El aumento del tráfico de personas de Bolivia hacia Brasil, pasando por la población fronteriza de Corumbá —centro conocido por el contrabando de todo tipo—, plantea el interrogante de cómo un municipio, que de otro modo sería insignificante, sigue siendo clave para el movimiento transfronterizo de mercaderías y personas.
Antilavadodedinero / InSightCrime
Un trabajo de seis meses de acopio de información sobre el tráfico de migrantes en la frontera suroeste de Brasil con Bolivia concluyó el 31 de agosto, cuando la Policía Federal detuvo a un hombre y cumplió 26 órdenes de cateo en los estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo y Minas Gerais, según un comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.
El ministerio explicó que esas acciones hacían parte de la Operación Náuatle de la Policía federal, creada como respuesta al evidente incremento del tráfico de migrantes bolivianos por Corumbá, población ubicada en el río Paraguay, en el estado de Mato Grosso do Sul.
El 1 de septiembre, el local Diário Corumbaense informó sobre la captura de un hombre en la ciudad, en conexión con la operación, y agregó que casi la mitad de los allanamientos de la Operación Náuatle ocurrieron en la localidad.
La inteligencia de la policía demostró que una red clandestina de traficantes, dueños de empresas transportadoras y obreros de fábricas colaboraban en el movimiento de migrantes desde Corumbá hacia otras regiones de Brasil.
Según la investigación, la mayoría de los migrantes que llegaban a esa localidad eran llevados desde allí en autobús hasta São Paulo, donde se los ponía a trabajar en fábricas de textiles, muchas veces en condiciones degradantes. Además, muchos migrantes terminaban siendo reclutados como correos de drogas para introducir narcóticos de Bolivia hacia Brasil, para luego regresar a Bolivia con algo de dinero.
Esta es apenas una muestra de la participación de Corumbá en negocio ilícitos transnacionales. El mismo día del lanzamiento de la Operación Náuatle, la policía federal abrió una investigación llamada Operación Mad Max III, que se centró en la importancia de la población en el contrabando de combustible.
Según los informes de la policía, ciudadanos de Brasil y Bolivia por lo general compran combustible en las poblaciones bolivianas de Puerto Quijarro y Puerto Suárez, a 10 y 20 kilómetros de Corumbá, respectivamente, antes de llevar el combustible de nuevo al otro lado de la frontera para su venta. Esto sucede hace al menos cinco años, según relató la policía.
Corumbá es una pequeña población de solo 110.000 personas, cuya desproporcionada participación en contrabando entre Bolivia y Brasil es testimonio de su estratégica ubicación sobre el río Paraguay. Pero el mínimo impacto de las acciones policiales, las dificultades económicas en Bolivia y las disputas de las organizaciones criminales por las rutas de tráfico de cocaína abocan a Corumbá’s a mantener su popularidad para el movimiento ilegal de migrantes y mercancías.
Sorprende la lista de interdicciones policiales en Corumbá. En solo unos meses, las fuerzas de policía brasileñas han realizado operativos contra el presunto tráfico transnacional de cocaína y armas, así como contra el contrabando de ganado.
En 2009, Reuters publicó una investigación de un caso similar, de migrantes bolivianos llevados a Brasil para trabajar por la fuerza como correos humanos de drogas. Desde esa época, el reportaje se refería a Corumbá como una ruta de contrabando “bien conocida”.
Y el movimiento ilícito es en doble vía. Puerto Quijarro, a solo 10 kilómetros del otro lado de la frontera, es el principal puerto de Bolivia para el arribo de cerveza de contrabando, parte de la cual se adquiere en Corumbá, según un reportaje publicado en abril por el diario boliviano La Razón.
El estado de Mato Grosso do Sul, donde se ubica Corumbá, es vital para la empresa criminal transnacional, con sus redes fluviales y sus densos bosques, que ofrecen la cubierta ideal para el movimiento de personas, animales, armas y drogas. La región fronteriza sirve como punto de acceso principal para la cocaína que viene desde Bolivia para el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), la mayor organización criminal de Brasil. El PCC está inmerso en una guerra entre fronteras por el control de estas preciosas rutas de narcotráfico, lo que indica que se mantendrá la demanda de armas.
De igual forma, el excedente de producción de cocaína en el primer año de la pandemia de COVID-19 en Bolivia, tercer mayor productor mundial de cocaína, combinada con la producción constante desde entonces, indica que la droga seguirá saliendo del país.