La Fiscalía de Perú expuso ante el Poder Judicial «la actividad obstruccionista de la presunta organización criminal» liderada por la política derechista Keiko Fujimori «para evitar el hallazgo de la verdad» en la investigación que se le sigue por un supuesto lavado de activos.
Antilavadodedinero / DW
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, sostuvo que el empresario Vicente Silva Checa, quien era jefe del área legal del partido fujimorista Fuerza Popular, coordinó con un estudio de abogados para que «aportantes ficticios» a sus campañas electorales ofrezcan falsos testimonios ante las autoridades competentes.
Pérez detalló que en el allanamiento a la vivienda de Silva Checa se encontraron documentos «que revelan la estrategia» que Fujimori y su partido planeaban aplicar ante la Fiscalía para «desvincular» a la excandidata y a la cúpula de su partido «con la captación de activos de origen ilícito».
El fiscal también consideró que el Poder Judicial debería adelantar el inicio del juicio oral contra Fujimori para evitar que el Congreso modifique las normas legales con el presunto objetivo de favorecer a líderes políticos investigados por crimen organizado y delitos de corrupción.
Pérez alertó que la Comisión de Justicia del Congreso ya aprobó un proyecto que modifica la Ley de colaboración eficaz, que otorga beneficios a los implicados en un proceso que colaboren con la Justicia.
«Las recientes iniciativas legislativas podrían representar un cierto riesgo en la etapa principal de este proceso penal, que vendría a ser el juzgamiento», dijo.
Por ese motivo, requirió al juez a cargo del control de acusación del caso, Víctor Zúñiga, que se anticipe las declaraciones del expresidente de la empresa brasileña Odebrecht Marcelo Odebrecht y del exrepresentante de la constructora en Perú Jorge Barata.
«Criminalidad organizada»
Tanto Barata como otros exrepresentantes de Odebrecht declararon en la etapa de investigación fiscal que la empresa entregó un millón de dólares para la campaña electoral de Keiko de 2011.
El fiscal agregó que las autoridades judiciales peruanas afrontan «un caso de criminalidad organizada» y que la «etapa intermedia» de control de acusación «está demandado más del plazo razonable».
«El siguiente mes cumplimos un año. Por lo tanto, es factible que se pueda acceder a la prueba anticipada, sobre todo ante la posibilidad de un peligro procesal», remarcó.
La Fiscalía de Perú imputa a Fujimori y a otros personajes vinculados con el partido Fuerza Popular la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, a causa del supuesto manejo ilícito de fondos en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
A fin de noviembre pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de Fujimori y otros implicados en este caso, que también incluye a su esposo, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como a su propio partido político, Fuerza Popular.
En ese sentido, se mantuvo la acusación fiscal que pide 30 años de cárcel para la excandidata, aunque la actual «etapa intermedia» del proceso puede demorar años, ya que el juez debe revisar todos los argumentos de la investigación para decidir si ordena la apertura de un juicio oral.
