La corrupción ha empeorado en Honduras a partir de las compras que ha hecho el Gobierno para afrontar la crisis por la pandemia de covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, dijo este lunes en entrevista con Efe la titular del Comisionado de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.
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«El tema de la corrupción desafortunadamente no es algo nuevo en este país, y tal vez empeoró con el tema de la covid-19, pero también Eta e Iota han evidenciado que el Estado no ha tenido políticas o programas de atención integral para estos fenómenos», subrayó Izaguirre.
Señaló que en el país centroamericano «ha habido un mal manejo de los fondos, en principio, y luego de los procesos transparentes que deben existir en las compras» por parte del Estado para manejar la crisis sanitaria.
Honduras, que supera ya los 178.00 contagios en un año de pandemia, mientras que los muertos suman 4.334, compró entre marzo y abril de 2020 siete hospitales móviles, en Turquía, a un coste de 47,5 millones de dólares, que llegaron al país entre julio y noviembre, de los que hasta ahora solamente dos están en servicio.
En la compra de los nosocomios, según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otros entes, hubo corrupción, lo que investiga el Ministerio Público.
LA CORRUPCIÓN AUMENTA FLUJOS MIGRATORIOS
El daño de la corrupción se refleja «en los flujos migratorios, las caravanas y la gente que está desesperada porque no tiene oportunidades o no hay espacios en los que crean que se pueden desarrollar y ven la necesidad de migrar irregularmente, exponiendo su vida», agregó Izaguirre.
Izaguirre, electa en diciembre de 2020 en un cuestionado proceso, para un período de seis años, afirmó que «el Estado no ha dado la respuesta esperada» debido a la falta de programas integrales para atender a la población más vulnerable y, en consecuencia, «se provocan violaciones de derechos humanos».
La crisis sanitaria y las devastadoras tormentas tropicales, Eta e Iota, que dejaron unos 1.800 millones de dólares en pérdidas y un centenar de muertos, vulneraron derechos como el del trabajo, la educación y la salud, entre otros, añadió.
En su opinión, afrontar flagelos como la desigualdad, la pobreza y la corrupción, requiere de políticas públicas dirigidas a «responder a estas necesidades, y que no se queden en un librito bonito, porque de esas tenemos miles en Honduras».
«Aquí, más que presupuesto, se necesita voluntad para crear políticas que realmente cumplan y cubran esas necesidades integrales que tienen los ciudadanos en Honduras», indicó la defensora del pueblo hondureño.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN EL GOBIERNO
Izaguirre calificó de «desafortunado» que el Gobierno no ratificara en enero de 2020 la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Ha sido desafortunado el hecho que no siguiera aquí (la Maccih), creo que hay un problema grande en Honduras: se politizan las situaciones, creo que cuando hablamos de corrupción, no podemos hablar solo de un gobierno, ni lo podemos politizar, porque al final los afectados somos nosotros», indicó.
Dijo además que la corrupción y la impunidad «imperan a nivel de todo el Estado de Honduras», por lo que el país debe procurar que la investigación en actos de corruptela sea «oportuna, precisa, eficiente e imparcial».
El mandato de cuatro años de la Maccih, bajo un convenio suscrito en enero de 2016 en Washington entre el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó el 19 de enero de 2020, luego de que el Gobierno y la Secretaría General del organismo continental no lograron un acuerdo para la continuidad de la Misión en Tegucigalpa.
La falta de investigación es una de las principales causas para que la impunidad impere en Honduras y abre la puerta «a cualquier acto de corrupción», enfatizó la ombudsman hondureña.
Destacó la importancia de «evitar la corrupción y caer en esa situación», y soslayar «la politización» de actos de corruptela en Honduras, país donde también considera que es necesario fomentar una cultura de denuncia.
