Una organización narco acusada de traer cocaína a la Argentina en avionetas desde Paraguay, estaba al frente de una red de lavado de dinero que se valió de la creación de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), una herramienta enfocada en facilitar a los emprendedores la conformación de compañías con menos trabas burocráticas.
Antilavadodedinero / Lanacion
Esta banda registró las sociedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego comercializó facturas por servicios inexistentes por más de 730.000.000 de pesos en varias provincias, entre ellas, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires.
El 22 de febrero pasado, en un camino rural cercano a San Justo, en el norte de Santa Fe,una avioneta cargada con más de 200 kilos de cocaína tuvo un desperfecto en el motor y terminó en tierra, contra un alambrado perimetral de un campo.El panadero que mató a un ladrón en La Matanza: «No soy un asesino, estoy arrepentido»
La aeronave venía siendo monitoreada por la DEA, la agencia antidrogas norteamericana. Ese cargamento de droga proveniente de Paraguay era esperado por Lorena Melgarejo y su esposo, Claudio Casco, ambos actualmente prófugos y con pedido de captura nacional e internacional.
A partir de este hecho, el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez empezó a investigar una trama vinculada con esta organización, con la mira puesta en otro eslabón: el lavado de dinero.
En una investigación de la que participó el Organismo de Investigaciones de Santa Fe, a cargo de Víctor Moloeznik, se pudo vincular a esta organización narco con una trama de creación de Sociedades Anónimas Simplificadas -una figura con «escaso control», según las fuentes judiciales, que se gestó en 2017 para encuadrar a los llamados «emprendedores»- que supuestamente se utilizaron para lavar de dinero y para comercializar facturas apócrifas en distintas partes del país.
Este fenómeno delictivo se produjo entre marzo de 2018 y abril de 2020, según surge de la investigación a la que tuvo acceso LA NACION. Se habrían creado a través de distintas sociedades 8544 facturas por un total aproximado de 731.485.352 pesos. Esta matriz delictiva habría sido aprovechada por 1381 contribuyentes que viven en varias provincias, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se radicaban las empresas «truchas», y Mendoza, Corrientes, Chaco, Santa Fe.
De la investigación judicial surge que esta organización vinculada a Melgarejo y Casco estaría integrada por Edgardo Galeano, Ramón Padrón, Gonzalo Rosales, Basilio Ojeda y Silvio Flores. Estas personas, según las fuentes judiciales, se ocupaban de la etapa inicial, la de conformación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que se utilizaban como plataforma para la emisión de la facturación apócrifa.
Hay otras personas, como Rocío Miniello, Patricio Gonzalo Casagrande, Juan Armanino y Luciana Bustamante, que están acusadas de haber participado de otro eslabón de la cadena, la de la ejecución material de la emisión de facturas apócrifas. Para ello usaban las claves fiscales de las personas físicas y jurídicas creadas anteriormente.
La investigación se inició a partir de un desprendimiento de la causa de la avioneta atiborrada con cocaína que cayó en el norte de Santa Fe. Por esta causa están imputados Juan Fleitas González, Carlos Alberto Maldonado, Claudio Casco y Lorena Guadalupe Melgarejo.
A partir del hallazgo de la avioneta el fiscal Rodríguez empezó a investigar datos financieros y económicos en torno a estas personas. Estas medidas arrojaron como resultado la identificación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) constituida por Melgarejo y Casco. Pero era solo el principio.
La mujer, a su vez, integró junto a otras personas dos SAS. Se detectó además que sus socios formaban parte de un conglomerado empresario del mismo tipo que presentaba características similares y entrelazadas por medio de la adquisición de facturas apócrifas. A partir de allí se empezó a tirar del hilo y eso develó una madeja de grandes dimensiones.
Hasta ahora la investigación pudo establecer que los miembros de la asociación ilícita cumplían con dos tipos de roles en el esquema reconstruido por el Organismo de Investigaciones: los encargados de la constitución e inscripción de las SAS, por un lado, y los comercializadores y emisores de comprobantes apócrifos, por el otro. Con este entramado lograron vender facturas truchas a más 1300 personas y empresas.
Las SAS fueron creadas en 2017 como una herramienta jurídica destinada a facilitar la actividad del universo de los emprendedores. Pero en este caso sirvieron como sostén legal a las actividades espurias de esta banda narcocriminal: de una forma rápida y con escasos controles esta organización creó decenas de sociedades a muy bajo costo.
En la investigación afloró que las SAS que se armaban a través de una conexión con una computadora común y corriente tenían sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Usaban claves fiscales de personas físicas, ninguna de las cuales tenía capacidad económica. Otro rasgo que llamó la atención es que estas personas tenían domicilio en «zonas de elevados índices de violencia». Incluso, en algunos de estas casas se vendía droga o funcionaban como búnkeres ligados a la banda de Los Monos.
Por esta causa se realizaron más de 30 allanamientos en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y en otras provincias donde se vendían estas facturas apócrifas generadas con aquella usina «empresarial» ligada a la banda narco. Quedaron detenidas ocho personas vinculadas a esta banda.
Entre los domicilios allanados figura uno en Juan Manuel de Rosas al 3600, Rosario, donde figura la sede social de la empresa Melcas SRL, cuyos socios son el matrimonio Casco y Melgarejo. Allí también está registrado el domicilio fiscal de Neo Construcciones SAS y de otras sociedades vinculadas a la maniobra delictiva.
La policía allanó, además, un local comercial ubicado en San Martín 2385, también en Rosario, donde funciona la mutual 23 de Julio, donde se sitúa la dirección de IP donde se generaban los comprobantes electrónicos.
También se realizaron allanamientos, según fuentes judiciales, en una cooperativa de Servicios de Villa Mugueta, en Sauce Viejo y Santo Tomé, donde se compraban estas facturas truchas, y en las provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires, entre otras.
