistentes a Comité de Estabilidad Jurídica años 2011-2012. Archivo Semana.
La coima
A través del acta de la inspección que hizo la Corte Suprema de Justicia a la Constructora Norberto Odebrecht, en marzo de 2017, se confirmaron los testimonios que ya le habían dado a la justicia Otto Bula y Federico Gaviria.
El documento deja constancia de que la abogada Liliana Carolina Sarmiento, como representante legal de la Constructora Norberto Odebrecht, hizo entrega a la corte de cuatro contratos en los que se contrató a Otto Bula para sacar adelante los proyectos de la constructora. El lobista logró demostrarle a la justicia que esos cuatro documentos son falsos. Su versión es que Luiz Bueno, expresidente de Odebrecht, le pidió que los suscribiera en el 2016 con el fin de legalizar dineros que no tenían soporte.
“Después de la gestión de los congresistas se consigue la viabilización en un tiempo muy rápido, de dos a tres meses, inclusive fue aprobado el 31 de diciembre del 2012, el último día”, Otto Bula
El contrato número cuatro desató controversia. En él aparece estampada la firma de Yezid Arocha y Amilton Hideaki en representación de la Constructora Noberto Odebrecht, y de Otto Bula como contratista. La fecha es del 4 de junio de 2012 y tenía como objeto la prestación de servicios de Bula para la aprobación definitiva y suscripción del contrato de estabilidad jurídica. En las cláusulas se establece una cuota de éxito de 4.000 millones de pesos, los ejecutivos de Odebrecht también se esmeraron por dejar explícito un ítem en el que se le informa a Bula que el asesor jurídico del consorcio era Néstor Humberto Martínez.
ALD/Semana
