En las vísperas de un nuevo aniversario del hallazgo sin vida del fiscal Alberto Nisman y sin la atención pública que posee la causa que investiga las circunstancias de su muerte, el otro expediente que no registra avance alguno es el del presunto lavado de dinero.
Por Ámbito/ALD1
Mientras que la Cámara Federal de Argentina exhortó a Claudio Bonadio a acelerar la investigación, sobre la que no se registra movimiento desde su inicio, en Comodoro Py apuntaron hacia la Corte Suprema por haber demorado por casi tres años una definición clave que podría destrabar el asunto. Y es que tres planteos de la madre de Nisman, Sara Garfunkel y del empresario Claudio Picón -dueño de la camioneta Audi Q3 que el fiscal usaba como propia pero no le pertenecía en los papeles- vienen deambulando desde 2017 en tres vocalías del cuarto piso del Palacio de Tribunales, sin haber llegado a plasmarse en un voto, ni habilitar el resto de la circulación del expediente.
Por su parte, Elena Highton de Nolasco solicitó el martes pasado, en plena feria judicial, que la secretaría penal de la Corte le remita uno de los planteos en la causa que involucra a Nisman, a su hermana Sandra, a su madre y al informático Diego Lagomarsino. Pero es una continuidad de la saga que comenzó cuando escalaron a la Corte los incidentes planteados en la causa por lavado, que se inició poco después de la investigación por su muerte y estuvo siempre radicada en la Justicia federal.
Los incidentes, llegaron al máximo Tribunal en abril de 2017. Para entonces ya había ingresado el informe de la FINCEN, de Estados Unidos, reportando movimientos sospechosos en una cuenta del Merrill Lynch donde Nisman aparecía como apoderado, y pese a ser una Persona Políticamente Expuesta -PEP, en la jerga-, solo había consignado que era abogado.
Las autoridades norteamericanas denunciaban movimientos sospechosos, pero las defensas intentaron que no se use el documento por ser “con fines de inteligencia”. Fracasaron ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, que luego perdió la causa, ante la Cámara y en Casación. Por eso recurrieron a la Corte. También buscaban anular el llamado a indagatoria para todos los familiares de Nisman, solicitado por el fiscal original Juan Pedro Zoni.
Sin quitarle responsabilidad a Bonadio, desde Comodoro Py apuntaron a la ausencia de directriz en materia penal que ofrece como flanco la Corte, sin un especialista en la materia y siendo uno de los problemas principales que tuvo la Justicia en los últimos años.
