Desde la PDI dicen estar en alerta ante la evolución que han mostrado las bandas, pues estarían optando por la inversión en activos digitales, lo que dificulta la trazabilidad del dinero. De todas formas, la misión sigue siendo desfinanciarlas atacando su patrimonio, por lo que el gobierno ingresó las prometidas indicaciones a la ley que busca mejorar la persecución de estos delitos.
Antilavadodedinero / Latercera
En la Policía de Investigaciones (PDI), especialmente en la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), se declaran en máxima alerta. De la mano de la ley de drogas, en 1995 la institución creó un departamento especializado para perseguir el patrimonio de los narcotraficantes. Pero con el paso de los años y con la diversificación de las bandas criminales y de los delitos bases que éstas realizan, el espectro de análisis se amplió totalmente. Por consiguiente, se han debido establecer nuevas y mejores herramientas de persecución.
Porque si antes era seguro que las bandas comprarían inmuebles y vehículos para intentar lavar el dinero que obtenían de sus actividades ilícitas, ahora eso simplemente no es así. Como asegura a La Tercera el subprefecto Johnny Fica, jefe de de la Brilac, el crimen organizado “rompió un paradigma” que ha hecho más complejo trazar la ruta de sus dineros: dejaron de acumular efectivo, las transacciones que hacen no necesariamente se pagan físicamente y están aceptando pagos con activos virtuales.
“Con las nuevas tecnologías se ha detectado que los sujetos están lavando dinero en plataformas que son digitales, ya ni siquiera utilizan el sistema bancario, utilizan cuentas alternativas, plataformas de inversión que no tienen representación en Chile, monedas virtuales, billeteras virtuales.
Son servicios que están a disposición, pero su base no está acá y es difícil acceder a esas fuentes de información”, comenta Fica. De todas maneras, insiste en que se han ido capacitando en el extranjero y que esto ya les ha permitido incautar, por ejemplo, criptomonedas.
Entre los nuevos modus operandi que han detectado destaca “Hawala Black Exchange”, una modalidad mejorada de las anteriores transferencias informales de fondos y que se usa generalmente en el ámbito internacional.
Según se detalla, consiste en una estructura compleja, estratificada y jerárquica. En su forma básica requiere sólo de un remitente, un destinatario y dos intermediarios, uno en el lugar de envío y otro en el destino, con frecuencia unidos por lazos familiares o amistosos, los cuales realizan transferencias, pero no a través de la banca. Esta modalidad, como afirma el subprefecto, se ha visto potenciada con la utilización de casas de cambio y nuevas tecnologías financieras, también conocidas como “fintech”, con lo que no queda un registro formal.
Asimismo, Fica añade que las tecnologías alojadas en el blockchain, servicio de exploración de bloques de bitcoin y monedero virtual, ciertamente están siendo utilizadas para la ocultación y disimulación de dineros que buscan financiar actos delictivos, o bien resguardar las utilidades obtenidas por los mismos. De hecho, resalta que Chainalysis, plataforma que ofrece datos y análisis del mundo blockchain, en enero ya informó que durante el 2021 se lavaron alrededor de 8.600 millones de dólares a través de criptodivisas, lo cual representó el 0,05% de todo el volumen de transacciones de criptomonedas del año.
Los resultados
Pese al progresivo avance de los nuevos modus operandi, desde la PDI subrayan que ellos siguen atacando las tradicionales operaciones de las bandas que operan en el país. Como resalta Johnny Fica, porque “la única forma de atacarlos realmente es desfinanciándolos”. En ese sentido, destaca que en lo que va de este año ya han podido desarticular seis bandas, lo que dice es alentador, ya que durante todo 2021 fueron ocho.
Han aumentado de forma importante, asimismo, los decomisos de bienes por delitos asociados a contrabando, pasando de $ 951.188.782, en 2021, a $ 2.785.647.073 en lo que va de este año; de fraude al fisco, que aumentó de $ 17.342.171, en 2021, a $ 99.770.000 en los últimos seis meses; y también por tráfico de drogas, que pasó de $ 803.238.488 a $ 2.187.875.358.
Delitos 2021 2022 Total
| Lavado de activos – asociación ilícita – robo con intimidación | $35.500.000 | – | $35.500.000 |
| Lavado de activos – contrabando | $ 951.188.782 | $ 2.785.647.073 | $ 3.736.835.855 |
| Lavado de activos – contrabando de oro | $ 11.440.000.000 | – | $ 11.440.000.000 |
| Lavado de activos – fraude al fisco | $ 17.342.171 | $ 99.770.000 | $ 117.112.171 |
| Lavado de activos – tráfico de drogas | $ 803.238.488 | $ 2.187.875.358 | $ 2.991.113.846 |
| Lavado de activos – trata de personas | – | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
| <b>Total general</b> | <b>$13.247.269.441</b> | <b>$5.074.792.431</b> | <b>$18.322.061.872</b> |
Desde donde tradicionalmente siguen saltando alertas, de acuerdo con datos que comparte la Brigada de Lavado de Activos, es desde aquellos lugares donde miembros de bandas organizadas llegan a realizar “trámites” para blanquear sus dineros. Entre ellas, se identifican notarías, automotoras, bancos, los conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios y las casas de cambio, por lo que siguen siendo foco de especial análisis de parte de a policía civil.
“Están la capacidad técnica y los conocimientos para hacer frente esto. Lo que se impone es que hay que reforzarlo, robustecerlo, teniendo en cuenta que el crimen organizado evoluciona día a día. Tenemos que establecer nuestras estrategias, sobre todo en materia de lavado, en materia de bienes, porque las bandas siempre están buscando nuevas formas de obtener el lucro, de poder proteger sus ganancias y de justificarlas y lavarlas”, dice el subprefecto.
Los ajustes que vienen
Dado que desde la administración del Presidente Gabriel Boric se ha establecido que se pondrá especial foco en atacar el patrimonio de las bandas, el pasado viernes 1 de julio enviaron al Senado las indicaciones que se proponen al proyecto que modifica diversas leyes para mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado.
Si bien entre los ajustes propuestos no se incluyen aspectos referentes a la incautación de activos digitales, apuntan a que se pueda establecer el comiso de “toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración del delito y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente”.
Esto, agrega la iniciativa, “incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo”. El comiso procedería, asimismo, respecto de terceros que tuvieran propiedad sobre esos bienes identificados, y en tal caso, la persona podría pedir ser indemnizada.
Asimismo, las indicaciones presentadas agrega que “se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del delito. Será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del terceros de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos”.
Si no se pudieran decomisar las especies que hubieran sido utilizadas en el acto delictivo, se lee en la iniciativa, el tribunal podría establecer la retención del dinero equivalente al valor de las mismas.
En ese sentido, también agregan que “el tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado”.
Para agilizar los procesos, además, desde el gobierno proponen que a solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía deba disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, “siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa”.
Entre los ajustes, también se incluye la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado pueda actuar como interviniente pese a que no haya comparecido durante la investigación. Esto, “para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia”.
