Alianza Cívica, partido de ámbito nacional de reciente creación que se define como «pragmático y transversal», ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia contra VOX por «los presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal, malversación de caudales públicos y organización criminal«.
Antilavadodedinero / losreplicantes
En el escrito presentado por la formación y firmado por su presidenta, Herenia Trillo, al que ha tenido acceso El Diario, se relatan la serie de hechos supuestamente delictivos y se indica que se conocen en base a «diferentes fuentes». A juicio de los demandantes, estos hechos podrían suponer «pruebas o indicios de diversos delitos en relación a las cuentas del partido político VOX».
«Acompañamos la denuncia con testificales de exaltos cargos de la formación y 19 contundentes anexos de prueba documental. Entre los supuestos hechos que creemos probados destacan graves inconsistencias en las contabilidades nacionales y provinciales del partido, mensajes de altos cargos reclamando sobres con dinero recaudado en donaciones, pruebas de un posible falseamiento del número de afiliados que justificaría ingresos de procedencia desconocida disfrazados de cuotas, facturas sin CIF ni registro con las que VOX cargaría a cuenta de sus cargos locales los gastos de sus actividades y mecadotecnia, que además venderían en contra de lo estipulado en la ley de Financiación de Partidos Políticos y emplearían para un presunto fraccionamiento de donaciones o el anómalo alquiler y reforma de su antigua sede central, propiedad de la empresa de su vicepresidente primero a cargo de las cuentas del partido, para su posterior realquiler al instituto afín a la política francesa Marine Le Pen», explican en el escrito.
Qué pasa con las sedes
Sobre la primera sede del partido ultra, en la madrileña calle de Nicasio Gallego número 9, donde la formación se instaló a comienzos de 2019, la denuncia señala que «el inmueble, de 387 metros cuadrados, es propiedad de la sociedad mercantil Coravest SL, cuyas últimas cuentas disponibles datan de 2017 y reflejan nula actividad al carecer de un solo euro de cifra de negocio y ningún empleado contratado«. No obstante, apuntan, «la empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el 12 de diciembre de 2018″.
Según los denunciantes, Coravest SL está vinculada al vicepresidente primero de VOX en aquel momento Víctor González Coello de Portugal, actualmente vicepresidente del área económica, que «de acuerdo al Registro Mercantil, ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado y que escrituró la compra del local objeto de arrendamiento el 27 de septiembre, menos de un mes antes de alquilarlo a la formación política».
Los dirigentes de VOX han explicado en alguna ocasión que «solo pagarían al principio 3.500 euros mensuales más IVA: es decir, 9,8 euros por metro cuadrado pese a que el portal inmobiliario Idealista cifró en las mismas fechas el valor del metro cuadrado de alquiler de locales de oficinas en la misma zona en 17,6 euros de media». Para explicar este bajo precio por el alquiler de la sede, el gerente de VOX, Enrique Cabanas, declaró que se debía «a que el partido había pactado con el propietario pagar menos al principio» porque el inmueble necesitaba «una reforma en profundidad muy costosa». Según el ultra, «ese precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA (16,7 euros el metro cuadrado) tras seis años completos desde la firma del contrato de alquiler».
Pero Alianza Cívica, en su denuncia, afirma que «las cuentas de VOX del año 2019 no reflejan de forma concreta en ninguno de sus asientos dicha reforma, ni su precio, ni tampoco presenta facturas de la empresa que la acomete». «Una vez que esta es finalizada, en agosto de ese mismo año, VOX se muda a su actual sede en la calle Bambú número 12 sin completar los supuestos 6 años de arrendamiento pactados», aseguran.
Pocos meses después, en enero de 2020, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), escuela de formación de líderes políticos gestionada por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la política francesa Marine Le Pen (líder de la formación hermana de VOX en Francia), abrió sus puertas en la recién reformada sede de Nicasio Gallego, 9″. «Con esta operación, VOX habría sufragado de forma encubierta la reforma del local propiedad de la sociedad administrada por su vicepresidente primero, asumiendo sus costes y revalorizando el inmueble además de facilitar su posterior e inmediato alquiler por una entidad afín, que además emplearía a cargos de VOX en su actividad», concluye Alianza Cívica en su denuncia.
¿Cifras infladas?
Esta no es la única presunta irregularidad que denuncia Alianza Cívica. También apuntan al desfase de ingresos que VOX declara por cuotas de afiliación y del censo que aseguró tener durante el proceso de primarias celebradas en septiembre de 2020. El partido de extrema derecha, en aquella fecha, había convocado elecciones internas en las provincias que, según sus estatutos, contaban con más de 500 afiliados. Los aspirantes necesitaban el aval de un 10% de la militancia de su provincia para poder presentar su candidatura y «para tal fin, el partido hizo públicas las cifras de afiliados en las 19 provincias que pasaban el corte, revelando una pérdida de militantes que en el mejor de los casos ascendía a más de 7.000 respecto a los declarados por el partido en 2019″, explican los demandantes. «Se totalizaron, según el censo, 28.790 afiliados. Incluso si las 33 demarcaciones restantes que no alcanzaron el corte tuvieran 499 afiliados cada una, la suma daría 16.467 militantes, por lo que, en total y en el mejor de los casos, VOX tendría 45.257 afiliados en el mes de septiembre, frente a los 52.407 que decía tener a finales del año 2019», sostiene Alianza Cívica.
La cosa no se queda ahí y también se centran en la Asamblea General de VOX celebrada en marzo de 2021, en la que revelaron sus cuentes anuales de 2020, cuyo ejercicio concluye «con 62.374 afiliados, y unos ingresos por cuotas de 4.652.521,54 euros«, «lo que supone una media de ingresos por afiliado de 6,215 euros al mes», Con estos datos Alianza Cívica cree que «es difícil explicar cómo en un intervalo de 4 meses -de septiembre a enero- la militancia aumenta como mínimo en 17.117 afiliados, es decir, más de 4.000 al mes, que supondrían para la formación más de 1.276.585,86 euros en cuotas si los nuevos militantes hubieran abonado las 12 mensualidades del ejercicio completo».
Se reconoce así «un aumento en este concepto por valor de 762.932,02 euros con respecto al 2019, que en ningún caso se corresponde a las pérdidas que cabría suponer de acuerdo a la fuga de afiliados que arrojan las cifras dadas en septiembre». Para Alianza Cívica, «esta maniobra tiene importantes consecuencias contables y podría obedecer a una estrategia de encubrimiento de ingresos de procedencia opaca o ilícita disimulados como cuotas de inexistentes afiliados«. Además, añaden que, según testimonios de militares de VOX, «al intentar darse de baja no han podido, porque el partido no se lo ha permitido y les ha ofrecido la opción de seguir activos como afiliados sin pagar cuota alguna». Ello les lleva a pensar que «VOX estaría maquillando ingresos procedentes de otras vías».
Falseamiento de contabilidad y de donaciones
Alianza Cívica también ve «razonables indicios de falseamiento» en «las contabilidades del partido que desglosan los ingresos de sus agrupaciones locales, computándolas anualmente en las provincias donde la formación tiene presencia» y que «podrían enmascarar ingresos procedentes de fuentes no declaradas o de origen indeterminado». Según denuncian, la formación ultra «exige a los coordinadores locales la compra directa a la organización de VOX en Madrid del material de las mesas informativas, que deberán reembolsar a la formación como si de un crédito se tratase, mediante la devolución de los beneficios que se obtengan por la venta de merchandising, debidamente disfrazados de donaciones al partido a sabiendas de que se trata en realidad de una actividad mercantil habitual, expresamente prohibida en la ley de financiación de partidos políticos».
Altos cargos del partido, como Carlos Aurelio Caldito, exvicepresidente de VOX en Badajoz o Juan Luís Jara Delgado, quien ostentaba en el año 2016 el cargo de vicepresidente primero de VOX, podrían constatar estos hechos, según Alianza Cívica. «Esta fórmula fue diseñada y coordinada directamente por el señor Enrique Cabanas y conocida y aprobada por Santiago Abascal en calidad de presidente del partido», aseguran.
