La Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), la principal agencia que investiga el crimen organizado y el narcotráfico para el gobierno de Estados Unidos en la región, retrasó repetidamente la denuncia de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad latinoamericanas con las que se asociaba, sumándose así a una serie de escándalos en la agencia antinarcóticos más influyente del mundo.
Los últimos hallazgos proceden de una auditoría sobre el uso del polígrafo por parte de la DEA para investigar a posibles empleados y socios extranjeros. La investigación —llevada a cabo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EE. UU.— concluyó que la DEA violaba sus propias políticas al permitir que empleados, contratistas y socios extranjeros participaran en operaciones de la DEA a pesar de no haber superado satisfactoriamente el polígrafo.
En un memorando publicado el 30 de septiembre, el Inspector General señaló que algunos funcionarios extranjeros habían reconocido haber cometido violaciones de los derechos humanos durante sus pruebas de polígrafo de la DEA. Pero en cinco casos, la DEA esperó semanas o meses para informar de esas violaciones al Departamento de Estado, como especifica la ley, lo que podría significar que Estados Unidos está apoyando activamente a personas y unidades policiales extranjeras que han participado en violaciones de los derechos humanos, constató el Inspector General.
En un caso de Centroamérica citado en las conclusiones del Inspector General, un agente de policía extranjero admitió haber presenciado o participado en “aproximadamente 40 violaciones de derechos humanos”, entre ellas asfixiar a detenidos con bolsas de plástico y aplicarles descargas eléctricas hasta que se desmayaran o vomitaran.
En otro caso de Centroamérica, agentes extranjeros declararon que habían sometido a sospechosos a torturas de ahogamiento simulado y los habían golpeado con bastones en una comisaría de policía. Un agente de policía suramericano admitió haber agredido a un sospechoso detenido cuando estaba esposado a una silla mientras ejecutaba una orden de registro con una unidad policial que recibía financiación y apoyo de la DEA.
Ninguno de los agentes implicados en los casos mencionados superó el proceso de investigación de antecedentes de la DEA ni fue contratado para formar parte de unidades apoyadas por la DEA. Pero el hecho de que la organización no notificara los abusos al Departamento de Estado hizo que al menos uno de los agentes recibiera formación de otra agencia estadounidense, según el informe.
Desde 1997, las denominadas Leyes Leahy prohíben a los organismos federales asistir a las fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, es frecuente que las fuerzas de seguridad respaldadas por Estados Unidos se vean implicadas en casos de violación de los derechos humanos en Colombia, El Salvador y México, entre otros países de la región.
Un funcionario de la DEA dijo al Inspector General que, en el momento de los incidentes, la agencia “no tenía una política ni procedimientos formalizados” para informar de las admisiones de posibles abusos contra los derechos humanos obtenidas durante las pruebas de polígrafo realizadas por la DEA.
La DEA añadió que “estaba de acuerdo” con las conclusiones del Inspector General y que desde entonces había empezado a actualizar sus políticas y procedimientos de formación en todo el mundo.
La demora de la DEA en informar sobre los abusos de los derechos humanos pone de relieve la preocupación que existe en torno a la rendición de cuentas y la conducta de la agencia en América Latina.
Actualmente, la agencia está revisando sus operaciones internacionales tras la publicación en 2023 de una revisión de su presencia en el extranjero realizada por un ex administrador de la DEA y un ex fiscal federal.
Se prevé el cierre de doce oficinas de campo, en una medida que, según la agencia, ayudará a concentrar los recursos en la lucha contra las principales amenazas de la droga en Estados Unidos, como el tráfico de drogas sintéticas por parte del Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pero la evaluación fue provocada en parte por una serie de escándalos, como la participación de agentes de la DEA en “fiestas sexuales” organizadas por grupos criminales y un caso de corrupción de 2021 en el que un agente desvió US$9 millones de fondos incautados por lavado de dinero para comprar viajes internacionales, joyas y casas de lujo en Colombia. Las conclusiones de la Oficina del Inspector General confirman la preocupación que existe desde hace tiempo de que las agencias estadounidenses hayan colaborado con fuerzas de seguridad acusadas de abusos.
Maureen Meyer, vicepresidenta de Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA), dijo que la DEA había tardado en responder a recomendaciones anteriores relacionadas con la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y que los últimos hallazgos ponían de relieve problemas mayores.
“La única consecuencia para los funcionarios extranjeros corruptos no debería ser solo un tirón de orejas por parte de Estados Unidos y el rechazo de los programas de formación estadounidenses”, dijo Meyer. “EE. UU. también debería trabajar con América Latina para asegurarse de que estos países puedan hacer que sus propios funcionarios rindan cuentas”.
La reputación de la DEA recibió un golpe en 2017 después de que la Oficina del Inspector General descubriera que sus agentes ordenaron a las fuerzas de seguridad hondureñas disparar contra civiles desarmados, lo que provocó cuatro muertes durante una caótica operación antinarcóticos en el remoto municipio de Ahuas. La agencia restó importancia a su responsabilidad, no cooperó con los intentos estadounidenses y hondureños de investigar el incidente e intentó desviar la atención del Congreso, según el informe.
“Las operaciones de la DEA en América Latina han sido señaladas en múltiples ocasiones”, dijo Meyer. “Es un entorno complejo. Se necesita una supervisión y una rendición de cuentas sólidas para garantizar que EE. UU. no trabaja con actores corruptos, ni proporciona información que conduzca a crímenes horribles”.
