El crimen organizado que opera en la Amazonía brasileña tiene ramificaciones en otros países de Sudamérica, como Venezuela, Surinam y Colombia, según un estudio divulgado este miércoles por el Instituto Igarapé.
Antilavadodedinero / Swissinfo
El informe se basa en el análisis de 302 operaciones de la Policía Federal de Brasil realizadas entre 2016 y 2021, algunas de las cuales tuvieron desdoblamientos en Guyana Francesa, Venezuela, Surinam, Colombia, Paraguay y Bolivia.
Asimismo, los tentáculos del crimen organizado amazónico se han extendido por 24 de los 27 estados brasileños, con excepción de Alagoas, Pernambuco y Paraíba, de acuerdo con el reporte «Territorios y Caminos del Crimen Ambiental en la Amazonía brasileña: de la selva a las demás ciudades del país».
«La extensión y capilaridad (territorial) del ecosistema del crimen ambiental en la Amazonía constata la participación de otros lugares y actores fuera del espacio amazónico en estas cadenas ilícitas», afirmó el Instituto Igarapé.
El 75 % de las operaciones policiales se desplegaron en territorios dentro de la Amazonía, mientras que el 22 % tuvieron lugar en otros puntos de la geografía brasileña y el 3 % restante en ciudades de los países vecinos citados anteriormente.
Esas acciones de la Policía Federal tuvieron como principales objetivos combatir la deforestación ilegal; la minería clandestina, especialmente de oro; la ocupación de tierras, así como actividades agropecuarias con daños ecológicos.
Además, casi la mitad de los operativos (45 %) investigaron delitos medioambientales cometidos en el interior de áreas protegidas en la Amazonía brasileña, como las reservas indígenas.
El Instituto Igarapé, una organización sin ánimo de lucro que actúa en las áreas de seguridad pública, clima y digitalización, alertó de que la comercialización ilegal de productos amazónicos, como la madera o minerales preciosos, implica redes de corrupción y blanqueo de capitales, así como un uso creciente de la violencia.
Un ejemplo de ello fue la desaparición y el asesinato el mes pasado, en una zona remota de la Amazonía brasileña, del experto indigenista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips, cuyos cuerpos sólo fueron hallados días después tras la confesión de un pescador furtivo.
También advirtió de «la aceleración de la pérdida de cobertura forestal en la Amazonía brasileña», que se ha disparado desde que el presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, llegó al poder, en enero de 2019.
Para el Instituto Igarapé, que entre sus financiadores figuran Canadá, Estados Unidos, Noruega y la Unión Europea (UE), entre otros, ese incremento de la deforestación «constituye una amenaza real para los esfuerzos nacionales e internacionales para contener la crisis climática».
