Una singularidad que se ha observado en las dictaduras es la recurrencia de crímenes de Estado que quedan generalmente en la impunidad, muchas veces porque, lógicamente, los gobiernos cuya política incluye la represión, ya sea interna o contra la soberanía de otra nación, curiosamente no se adhieren a convenciones internacionales que velen por los derechos fundamentales, como es el caso de la Corte Penal Internacional, en donde no han firmado o no han ratificado.
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De los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas, 123 países forman parte del Estatuto de Roma, de los cuales sólo 31 estados firmaron, pero no lo ratificaron. Sobresalen dentro de las abstenciones Estados Unidos, China, Rusia, India, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Perú, entre otros. Burundi y Filipinas se retiraron del Estatuto.
Burundi es uno de los países más pobres del mundo debido a las continuas guerras civiles, la corrupción y el casi nulo acceso a la educación y servicios básicos, siendo una república presidencialista regida por un partido hegemónico. Filipinas por su parte no sólo se excluyó de la Corte Penal Internacional (CPI), sino que no se ha adherido al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CESCROP); de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ((CED); accedió, pero no firmó ni ratificó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT); ni tampoco al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPDOP), sólo por poner un ejemplo de la política sistemática de los gobiernos de algunas naciones.
Sin embargo, no sólo los países que no han querido ser parte de la CPI incurren en abusos de poder y crímenes de Estado, ahí está el ejemplo de México, cuya política internacional ha logrado gran prestigio a lo largo de la historia, pero al interior se han cometido abusos de poder y crímenes de Estado, por omisión, complicidad e incluso directamente, ahí están los crímenes que a diario se cometen con evidente impunidad; cada año suman más de 30,000.
Sólo para dimensionar, en la guerra en Ucrania se han registrado casi 19,000 muertos civiles. Y no olvidar los miles de migrantes que mueren cada año en su paso por México hacia los Estados Unidos, víctimas generalmente del crimen organizado.
Y dada la complejidad de los procedimientos jurídicos, que llevan un riguroso sistema que conlleva la complementariedad entre los protocolos internacionales, el derecho internacional y constitucional de cada país soberano, amén de que es indispensable la adhesión a dichos marcos institucionales, la tarea de la Corte Penal Internacional presenta un gran reto; lo vemos ahora mismo con los regímenes dictatoriales como en Nicaragua, pero igualmente en la Guerra que enfrenta actualmente Ucrania, donde, violando todas las leyes internacionales, Rusia invadió un país soberano y lo ha convertido en ruinas, pese al apoyo de las naciones que ha tenido Ucrania.
Hay una orden de detención contra Vladimir Putin, pero el gran obstáculo es que Rusia no es un país integrante de la CPI, pero sí uno con derecho de veto ante la ONU. Pese a todo, nadie es absolutamente impune y tarde o temprano la justicia actúa.
Por otro lado, no podemos soslayar que, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno intensificó las sanciones contra la CPI, baste decir que el 17 de marzo del 2019 el Secretario de Estado Mike Pompeo declaró que dio la orden de retirar los visados de ingreso al país de los funcionarios integrantes de la CPI, como respuesta a la investigación que se abrió sobre los abusos o crímenes de guerra cometidos en Afganistán.
En junio del 2020 el presidente Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones económicas y restricciones de viaje contra los funcionarios de la corte a cargo de la investigación y en septiembre de ese mismo año el mismo Secretario de Estado anunció sanciones contra el fiscal general Bensounda y contra cualquier individuo o entidad que apoyara a la CPI en el caso. En el 2021 el presidente Joe Biden revocó dichas sanciones por considerarlas “inapropiadas e ineficaces”, aunque manifestó sus discrepancias por la posición de la Corte respecto de Afganistán y Palestina.
En realidad, una misma posición política con diferentes expresiones, una frontal de parte de Trump y otra absolutamente diplomática de Biden. Juzgan, pero no quieren ser juzgados.
En Irán, por cierto, aliado de Rusia, Amnistía Internacional ha puesto la alerta debido a que 4 manifestantes son ejecutados tras haber sido sujetos de juicios falsos y a todas luces injustos. El derecho fundamental a manifestarse se les niega a los ciudadanos de ese país y es ampliamente conocido el nivel de represión que viven los iraníes, sobre todo las mujeres por la represión que ejerce la llamada policía “moral”.
Y hay quien dice que a partir de las protestas por el asesinato de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida y martirizada por dicha policía por el solo hecho de que a su juicio no llevaba puesto el velo (hiyab) debidamente, podría surgir un movimiento tan grande como el que llevó al derrumbe del muro de Berlín.
Aunque de octubre del año pasado a la fecha sólo se ha visto que la represión contra manifestantes ha logrado dominar las inconformidades, lo cual sin duda está generando una olla de presión que tarde o temprano estallará, ya sea como la Primavera Árabe, la Caída del Muro de Berlín, o quizá, de acuerdo a las fuerzas externas que intervengan, otra dictadura socialista bajo argumentos de democracia, o ésta bajo el dominio de una hegemonía occidental, la perspectiva política puede tener muchas variantes.
Lo cierto es que el antiguo y poderoso imperio persa se ha transformado en un país convulso bajo un régimen teocrático que controla no sólo la vida pública, sino que impone su ley en las relaciones sociales, familiares y personales más íntimas del individuo, donde la libertad de expresión y de pensamiento están restringidas.
Como ya hemos mencionado en anterior ocasión, Los crímenes de Estado, a diferencia de otros delitos, se caracterizan por ser generalizados, sistemáticos, cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan como respaldo de las mismas, con su tolerancia o complicidad; y son crímenes dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, religiosos, raciales o culturales.
Y en este sentido tenemos el caso más mediático de la guerra en Ucrania. Putin tiene ya una orden de detención por crímenes de guerra; sin embargo, China sin mediar declaración alguna, pero si en los hechos, ha mostrado su pleno apoyo al presidente ruso, quien sigue empeñado en anexar Ucrania como parte de la Federación Rusa, que de por sí es el Estado más grande del mundo. Y los ataques contra instalaciones vitales, civiles, edificios históricos, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, etc., siguen sin cesar, pese a la fuerte defensiva de Ucrania. Un país devastado materialmente, pero que ha mostrado al mundo un espíritu incansable de fortaleza, identidad nacional y patriotismo, palabra casi olvidada de nuestro actual léxico.
Los horrores de la guerra se siguen dando a conocer. Si bien desde el inicio de la invasión rusa los medios internacionales dieron cuenta de las torturas, violaciones y asesinatos no sólo de militares ucranianos, sino de civiles de manera indiscriminada, incluyendo a mujeres, niños y ancianos, ahora se ha dado a conocer que las tropas rusas han utilizado la decapitación para causar terror entre la población, lo cual recaerá en una mayor responsabilidad del presidente ruso y los mandos militares, así como los principales funcionarios de su gobierno, ya que evidentemente son crímenes de Estado y contra lesa humanidad, violando todos los principios del derecho, porque incluso en la guerra existen normativas que deben observar ambos bandos.
Y aquí los mercenarios del Grupo Wagner y su líder, Yevgueni Prigozhin, quien ha amasado una de las más grandes fortunas gracias a su cercanía con el presidente ruso, indudablemente tendrán que responder por todos estos crímenes.
Y la pregunta sigue sin respuesta. Un ejército como el ruso, que oficialmente cuenta con unos 831,000 elementos, de los cuales desplegó 50,000 para invadir Ucrania, que fueron aumentando hasta unos 190 ó 200 mil. Estos efectivos sólo representan entre el 22% y 24% del ejército. Sin embargo, desde el principio fue evidente que Rusia envió en su mayoría a reclutas, lo cual va contra toda norma militar, pues es el personal profesional quien debe ir al frente.
Ahora bien, docenas de miles de civiles en edad militar huyeron porque se les convocó para ir al frente, pero éstos forman parte de la última reserva, pues la primera la constituye personal entrenado ex profeso y militares retirados. No obstante, en septiembre del año pasado envió a 300,000 reservistas al frente, hasta personas con 50 años. Y curiosamente el total de reservistas es de 300,000, prácticamente ya envió ya a todos. ¿De donde reclutará más? ¿niños, mujeres y ancianos? ¿O sólo fue propaganda de guerra el anuncio de los trescientos mil?
Ahora se ha anunciado que con una nueva legislación recientemente aprobada con el fin de que nadie se excluya de ser enviado al frente, se podrá convocar a los reservistas por correo electrónico e incluso a través de sus redes sociales, sobre todo por medio del sistema de información estatal federal Gosuslugi, so pena de impedirles salir al extranjero, se les impedirá comprar o vender propiedades, se les anulará el permiso de conducir, o bien, podrían ir a la cárcel. Lo que estamos viendo es que prácticamente toda la población masculina está en el frente y el 78% del ejército en sus cuarteles, o eso nos dicen los números.
Y en su afán de presionar a occidente, el gobierno ruso ha detenido por supuesto espionaje a Evan Gershkovich, un experimentado reportero del Wall Street Journal, de padres rusos que emigraron a los EE. UU. Esta detención es la primera desde la Guerra Fría, la última bajo este cargo fue en 1986, cuando todavía existía la URSS.
El caso ha sido tratado con suma discreción por el gobierno norteamericano, que a través de medios diplomáticos está tratando de rescatar al periodista, lo que hace suponer que es posible que hagan un intercambio, donde Rusia exigirá regrese a su territorio algún funcionario ruso detenido en Norteamérica.
Estos son sólo algunos de los múltiples temas relacionados con crímenes de Estado y como podemos observar, no es fácil llevar un proceso de esta naturaleza, no sólo por la complejidad del procedimiento judicial, sino porque el tema tiene diversas aristas, políticas, económicas, diplomáticas, estratégicas de juegos de poder, pero, sobre todo, de la voluntad política que siempre se guía por evidentes intereses.
