La demanda de 850 páginas es de naturaleza civil, no criminal, pero se somete bajo las disposiciones de la Ley Contra el Crimen Organizado.
Antilavadodedinero / noticel.com
Un exabogado del bufete que representa al Comité Oficial de Acreedores no Asegurados en el caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico radicó una demanda federal en la que alega que sobre 100 consultores, bufetes y otros que intervienen en el proceso están ejecutando un esquema de crimen organizado para beneficio propio a expensas de sus clientes.
El documento fue sometido en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de California Central el 18 de febrero pasado pero divulgado hoy por el medio especializado en mercados financieros, The Bond Buyer.
La demanda de 850 páginas es de naturaleza civil, no criminal, pero se somete bajo las disposiciones de la Ley Contra el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). El demandante es el licenciado Andrew S. Hennigan, quien trabajó con el bufete Paul Hastings.
Hay sobre 160 demandados, incluyendo al abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF), Martin Bienenstock, los consultores principales de la Junta, McKinsey & Co., el bufete de la Junta, Proskauer Rose, el bufete de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), O’Melveny & Myers, Paul Hastings, y el bufete del grupo Ad Hoc de bonistas senior de COFINA, Quinn Emanuel.
La JCF dijo que conocía de la demanda y que está «revisándola (para) responder cuando sea apropiado, si es que es apropiado».
El esquema imputado por el demandante es uno conocido en el mundo financiero como hub and spoke, y consiste en que una entidad crea el plan maestro y utiliza a otros participantes del caso o de la transacción para ejecutarlo. Específicamente, indica que McKinsey sería el hub, la entidad principal del esquema, para manipular los procesos de manera que los resultados legales fueran los que le beneficiaban, así como los que beneficiaban a los otros participantes del esquema.
La demanda describe seis conspiraciones desde 2001 (antes de que se creara la Ley PROMESA que viabilizó el proceso de quiebra de la isla y la creación de la JCF) ejecutadas en la trama:
El acuerdo entre los demandados habría sido que se iban a hacer de la vista larga sobre las representaciones falsas o engañosas que los otros participantes supuestamente hacían durante la quiebra y reestructuración de la deuda. Para esto, Hennigan identifica tres procesos: a) las partes se comparten análisis legal e información privilegiada aunque representan a partes en conflicto, b) debilitar a sabiendas los argumentos legales que favorecen a sus representados para dar la impresión de que el litigio es riesgoso y c) transigir controversias antes de que puedan ser examinadas en corte abierta.
Las tres ramas de gobierno habrían sido víctimas de las declaraciones falsas y los acuerdos ilegales que supuestamente ejecutaron los demandados, se añade.
