Una semana después de conocerse el polémico informe de la Fiscalía General en el cual se aseguró que en el Palacio de Justicia “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y entrega equivocada de los restos a los familiares de las víctimas”, declaraciones dadas por el fiscal Jorge Ricardo Sarmiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hará seguimiento al avance de las investigaciones por parte del Estado colombiano.
Si bien la audiencia se hace de manera ordinaria como medida de seguimiento tras la condena proferida por ese organismo al Estado colombiano en 2014, tendrá lugar justo después del revuelo suscitado por esas conclusiones.
Aunque el fiscal Sarmiento dijo a La W que se refería a que encontraron personas, pero “no se identificó que hubieran sido desaparecidos de manera forzada”, el abogado de los familiares de las personas desaparecidas Germán Romero, cree que la posición inicial de que “no hubo desaparecidos” es la que se mantendrá de manera oficial en la reunión con el organismo de derechos humanos.
“Lo van a presentar como un caso exitoso, como un golpe de suerte para encontrar a cinco personas”, asegura. Mientras que sobre las otras seis personas desaparecidas “no podrán decir nada porque no han hecho absolutamente nada”.
Para René Guarín, hermano de la desaparecida Cristina del Pilar Guarín, una de las personas que trabajan en la cafetería del Palacio y cuyos restos fueron entregados en el 2016, la Fiscalía no llegó a esa conclusión con base en pruebas, sino en hipótesis.
Por eso, la posición de los familiares será de rechazo frente a “una realidad que ocurrió hace 34 años, que está reconocida en sentencias de la Corte y en sentencias administrativas”.
Los familiares de las víctimas se manifestarán antes y durante la audiencia con el lema “La Fiscalía nos dio la espalda”, contó.
Para el abogado Romero, el Estado ha tomado una posición de “desacato” frente al fallo de la Corte IDH, no solo con sus afirmaciones, sino con el equipo de trabajo a cargo de las investigaciones en curso. Asegura que el equipo que avanzó tras la condena fue posteriormente desarticulado.
No solo por las desapariciones, sino también por actos de tortura y una ejecución extrajudicial, la Corte Interamericana condenó a Colombia en el 2014. Además de los hechos, la condena también señalaba la falta de esclarecimiento por parte de la justicia y lo obligaba a avanzar en las investigaciones y en la protección a los familiares de las víctimas.
Tras la audiencia de este viernes, que se llevará a cabo en la Universidad Externado de Colombia, la Corte podrá señalar si efectivamente ha habido incumplimientos por parte del Estado frente a sus responsabilidades con las víctimas de los hechos del 6 de noviembre de 1985.
El Tiempo
