La Corte Suprema de Justicia, que concentra nuevamente las críticas del Gobierno, tendrá la palabra final sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner. En Comodoro Py se esperan dos decisiones claves: si la vice enfrentará el juicio junto a sus hijos por lavado de dinero en el caso Hotesur y si se sentará en el banquillo de los acusados en la causa conocida como Pacto con Irán. Todo terminará en el máximo tribunal.
El presidente Alberto Fernández utilizó este miércoles la cadena nacional para acusar de «antidemocrática» a la Corte por suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan.
Los integrantes del máximo tribunal deberán analizar diversos casos judiciales que tienen como principal acusada a la vicepresidenta. Dos fallos de la Casación podrían llegar a la Corte este año y quedaría pendiente el de la sentencia acusatoria del caso Vialidad.
La Sala I de la Cámara de Casación tiene para definir dos resoluciones determinantes para el escenario judicial de la vicepresidenta. De todos modos, cualquiera sea la decisión que se tome, todo terminará en el Palacio de calle Talcahuano. Es decir: los ministros de la Corte.
Por un lado, los integrantes de la Sala I Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, deben pronunciarse sobre el sobreseimiento sin juicio oral que firmaron dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) en los casos Hotesur y Los Sauces.
Estos dos expedientes se unificaron cuando fueron enviados a juicio oral. Para que el caso llegue a dicha instancia, intervinieron en diferentes momentos diez funcionarios judiciales, confirmando las operaciones de lavado de dinero que se concretaron a través de las dos compañías familiares (la inmobiliaria y los hoteles). La justicia dijo que esas firmas no tenían giro comercial real, sino que fueron «sólo pantallas para blanquear fondos de origen ilegal».
Incluso, cuando todo quedó radicado en el TOF 5 se impulsaron las medidas previas para avanzar hacia el inicio del juicio, sin embargo a finales de 2021 los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg firmaron el sobreseimiento frente al delito de lavado de dinero.
El único voto en minoría frente a ese criterio fue el de la jueza Adriana Pallioti quien sostuvo que la mejor instancia de defensa es la instancia del juicio oral. Ese mismo planteo formuló el fiscal Diego Velasco.
Así fue cómo, los casos en los que se investigaron las empresas de la familia Kirchner, llegaron a la Cámara Federal de Casación, la instancia previa a ir a la Corte Suprema con un reclamo.
Los plazos de Hotesur y Los Sauces se encuentran vencidos, y resta que se emita el voto de la jueza Ana María Figueroa. Los plazos se suspendieron una semana cuando viajó al Vaticano donde junto a Eugenio Zaffaroni participó de un foro sobre el lawfare, principal tesis de defensa de Cristina Kirchner.
El calendario judicial, regido por el Código Procesal Penal, indica que ya se debería haber pronunciando sobre el caso. Con los plazos cumplidos se espera su decisión para que la misma se reúna con los votos de Petrone y Barroetaveña.
No es el único fallo que se espera para las próximas semanas.
Con menos avance, la misma Sala I debe resolver si se realiza o no el juicio oral en el caso por la firma del Pacto de Entendimiento con Irán, que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
En este caso donde la vice fue procesada por encubrimiento del atentado a la AMIA, se trató de otro sobreseimiento firmado sin realización del juicio, en esta oportunidad firmado por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8).
Lo llamativo en ese expediente es que durante la pandemia el Tribunal firmó la resolución que confirmaba el inicio del juicio oral, fijando incluso la cantidad de testigos que serían citados a declarar. Un año después, se adoptó un criterio absolutamente distinto.
Como la determinación de sobreseer a todos los acusados fue apelada por las querellas, la Sala I analizó el caso. Si bien el fiscal Velasco apeló la decisión del TOF 8, el fiscal ante el Máximo Tribunal Penal no sostuvo ese reclamo, por consiguiente, sólo se tuvo en cuenta el planteo de las querellas.
En caso de que la Casación resuelva que Cristina Kirchner y sus hijos deben afrontar un debate oral y público, la decisión seguramente será motivo para ir en queja ante la Corte Suprema. En caso contrario será la fiscalía que se oponga si se firma una confirmación del sobreseimiento.
De esta forma, sea cual sea la decisión final de la Cámara que tiene superintendencia sobre los tribunales orales, la palabra final quedará en manos de los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los mismos a quienes el kirchnerismo busca realizarles un juicio político.
Con la opinión del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, el máximo tribunal se encuentra en condiciones de resolver otro caso central para Cristina Kirchner: la investigación sobre las operaciones con el dólar futuro.
La vicepresidenta logró el sobreseimiento de la Cámara de Casación al entender que no existió el perjuicio denunciado, acusación con la que el expediente llegó la instancia de juicio oral.
