El crimen organizado ha proliferado especialmente en la costa norte del Perú, una de las principales beneficiadas por el crecimiento económico, del que ha surgido en paralelo.
Una de las principales modalidades delictivas de este tipo de crimen es la extorsión. La aparición de este fenómeno ha alcanzado niveles tan importantes que ha merecido la respuesta del Estado mediante “megaoperativos”.
En el contexto de América Latina, comparativamente hablando, Perú es un país que no parece tener grandes indicadores de crimen. No obstante, en los últimos años el crimen organizado ha tenido un importante ascenso.
La preocupación por la seguridad ha sido un tema constante y, sin embargo, el enfoque ha cambiado. Se ha pasado de la Seguridad del Estado a la Seguridad Ciudadana. Y, en este último punto, el enfoque ha evolucionado del hurto a la extorsión. Si a finales del siglo XX la atención pública en temas de seguridad se concentraba en pandillas juveniles, hurtos y robos, en los inicios del siglo XXI el crimen organizado ha ganado terreno.
El Estado peruano ha respondido con la implementación de “megaoperativos” para desarticular a las organizaciones criminales. La mayoría de estos megaoperativos se concentran en la costa norte y en ellos hay una fuerte presencia –y crecimiento– de la extorsión como modalidad delictiva, que, a su vez, tiene características específicas para cada contexto y cada potencial víctima. El fenómeno se ha expandido rápidamente en todo el territorio peruano.
La evolución de la seguridad en Perú
En los años 80 la agenda pública sobre seguridad estaba concentrada en la lucha contra organizaciones terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El crecimiento de estas organizaciones y el control territorial que ejercieron en algunas zonas del país, como Ayacucho (SL) o el Huallaga (MRTA), los convirtieron en la más grave amenaza al Estado. Su objetivo era obtener una victoria revolucionaria y fundar un nuevo Estado, al estilo cubano (MRTA) o bajo el modelo de la Revolución Maoísta (SL). Por eso, el enfoque con el que se abordó el problema fue el de la Seguridad del Estado.
En los años 90, cuando las acciones terroristas afectaban a la capital de Perú, el líder de Sendero Luminoso fue capturado. Meses antes, el líder del MRTA había sido también recapturado. Después de estos hechos, poco a poco estas organizaciones terroristas se fueron debilitando. Un nuevo contexto emergió y, con ello, una nueva agenda de Seguridad. La seguridad del Estado fue cediendo paso a la Seguridad Ciudadana.
En lo que seguiría de los años 90, la atención pública en temas de seguridad se concentraría en la aparición de pandillas y delitos callejeros, como el hurto y el robo. Los trabajos académicos de la época tenían un marcado acento en el crimen, la juventud y las pandillas. Al entrar en el nuevo milenio algunas pandillas fueron lentamente mutando en bandas delictivas locales, dedicadas a robos ocasionales.
Del hurto a la extorsión
Aunque no existen muchos textos que analicen la evolución del crimen en Perú, es previsible suponer que la sofisticación del crimen es un fenómeno multicausal. Por tanto, una explicación lineal no siempre será la más precisa. No obstante, existen casos específicos que han sido, razonablemente explicados. Aunque sus conclusiones no son generalizables, éstas nos permiten comprender algunos fenómenos cuyo patrón es repetitivo, al menos en el norte del país.
Nureña1 ha documentado la evolución de los “Pulpos” en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, a partir del año 2000. Los Pulpos fueron inicialmente una pandilla perniciosa que luego se dedicó al hurto para, finalmente, devenir en el robo de automóviles de transporte público (taxis). Por esa época, el robo de coches era una modalidad generalizada en esa ciudad. El objetivo, al principio, era la venta de autopartes, pero en un momento dado el mercado de piezas robadas de autos se sobresaturó, lo que no hacía rentable dicha actividad.
El cambio en el mercado ilegal traería como consecuencia un cambio en la modalidad delictiva. Los siguientes robos tendrían por objeto el cobro de un “rescate” por el auto robado. De pronto, se dio paso al secuestro de vehículos. La generalización de esta estrategia dio un paso más en la evolución del mercado ilegal.
Poco a poco, estas bandas delictivas empezaron a brindar protección a cambio de un pago mensual: “un cupo”. El pago garantizaba que los miembros de la banda o de otras no robaran los coches y, en caso de que ocurriera, la organización que brindaba protección lo recuperaría como parte de su servicio. Sin darse cuenta, la repetición de esta práctica haría surgir una nueva modalidad que luego se extendería por toda la ciudad, dándose un tránsito del hurto a la extorsión.
Desde mediados de la década de los 2000 hasta la fecha el mercado de la extorsión se ha extendido en el norte del país y se ha convertido en una modalidad generalizada.
No sólo afecta al transporte público, sino que también ha alcanzado a empresas y comercio en diversos niveles económicos, desde importantes compañías exportadoras a nivel nacional hasta pequeños comerciantes cuyos ingresos son bastante reducidos. En algunas zonas, aun cuando el pago por un cupo es bastante pequeño, parece que más que el monto individual es el número de cupos lo que hace atractivo el mercado.
Ciertamente, en Perú la economía, la sociedad y sus hábitos han cambiado y las modalidades delictivas también. Es previsible pensar que las estructuras criminales también se han sofisticado, lo que ha generado una mayor complejidad al estudiar, comprender y combatir el problema. Aunque no se puede hablar de un momento específico, las bandas criminales tradicionales han dado paulatinamente paso a organizaciones criminales complejas.
Las organizaciones criminales en Perú
Definir académicamente el crimen organizado no es tan sencillo como pareciera. Existe un amplio debate abierto que discute si su definición ha de venir dada por el actor o actores (who) o por su actividad (what). El Oxford Handbook of Organized Crime nos brinda importante información sobre este asunto. No obstante, no siendo éste un debate teórico agotado, resulta importante tomar alguna definición como referencia.
En ese sentido, en un marco de reflexión amplio, Jay Albanese ha definido el crimen organizado del siguiente modo:
“La delincuencia organizada se ha definido a través del consenso de los académicos como empresas criminales continuas que trabajan racionalmente para beneficiarse de actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda pública. Su existencia continua se mantiene mediante el uso de la fuerza, las amenazas, el control del monopolio y / o la corrupción de los funcionarios públicos” 2.
El crimen organizado es un fenómeno relativamente nuevo en Perú. A efectos legales se hace necesaria una definición que permita delimitar el fenómeno a sancionar por la justicia. Por eso, en el año 2013 se promulgó la Ley 30077 contra el crimen organizado. En esta norma, el fenómeno se define del siguiente modo:
“… se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley” (Artículo 2, inciso 1).
Poco antes de la promulgación de la ley había quienes negaban la existencia del crimen organizado peruano. Esto es de alguna manera comprensible, por lo poco estudiado del tema.
Regularmente, las fuentes de información para estudiar el impacto del crimen están asociados a las encuestas y los métodos cuantitativos. Existen, por ejemplo, encuestas sobre comisarías, victimización o empresas, entre otros. Aunque estas herramientas académicas son importantes aportes, no son el método más adecuado para abordar un tema como el crimen organizado. No es posible hacer una lista del tema –al menos no sin las dificultades legales del caso– y no es posible aplicar una encuesta a sus miembros, por ejemplo.
Consideramos que el estudio de estos fenómenos es más provechoso por medio de métodos cualitativos que difícilmente son generalizables pero que brindan una aproximación más precisa a la dinámica de una organización criminal. En este punto, los estudios al respecto son muy escasos.
Una fuente importante de información de estos temas se encuentra en las acciones que el Estado ha realizado para desarticular algunas de estas organizaciones. Hace unos años, en Perú se publicó el libro “Megaoperativos” 3, que da cuenta de la respuesta que ha dado el Estado desde las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) a las organizaciones de criminales de mayor escala entre los años 2015 y 2016.
¿Qué son exactamente los megaoperativos?
Según el Ministerio del Interior, un megaoperativo es una operación especial que:
“i) involucra la acción de un mínimo de unidades policiales; ii) que supone la participación de unidades de inteligencia, que suministraron la información necesaria para la planificación de la operación; iii) que cuenta con la participación del Ministerio Público, para garantizar el respeto de la ley y los derechos fundamentales de las personas durante la operación; iv) que tenga por objetivo la persecución de delitos vinculados al crimen organizado (Ley Nº 30077) o terrorismo y que, por lo tanto, permita desbaratar en parte o completamente a una organización criminal” (Mininter, 2017, p. 13).
La publicación “Megaoperativos” da cuenta de la actuación de la policía contra 74 organizaciones criminales peruanas de 2015 a 2016, con dos tipos de acciones: las dedicadas a combatir la delincuencia urbana violenta (38) y las que desarticulan economías ilegales (36).
Por economías ilegales se entiende mercados de productos ilícitos que son comercializados, muchas veces, en mercados internacionales. En Perú estas economías son esencialmente extractivistas: tala ilegal, minería ilegal y tráfico ilícito de drogas, entre otros.
Por delincuencia urbana violenta se entiende aquella que se desarrolla dentro de contextos urbanos. En el caso peruano se da en ciudades donde el crecimiento económico ha generado cambios en las dinámicas sociales y comerciales. En este escenario hay convivencia urbana con el crimen violento.
Delincuencia urbana violenta: la extorsión
De los 38 megaoperativos desarrollados contra la delincuencia urbana violenta, 30 se han desarrollado en la costa peruana, incluyendo a 18 en la costa norte. Es decir, del 100% de organizaciones criminales relacionadas con la delincuencia urbana violenta desarticuladas por los megaoperativos, el 47% se ubicaron en la costa norte peruana. Estas 18 organizaciones criminales operan en los departamentos de La Libertad (nueve), Lambayeque (cuatro), Ancash (dos), Piura (una), Tumbes (una) e Ica (una). De ellas, 15 están involucradas en el delito de la extorsión. Al respecto, el Ministerio del Interior de Perú reporta las principales modalidades de la extorsión del siguiente modo:
“En el caso de la extorsión, el modus operandi se adapta al perfil de las víctimas y se basa en la reputación violenta de las organizaciones que amenazan e incluso dañan a las víctimas que se rehúsan a pagar” (Mininter, 2017, p. 186).
La posibilidad real de ser víctima de un atentado material o personal es un elemento importante para que las empresas, personas naturales o vecinos decidan pagar un cupo extorsivo. Esto viene acompañado de la amplia cobertura mediática que reciben dichas acciones delictivas, lo que hace más convincente su amenaza. Cuando el pago es generalizado, este tipo de violencia se normaliza, al punto que algunos pequeños y microempresarios buscan espontáneamente a quien pueda “venderles protección”, pues de este modo el monto del cupo es más bajo, al ser voluntario.
Donde la extorsión se ha extendido ampliamente, la búsqueda de “seguridad” por parte de una organización criminal se ha convertido en algo cotidiano, al punto que algunas organizaciones criminales han constituido empresas de seguridad “formales”, lo que les permite dar “seguridad” y legalizar (blanquear) los ingresos obtenidos por su actividad.
La extorsión es una modalidad genérica que ha adquirido diferentes submodalidades de acuerdo a las características de sus posibles víctimas:
- “Cobro de cupos: empleado principalmente en las obras de construcción civil, donde los sindicatos de fachada reclaman cupos para trabajadores ligados a su organización y cobran un porcentaje de su sueldo” (Mininter, 2017, p. 186). El crecimiento económico ha impulsado un boom constructorb y sobre este nuevo mercado se ha generado un mecanismo de cobros ilícitos por parte de organizaciones criminales en cada nueva obra en curso. Aunque las noticias de esta modalidad vienen desde las construcciones en Lima y Callao, también hay abundante información periodística sobre la misma modalidad en ciudades del norte como Trujillo o Chiclayo, entre otras.
- “Cobro de cuotas: las organizaciones cobran a empresarios de construcción civil, comerciantes, transportistas, entre otros, por dejarlos desarrollar actividades en la zona que tienen bajo su control. Además, pueden solicitarles cobros semanales por seguridad. Los objetivos son los dueños de las principales empresas y comercios de la zona, sobre todo pequeños y medianos empresarios (bodegas, talleres mecánicos) así como transportistas, comerciantes de calzado y prendas de vestir o cualquier otra actividad que se desarrolle en la zona” (Mininter, 2017, p. 187). En esta modalidad destaca el control territorial que tienen algunas organizaciones sobre una determinada jurisdicción. Es el caso de, por ejemplo, los Pulpos frente a los Ochenta, dos organizaciones criminales que controlaban los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, respectivamente. Ambos distritos colindantes dieron origen a una rivalidad territorial por definir la “jurisdicción” de cada una de las organizaciones. Definir cada territorio era importante, porque esto permitía determinar qué organización era la que tenía derecho a reclamar el pago. Otro punto importante a resaltar es que este delito afecta tanto a medianos como pequeños comerciantes. Es decir, además de los grandes empresarios, el dueño de una bodega o un quiosco también debe pagar el “impuesto”. Este tipo de modalidad de extorsión generalizada –en el que la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, el microempresario y, muchas veces, el vendedor ambulante, pagan cuotas extorsivas– sugiere que las organizaciones criminales también se dividen el mercado por rama productiva y dimensión empresarial de la víctima. Una organización que extorsiona a una empresa agroexportadora de gran tamaño, como Camposol, probablemente no estará interesada en extorsionar a una pequeña tienda familiar, sino que una “célula” extorsiva más pequeña acogerá dicho objetivo criminal. Es decir, se trata de organizaciones de mercado ilícito multinivel.
- “Chalequeo: es el cobro por un servicio de seguridad. El pago constituye, en realidad, una protección frente a las amenazas que realiza la misma organización que presta el servicio. En algunos casos, se conformaban empresas de seguridad de fachada para ocultar las ganancias provenientes de esta actividad” (Mininter, 2017, p. 187). En este punto, la amenaza se dirige a la integridad personal y se solicita un pago por no atentar contra la integridad de la víctima y, a su vez, brindarle protección frente a una posible organización rival. Esto se configura, tal como sugieren los estudios italianos, en “el negocio de la protección privada”. Dicha modalidad de chalequeo se ha extendido tanto que incluso en las campañas políticas las organizaciones criminales cumplen una función de protección. En 2018 el artículo “Chalequear, chantajear y boicotear” daba cuenta de cómo los actores criminales ofrecían un servicio importante en la seguridad de los candidatos para las elecciones municipales del distrito de El Porvenir, en Trujillo, al punto que cada candidato tenía su “chaleco”; es decir, un actor criminal que cuidaba de él. Pero el mecanismo es más complejo de lo que parece, pues, como se entenderá, no le hace bien a la publicidad de un candidato el que se le relacione con el crimen. Ante eso, emerge un tercer actor, el “chacal”, quien, no siendo un criminal en sentido estricto, conoce y frecuenta el mundo del crimen y se vuelve un eslabón comunicativo entre el actor criminal y el candidato. En varios distritos del norte del país muchas personas con cierta notoriedad –como políticos, profesionales y comerciantes, entre otros– recurren a la figura del “chaleco”.
- “Extorsión telefónica: ya sea por llamada o mensaje de textos, los delincuentes amenazan a sus víctimas para que efectúen uno o varios depósitos en una cuenta de banco. El móvil es un posible atentado contra su vida o la de sus familiares” (Mininter, 2017, p. 187). El avance en las telecomunicaciones ha hecho más fácil nuestras actividades comerciales y personales: ha agilizado nuestra comunicación y nos permite estar interconectados. Asimismo, estos avances han generado cambios en el mundo del crimen. Tradicionalmente, un criminal requería de su fuerza física y agilidad para cometer un atraco. Cuando un delincuente llegaba a una edad promedio de 35 años su condición física lo ponía en desventaja paulatinamente. Se volvía un delincuente con experiencia que debía empezar a pensar en el retiro: en el argot criminal peruano, pronto le tocaría “plantarse”.
- Así, el mundo del crimen urbano tenía un ciclo de vida relativamente corto. Pero con la llegada de los teléfonos móviles las actividades criminales pueden dirigirse a distancia y tercerizarse, usando para ello a adolescentes que, por cantidades económicas muy pequeñas –desde unos 130 euros– se convierten en sicarios y brazos de violencia funcionales al crimen.
- Este proceso de tercerización genera dos efectos negativos. Por un lado, prolonga la vida delictiva y, por otro, incentiva el reclutamiento de jóvenes menores de edad que comienzan, desde temprana edad, a cometer homicidios.
- En este contexto, la extorsión telefónica está bastante extendida en la mayor parte de ciudades del norte del país. Sus víctimas son “… empresarios comerciantes y autoridades locales, quienes por la visibilidad de sus cargos reciben amenazas”. No obstante, nadie está libre de verse amenazado, no necesariamente por una organización criminal consolidada, sino que, como se ha detectado policialmente, muchas veces un pequeño grupo de aventureros –“palomillas” en el argot peruano– prueban suerte con un determinado vecino, haciéndose pasar por alguna temida organización.
Además de las modalidades detalladas, también existe el ya mencionado secuestro de vehículos. En las ciudades del norte del país, es frecuente ver que las unidades de transporte cuentan con una calcomanía, muchas veces repetitiva para circular. Estas pueden ser una imagen religiosa, una cruz o el símbolo de una película, entre otros.
Pero no se trata de un símbolo inocente, sino que cumple una función en el crimen extorsivo. “Para identificar a los que cumplen con pagar la cuota se les otorga un sticker, que deben colocar en su vehículo para poder circular libremente”. (Mininter, 2017, p. 187). El sticker es un indicativo que permite saber al mundo del hampa qué organización le da protección al vehículo en cuestión.
Cabe precisar que, además de la extorsión, estas organizaciones se dedican a una gama de delitos, entre los que destacan el sicariato, la usurpación, el tráfico de terrenos y el tráfico de armas.
Ciertamente, la información oficial sobre organizaciones criminales es escasa. No obstante, la experiencia investigando estos temas y trabajando en sus zonas de influencia nos permite corroborar lo que instituciones como el Mininter han documentado y publicado. Asimismo, es importante también tener en cuenta que el crimen es dinámico y tiene respuestas adaptativas frente a las acciones del Estado por lo que en modo alguno se puede pensar que se esté frente a una fotografía estática. El crimen se desenvuelve, más bien, como un cinematógrafo en movimiento.
Conclusiones
En Perú parece haberse desarrollado una evolución criminal que ha transitado del hurto al crimen organizado. La expansión de la extorsión como modalidad delictiva ha tenido mucho que ver en este proceso de aparición, desarrollo y expansión del crimen organizado. Su crecimiento alcanza niveles exponenciales en el norte del Perú, donde de los 18 megaoperativos realizados contra el crimen organizado 15 están relacionados directamente con la extorsión. Cabe anotar que la extorsión tiene submodalidades que van desde el cobro de cupos y cuotas hasta la extorsión telefónica.
Además, el fenómeno adapta sus características operativas de acuerdo al perfil de sus potenciales víctimas. Así, son víctimas de este fenómeno tanto grandes y medianas empresas como pequeños y micro emprendedores. En los últimos años el problema ha venido creciendo, lo que ha afectado a diversos mercados como el transporte público, la construcción y el comercio, entre otros. Asimismo, el fenómeno se ha extendido por diversas ciudades, entre las que destacan la franja costera del norte peruano, del Callao a Tumbes. Esta alteración de la seguridad pone en riesgo la estabilidad del Estado y la viabilidad de construir un Estado-nación peruano, seguro, pacífico y productivo.
ALD/Elcano
