Operaciones bancarias millonarias provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.
Antilavadodedinero / Animalpolitico
Estos son algunos de los presuntos actos de corrupción que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, en los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.
Los implicados, como Animal Político dio a conocer en una primera parte de esta nota, habían sido designados ya en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que fuera el primer administrador general de aduanas, Ricardo Peralta, quien según denuncias internas en el SAT presuntamente conocía de estos supuestos actos de corrupción.
En sus denuncias, la UIF advierte que las operaciones inusuales en el entorno a los administradores serían resultado de “delitos predicados” o previos. En concreto: presuntos sobornos por haber permitido actividades ilícitas en las aduanas que tenían a su cargo, y que van desde contrabando o huachicoleo, hasta posible narcotráfico, tráfico de armas y de personas.
Las cuentas bancarias involucradas en estas operaciones fueron bloqueadas a solicitud de la UIF, mientras que la FGR inició por cada caso una carpeta de investigación que en este momento siguen en integración. Todos los administradores implicados fueron removidos de sus cargos en las aduanas y a la par se les iniciaron indagatorias internas en el SAT y en la Secretaría de la Función Pública.
Animal Político tuvo acceso a los hallazgos de presunta corrupción detectados por la UIF en varios de los casos denunciados, a partir de los cuales establecieron las posibles operaciones de lavado de dinero.
A continuación, se mencionan los puntos clave en varios de ellos:
Tijuana, Tecate y Mexicali: un cártel aduanal
La UIF denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Eva María Viridiana Soria Amador; de Mexicali, Raymundo Humberto Jiménez Lázaro; y de Tecate, David Pérez Tejada Padilla. Todos fueron separados de sus cargos a finales de diciembre pasado.
De acuerdo con las denuncias penales, estas personas estaban coludidas con otro exadministrador de nombre Alejandro Miramontes Armenta – quien también se encuentra bajo investigación de la UIF – con el objetivo de consolidar una presunta red de corrupción en las aduanas gracias al cual se permitió el ingreso desde autos chocolate, pero también de armas de fuego.
“El 70% de las armas que llegan a nuestro país tiene que ver con los ingresos vía Estados Unidos. Y entran a través de mecanismos como por ejemplo autos chocolate en Mexicali. Nosotros confirmamos este hecho y también denunciamos a un agente aduanal implicado en esa operación”, dijo Santiago Nieto.
De acuerdo con fuentes federales, el funcionario denunciado es Roberto Ruiz Armas, que a través de su empresa Automotores 2017 SA de CV ha ganado más de 161 millones de pesos en operaciones de introducción de autos usados de manera ilegal – sin cubrir impuestos – en los últimos años. Se trata de los llamados “autos chocolate”.
La UIF identificó antecedentes de operaciones inusuales en el entorno de los administradores denunciados, que le hacen sospechas de operaciones de lavado de dinero.
En el caso de Soria Amador se denunció, por ejemplo, la compra de un cheque de caja por 5 millones de pesos y unos días después la adquisición un departamento en la colonia Anáhuac de Ciudad de México por 5.7 millones de pesos. También se identificó que su hermano recibió 5.7 millones de pesos en sus cuentas de los cuales retiró cinco millones.
Ello sumado a otro depósito de seis millones de pesos en un lapso de cuatro meses entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.
Tras ser removida de su cargo como administradora aduanera, Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de dicha entidad. Ello pese a que fue destituida a nivel federal por “pérdida de confianza” y denunciada penalmente.
Respecto a Tejeda Padilla, quien también fue diputado federal por el Partido Verde, lo primero que llamó la atención de la UIF fue su alta calificación en un modelo de riesgo con el que cuenta la unidad para identificar posible lavado de dinero: 7.39 de 10 puntos posibles. Al revisar las sus operaciones se encontró la supuesta venta de una casa valuada en 10 millones en un solo millón de pesos. Familiares suyos, entre ellos un hermano, han sido indagados por posible corrupción.
Y en el caso de Jiménez Lázaro, la UIF también lo identificó con un foco de alerta al calificar con 6.93 en el modelo de riesgo. El 4 de marzo de 2020 Banamex emitió hacia el gobierno una alerta por operaciones inusuales sobre esta persona. Inteligencia Financiera identificó 650 mil pesos en una de sus cuentas no reportados, y operaciones por mas de medio millón de pesos sobre otro familiar.
Querétaro: empresas fachada y prestanombres
De acuerdo con la UIF, el administrador de la aduana de Querétaro, Jorge Aurelio Brito Sevenello, acumula varios años de operaciones inusuales en su entorno, que continuaron una vez que este asumió el referido cargo. Se presume que ese dinero proviene, al menos en una parte, de posibles sobornos.
