La Corte Suprema de EE.UU. bloqueó el procedimiento por el que Purdue Pharma se declara en bancarrota, acuerdo que el gobierno de Biden había calificado como «sin precedentes» y por el que sostuvo que, en última instancia, ofrecería a la familia Sackler una amplia protección frente a las demandas civiles relacionadas con los opioides.
Al aceptar suspender el acuerdo, la corte también dijo que retomaría el caso y escucharía los argumentos durante el próximo mes de diciembre.
El caso surgió tras la reorganización en quiebra del fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, a raíz de los litigios que se derivaron de las demandas por su papel en el fomento de la crisis de adicción a los opioides.
Hasta hace poco, Purdue estaba controlada por la familia Sackler, que retiró miles de millones de dólares de la empresa antes de que se declarara en bancarrota. Ahora, la familia acordó aportar hasta US$ 6.000 millones al fondo de reorganización de Purdue con la condición de que s ele conceda una exención de responsabilidad civil.
«Confiamos en la legalidad de nuestro Plan de Reorganización, casi universalmente respaldado, y somos optimistas en que la Corte Suprema estará de acuerdo», dijo Purdue Pharma en un comunicado.
«Aun así, estamos decepcionados de que el Programa de Síndicos de Estados Unidos, a pesar de no tener ningún interés concreto en el resultado de este proceso, haya sido capaz de retrasar por sí solo miles de millones de dólares en valor que deberían destinarse a la compensación de las víctimas, la reducción de la crisis de opioides para las comunidades de todo el país y los medicamentos de rescate de sobredosis», dijo la compañía.
«Aun así, estamos decepcionados de que el Programa de Síndicos de Estados Unidos, a pesar de no tener ningún interés concreto en el resultado de este proceso, haya sido capaz de retrasar por sí solo miles de millones de dólares en valor que deberían destinarse a la compensación de las víctimas, la reducción de la crisis de opioides para las comunidades de todo el país y los medicamentos de rescate de sobredosis», dijo la compañía.
«La liberación del plan ‘absoluta, incondicional, irrevocable, plena, definitiva, para siempre y permanentemente’ libera a los Sackler de todo tipo concebible de demanda civil relacionada con los opioides, incluso demandas basadas en fraude y otras formas de mala conducta intencional que no podrían ser desestimadas si los Sackler se declararan en quiebra a título individual», argumentó la procuradora general Elizabeth Prelogar en documentos judiciales.
Prelogar dijo que la liberación de los Sackler no está autorizada por el código de quiebra y constituye un «abuso del sistema de bancarrota».
El acuerdo entre los Sackler y ocho estados, así como el distrito de Columbia, se acordó inicialmente en marzo. Entre esos estados se encuentra Ohio, cuyo fiscal general dijo este jueves que le decepcionaba que los jueces pusieran en pausa el acuerdo y aceptaran oír el caso.
«Queríamos que el acuerdo siguiera adelante», dijo el fiscal general Dave Yost a Jake Tapper de CNN en «The Lead». «Es muy importante que este dinero fluya. Desde 2019, este procedimiento de quiebra está en marcha. Supongo que lo mejor que puedo decir sobre la decisión de hoy de escuchar el caso es que al menos lo fijaron para diciembre».
Gregory Garre, abogado de Purdue Pharma, dijo a los magistrados que la solicitud de suspensión era innecesaria. Señaló que el gobierno tenía previsto pedir a la Corte Suprema que se ocupara del caso por sí misma antes del 28 de agosto y que existe «riesgo cero de que el plan pueda consumarse sustancialmente antes de que esta corte actúe» sobre la petición de que los magistrados se ocupen del caso.
«Eso es todo lo que la corte necesita saber para denegar la solicitud de suspensión del síndico», dijo Garre. Afirmó, por ejemplo, que el plan debe ser «actualizado y aprobado de nuevo por el tribunal de quiebras para reflejar los términos más recientes del acuerdo».
Después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York aprobara el acuerdo, Purdue emitió un comunicado donde lo califica como una «victoria para los acreedores de Purdue, incluidos los 50 estados, los gobiernos locales y las víctimas que apoyan abrumadoramente el plan de reorganización».
«Nuestros acreedores entienden que el plan es la mejor opción para proporcionar asistencia a los que más lo necesitan, la forma más justa y rápida de resolver el litigio, y la única manera de entregar miles de millones de dólares en valor específicamente para financiar los esfuerzos de reducción de la crisis de opioides», dijo Steve Miller, presidente de la junta directiva de Purdue Pharma.
