El crimen, así como la destrucción del bosque, debe estar presente en la agenda de la cumbre de gobernantes de los ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca) que se realizará los días 8 y 9 de agosto, planteó un análisis elaborado por la organización International Crisis Group.
La cita prevé reunir en la ciudad de Belém, en el amazónico norte brasileño, a los gobernantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, integrantes del grupo creado en julio de 1978 para cooperar en la protección de ese territorio de 7,4 millones de kilómetros cuadrados.
Crisis Group advirtió de entrada que “los grupos criminales se están expandiendo por la Amazonia, extrayendo recursos naturales y agravando el daño ambiental. Sus actividades ilícitas también están generando violencia, que amenaza a muchos de los aproximadamente 40 millones de personas que viven en la región”.
La organización, con sede central en Bruselas y dedicada al estudio de conflictos, sostuvo que durante la pandemia covid-19, los gobiernos sudamericanos se vieron sobrecargados al enfrentar la emergencia sanitaria y, como resultado, tuvieron que limitar sus operaciones en el Amazonas, mientras los grupos criminales avanzaban.
“La región está plagada de minería de oro ilegal y ganadería. Estas actividades no solo están intrínsecamente vinculadas a la destrucción del bosque, sino que también han provocado ataques a las comunidades locales y han puesto a los funcionarios estatales en riesgo de violencia”, indica el reporte.
En el texto se recordó que el tema de la seguridad surgió repetidamente en la reunión preparatoria de ministros de Ambiente que se realizó el 8 de julio en Leticia, extremo sur de Colombia, y en la que participaron el presidente colombiano Gustavo Petro y quien será el anfitrión en Belém, Luiz Inácio Lula da Silva.
Delegaciones de la sociedad civil, de empresarios y de grupos indígenas –unos 500 pueblos originarios habitan en la región- “fueron particularmente elocuentes” en su demanda de seguridad ante los grupos al margen de la ley, indicó Crisis Group.
En Leticia se planteó que facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc, desmovilizadas desde 2016) “ahora están involucradas en el comercio ilícito en lugar de la rebelión”, según Crisis Group, y han expandido su territorio en la Amazonia.
Debido a las actividades de las disidencias de las Farc, los guardaparques colombianos tienen problemas para ingresar a las reservas naturales donde trabajan.
Mientras tanto, Ecuador y Perú están lidiando con una ola de deforestación relacionada con el cultivo de coca y la minería ilegal.
En la región peruana de Madre de Dios, en la Amazonia cerca de Bolivia y Brasil, los mineros ilegales de oro “han convertido franjas de tierra en un paisaje lunar”, mientras que delitos como el homicidio y la trata de personas se han generalizado.
“Desafortunadamente, ambos países carecen de los recursos para montar campañas de aplicación de la ley de gran alcance para frenar el crimen organizado, y ninguno ha podido crear programas que brinden a los residentes alternativas legales de empleo lícito”, según el informe.
La abundante minería ilegal, y la deforestación en procura de madera y de expandir las actividades agropecuarias son las principales causas de la destrucción de la biodiversidad en la región amazónica, habiéndose degradado ya de manera irreversible 26 % de su superficie.
En Venezuela, expuso Crisis Group, los grupos armados no estatales controlan la mayor parte del amazónico sur, atraídos por la minería de oro, principalmente.
“En algunas áreas, estos grupos han suplantado al Estado: cobran tarifas de extorsión como impuestos, imparten justicia rudimentaria y restringen el movimiento de civiles”, indicó el reporte, mientras organizaciones civiles venezolanas denuncian en la zona violaciones de los derechos humanos y graves daños al ambiente.
Y en Brasil, entretanto, los grupos de presión que representan a la ganadería y la agricultura a gran escala “han convencido a los miembros simpatizantes del Congreso para debilitar los ambiciosos planes de Lula para la conservación y el desarrollo sostenible en la Amazonia”, afirma el texto de Crisis Group.
“Eso amenaza los procesos de equidad, los ecosistemas e incluso la propia constitución de los Estados-nación”, dijo Muhamad, y Crisis Group agrega que como “la actividad criminal no respeta fronteras” resulta manifiesta la necesidad de cooperación entre los Estados para combatir el crimen en la Amazonia.
Puso como ejemplos que Leticia, en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú es la segunda ciudad colombiana más violenta, con una tasa de homicidios de 60 por 100 000 habitantes, y el estado brasileño de Amazonas, con una tasa de 42 por 100 000, duplica el promedio nacional, de 21.
Crisis Group propone que la cita asuma de modo integral la lucha contra la deforestación y las actividades ilegales, y para ello la diplomacia debe suavizar las diferencias entre los enfoques de los distintos mandatarios, como las que existen entre Petro y Lula a propósito de explotaciones petroleras en la región.
En el caso de Venezuela, “las naciones socias en la cumbre deben presionar al presidente Nicolás Maduro para que detenga la bien documentada participación de las fuerzas estatales venezolanas en la minería ilegal, a menudo en colaboración con grupos armados no estatales”.
Los Estados amazónicos también deben “organizar operaciones conjuntas, promover el intercambio de inteligencia y alinear los marcos legales para abordar el crimen organizado y las violaciones ambientales”, incluyendo allí zonas alejadas de las capitales, como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú.
“América del Sur, sin embargo, no puede defender la Amazonía sola. El respaldo, particularmente el apoyo financiero, del gobierno de Estados Unidos y los donantes europeos es esencial”, afirma Crisis Group, y considera prometedora la disposición a incrementar los recursos para el Fondo Amazonia, para enfrentar la deforestación.
Su texto elogia a Noruega, que ya aportó 1200 millones de dólares a esa iniciativa, y la oferta del presidente estadunidense Joe Biden para aportar otros 500 millones.
Finalmente, plantea que “el apoyo extranjero debe resaltar la importancia del desarrollo local y de incorporar los conocimientos ancestrales de las poblaciones indígenas sobre la sostenibilidad y la conservación de los bosques, así como apoyar las economías verdes”.
