Esta es una estructura organizativa que tiene la capacidad para desestabilizar un país y asumir el control de cualquier nación, creando una condición de guerra interna generalizada.
asta la década de los 90′, la delincuencia organizada en Iberoamérica tenía como máximo y principal exponente los carteles colombianos del narcotráfico y la pandillas o «maras» de Centroamérica.
En todo caso, se trataba de grupos criminales locales, solo con las conexiones internacionales relacionadas principalmente con la distribución y venta de sus productos: marihuana y cocaína. Además, sus expresiones de violencia solían estar restringidas a las luchas competitivas entre ellos, por el control del negocio de la droga.
Algo similar ocurría en otras regiones del mundo, como en Europa y Asia, con el comportamiento de las mafias rusas, albanas, rumanas, serbias y afganas, por ejemplo.
El siglo XXI trajo consigo una transformación importante en la estructura criminal, la cual desembocó en la conformación de una «trasnacional del crimen» la más poderosa cruel y sanguinaria de la historia de la humanidad.
La terrible situación actual en Ecuador, pero también en casi todos los países de América, muestra la existencia de una estructura gigantesca que maneja la industria criminal del continente, vinculada inicialmente al narcotráfico pero que se expandió a casi todas las formas de delitos (tráfico sexual, de personas, de órganos, asesinatos a sueldo, pedofilia, contrabando de oro, diamantes y otros minerales valiosos, automóviles, teléfonos móviles y hasta medicamentos) y que está enquistada en las ciudades y los barrios donde vive la mayor parte de la población de la región, y en los propios Gobiernos municipales y estatales.
Una estructura organizativa que tiene la capacidad para desestabilizar un país y asumir el control de cualquier nación, creando una condición de guerra interna generalizada y un dominio criminal de la territorialidad por parte de la delincuencia.
Así pues, ahora, desde las «pandillas» en Estados Unidos y Canadá, pasando por las «maras» y organizaciones delictivas en México y Centroamérica, hasta las «organizaciones paramilitares y extractivistas» de las riquezas, y por supuesto del narcotráfico, que van desde México hasta Chile, conforman una enorme red del crimen, estrechamente relacionada y codependiente.
El que delinque, extorsiona, trafica, roba o mata, el que produce la droga y la moviliza, el que la vende en la discoteca, las escuelas o los barrios, el que blanquea y resguarda el dinero producto del delito, cualquiera que este sea, el que dentro del sistema bancario y financiero presta sus servicios de intermediación y se hace cómplice, el que realiza el lobby con los políticos, el que soborna a funcionarios públicos, fiscales y jueces, el que maneja, administra y legaliza los excedentes de capital y las inversiones, el que otorga impunidad, todos ellos, constituyen hoy, lejos de la época de las organizaciones competidoras, un macabro entramado de relaciones de cooperación trasnacional con el propósito de hacer «negocios».
Una estructura organizativa que tiene la capacidad para desestabilizar un país
Pero, además, mientras en el pasado las relaciones de los carteles y bandas criminales con la política se concentraba en los sobornos y la extorsión o el chantaje a los políticos, ahora se permiten intervenir directamente en la política por medio de la amedrentación o del asesinato de candidatos presidenciales, gobernadores, alcaldes o cualquier funcionario público, líder comunitario o periodista que se les interponga, como está ocurriendo en Ecuador y Colombia, pero que desde hace tiempo viene ocurriendo en México, Brasil o Venezuela, y también en la Unión Europea y Asia.
Como si esto no fuera suficiente, la presencia de esta «red trasnacional del crimen», se traduce en diversas formas de gobernanza y control social que está afectando la vida de gran parte de los 1.000 millones de habitantes del continente americano, poniendo a prueba los esfuerzos de los Estados, las comunidades y la sociedad civil por proteger sus territorios, sus poblaciones humanas y sus culturas.
Las comunidades locales, incluidas las indígenas en toda Iberoamérica, luchan a diario contra la violencia que impone una forma de Gobierno criminal en las sombras, que dicta el acceso a la región, controlan las actividades económicas locales, obligan a las personas a participar en actividades ilícitas y utilizan la fuerza para impartir una justicia arbitraria.
En este sentido, la situación en los estados fronterizos venezolanos (Zulia, Táchira, Mérida, Apure, Amazonas y Bolívar) es patética. Allí, el control territorial y sobre la dinámica socioeconómica y política de los grupos paramilitares del ELN y las FARC colombianas, en alianza con organizaciones delictivas comunes y sectores corruptos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
