Por solo S/100, uno puede acceder a información privada de cualquier persona, desde nombres completos hasta la línea de crédito en sus tarjetas en Lima, un grupo de personas ofrecen, entre otros ilegales servicios y productos, bases de datos de entidades financieras o telefónicas, así como de instituciones públicas, como el Reniec.
Según el artículo 154-A del Código Pena de ese país se puede comercializar “información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera y otra sobre una persona natural” es un delito que se sanciona con una pena no menor de dos años ni mayor de cinco años.
Erick Iriarte, abogado experto en delitos informáticos, explica que la venta de estas bases de datos en las calles pone en riesgo a la población. “En el mejor de los casos, son usadas con fines comerciales, para ofrecerte por teléfono productos. Por otro lado, también pueden ser aprovechados por criminales para cometer secuestros o extorsiones”.
Por otra parte, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP), adscrita al Ministerio de Justicia, es la entidad que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Datos Personales (Ley 29733). Según su director general, Eduardo Luna, la principal fuente de filtración de información dentro de las entidades privadas son los extrabajadores. “Si hay una base de datos en la calle, para la autoridad, el responsable es el titular, pero solo esa entidad podría confirmar que es su base de datos”, explica.
Sin embargo, en Perú, las empresas privadas no están obligadas a notificar a sus clientes sobre el robo de bases de datos, precisa la APDP.
El capitán PNP Bruzz Vega, de la División de Investigación de Delitos Informáticos (Divindat), informa que hasta la fecha no han recibido denuncias sobre filtraciones de bases de datos. “Es muy difícil atacar a estos grupos porque no es un objeto tangible. Basta con que apaguen la computadora, donde tiene la información, para que no podamos intervenir”, dice el oficial.
La República
