Cuenta ‘saudí’ de Juan Carlos I salpica a Mirabaud

La investigación en torno al presunto blanqueo de la fortuna oculta de Juan Carlos I en Suiza afecta directamente a Mirabaud y continúa avanzando. El fiscal del cantón de Ginebra encargado del caso, Yves Bertossa, está analizando si la entidad financiera en la que el Rey emérito abrió una cuenta en agosto de 2008, para esconder el cobro de 100 millones de dólares de Arabia Saudí por motivos que aún se desconocen, cumplió con los protocolos helvéticos de prevención del lavado de capitales y contra la evasión fiscal. El monarca estuvo sacando durante cuatro años una cantidad promedio de 100.000 euros mensuales en efectivo para gastarlos en España sin dejar rastro.

Antilavadodedinero / elconfidecial

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, Bertossa presidió el pasado viernes una nueva vista en el marco de las diligencias sobre la conducta de Mirabaud. La entidad, especializada en banca privada y que a finales de 2019 administraba 33.400 millones de euros, ya ha reconocido que solo estaban al tanto de que Juan Carlos I era el verdadero beneficiario de la Fundación Lucum —la mercantil panameña que figuraba como titular de la cuenta 505523 a la que llegó el dinero saudí— los seis miembros de su Consejo de Asociados, máximo órgano rector de la institución. Los datos del monarca se encontraban en una caja fuerte.

Mirabaud se expone a una sanción multimillonaria por no haber efectuado las comprobaciones correspondientes en torno a un cliente claramente PEP (siglas en inglés de persona políticamente expuesta), que en el caso del Rey emérito exigía dilucidar si los fondos habían sido declarados a la Hacienda española y si el dinero era el resultado de una operación corrupta que hubiera ocasionado un perjuicio al erario público de España o Arabia Saudí. Las averiguaciones de Bertossa han puesto a Mirabaud contra las cuerdas. La única medida que tomaron sus responsables fue echar a Juan Carlos I del banco tras el escándalo de la cacería en Botsuana, en abril de 2012. Pero incluso después siguieron efectuándose operaciones en la cuenta de Lucum.

Por lo pronto, el fiscal no se ha pronunciado aún sobre su propuesta de sanción a Mirabaud. El banco también ha admitido que dejó la ‘due diligence’ sobre el Rey en manos de Arturo Fasana, un colaborador externo que fue detenido el 17 de septiembre de 2018 y está imputado desde entonces. Fasana era uno de los principales testaferros del monarca, pero también de otros clientes españoles. Ante Bertossa, confesó que gestionaba activos por valor de 1.000 millones de francos suizos (915 millones de euros al cambio) pertenecientes a 400 titulares distintos, en su mayoría, con pasaporte de España.

Mirabaud se expone a una sanción multimillonaria por no haber efectuado las comprobaciones correspondientes

Fasana colocó esos fondos en Pictet, otro banco privado con sede en Ginebra, y en el propio Mirabaud. Precisamente en junio del año pasado, la institución que encabeza Yves Mirabaud acordó la salida de su jefe de clientes españoles, Juan Carlos Aguilar, que en ese momento ocupaba el puesto de director general y acumulaba más de dos décadas en su plantilla.

El caso sobre las finanzas del antiguo jefe del Estado también va a experimentar un salto en España. Según han precisado fuentes conocedoras de la causa, Bertossa envió el pasado 14 de mayo a Madrid toda la información sobre los movimientos de la Fundación Lucum en Mirabaud y de la segunda estructura controlada por el Rey emérito en Suiza, la que dependía de Fundación Zagatka en Credit Suisse y Lombard Odier y estaba gestionada en la sombra por su primo Álvaro de Orleans. Este último vehículo fue presuntamente empleado por Juan Carlos I para cobrar comisiones ilegales millonarias y pagar vuelos privados por todo el mundo, entre otras operaciones.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tendrá la posibilidad de conocer el detalle de esas cuentas de primera mano. Bertossa tiene intención de desplazarse a España en los próximos días para reunirse de forma confidencial con los representantes del Ministerio Público que lideran las tres causas abiertas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos. Como avanzó este diario, el encuentro empezó a prepararse el pasado abril.

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