Denuncian autoritarismo de algunos jueces de instrucción de Málaga capital sobre la seguridad de los abogados”. Así lo ha manifestado el decano del Colegio de Abogados de Málaga (ICA Málaga), Francisco Javier Lara.
Antilavadodedinero / Confilegal
Además, afirma que se está “dificultando” la entrevista de los letrados con los detenidos, obligándoles a bajar a los calabozos” y que el jueves se apercibió a los abogados de guardia.
El Colegio ha publicado un comunicado en el que denuncia “falta de voluntad” por parte de algunos jueces de instrucción de Málaga capital para que se pueda prestar asistencia letrada con medios telemáticos, tal y como establece el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
El artículo 19 hace referencia a la celebración de actos procesales mediante presencia telemática, y establece que “durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”.
Lara explica que el sistema está funcionando adecuadamente en partidos judiciales como Ronda, Torremolinos, Vélez-Málaga o Estepona y en la Fiscalía de Menores, pero “no” en el partido judicial de Málaga, “pese a que la Ciudad de la Justicia es una de las más modernas de Andalucía”.
El ICA Málaga explica en el comunicado que en aquellos casos en los que por parte de los juzgados se ha remitido oficio al Colegio indicando que carecen de medios para la prestación de la asistencia por el sistema de comunicación ‘Circuit’, los abogados han comparecido personalmente en sede judicial, donde se ha practicado la asistencia por videoconferencia.
Informa que también se ha hecho así en las asistencias en causas con preso, y en un caso en que el detenido era una persona sordomuda, que se realizó de forma presencial, siempre para garantizar el derecho de defensa de
los ciudadanos.
Según detalla, en el caso de los partidos judiciales donde todavía no funciona el sistema de comunicación ‘Circuit’, hasta que se solucione, se hace mediante videoconferencia con otras herramientas, algo a lo que, según el Colegio, se negó a hacer el pasado miércoles el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga.
LARA TAMBIÉN HA SIDO APERCIBIDO
El Colegio ha informado que el decano también ha sido requerido y apercibido, tras exigir que se cumplan las medidas de seguridad y se presten las asistencias con medios telemáticos.
“Nos obligan a incumplir el Real Decreto-ley. Incluso nos dicen cómo tenemos que ejercer nuestro trabajo e incluso el derecho de defensa”, denuncia el decano, y subraya que va a exigir el cumplimento del Real Decreto-Ley, con su colaboración o sin ella.
Confía en que “algunos jueces de instrucción pondrán de su parte para que sea una realidad”.
DICE QUE ESTE ‘CONFLICTO’ CONMENTÓ A RAÍZ DE UNA PUBLICACIÓN EN FACEBOOK DEL MAGISTRADO PEDRO MOLERO
Explica que este “conflicto” comenzó hace unos días, a raíz de una publicación en Facebook del magistrado de la Audiencia Provincial Pedro Molero Gómez.
“En ella llegó a insultarme y a faltarme el respeto. A mí y a la Junta de Gobierno”, explica Lara.
Señala que en esas conversaciones “también participó la mujer de Molero, Estela Gómez Giner, titular del Juzgado de Instrucción número 10″.
Cuenta que cuatro días después a aquello, que ocurrió el 2 de mayo, llegó el apercibimiento contra él.
“Da la sensación de que algunos jueces de instrucción de Málaga han cerrado filas en apoyo a su compañero, porque no es normal que se pueda prestar asistencia con medios telemáticos en toda la provincia, en la Fiscalía de Menores o en Violencia de Género y no en el juzgado de guardia”, manifiesta el decano.
Agradece el esfuerzo y colaboración de otros jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios para que se presten asistencias por el sistema de comunicación ‘Circuit’ o por videoconferencias para evitar contagios y la propagación de la enfermedad.
Destaca que si hay problemas técnicos no es problema del Colegio, pero que están “dispuestos a colaborar, como siempre” y que si las asistencias no se pueden prestar en sede judicial, se podrán hacer desde la sede del Colegio.
ALTODO EXPRESA SU RESPALDO AL ICA MÁLAGA
La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), publicó anoche un comunicado en apoyo a la decisión adoptada por el Colegio de Abogados de Málaga de “no propiciar la prestación del servicio de guardia de asistencia letrada a las personas detenidas mientras no se respeten las medidas óptimas de seguridad para la abogacía de oficio y sus clientes”.
En él, expresa su respaldo al decano y al resto de miembros de su Junta de Gobierno, así como su solidaridad con el resto de la abogacía de oficio de dicho Colegio.
Manifiesta que como viene pidiendo esta asociación desde el inicio de la crisis del coronavirus, y ante la imposibilidad de garantizarse en las actuaciones presenciales la inexistencia de riesgo de ser contagiado ni de transmitir el contagio, incluso aunque se utilice material profiláctico y preventivo, y siendo perfectamente factible y óptimo el uso de medios telemáticos, considera que los requerimientos de ciertos Juzgados “obligando” a los letrados a desplazarse físicamente solo puede calificarse como “capricho innecesario” que no solo expone a la abogacía y a las personas que defienden “de manera irrazonable y gratuita al contagio, sino que refleja un profundo desdén, cuando no menosprecio, hacia los profesionales y hacia el resto de la ciudadanía y de los operadores jurídicos”.
ALTODO reclama el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria y atender al sentido común “y, así, que se eliminen los obstáculos a la defensa, a la tutela judicial y al acceso a la Justicia, sin riesgos, haciendo a los obstinados únicos responsables de las consecuencias que se deriven por su mera falta de voluntad.”
Señala que en cualquier caso, y siendo la asistencia letrada a las personas detenidas un derecho fundamental, ALTODO también hace constar su “absoluta confianza” en que “la abogacía de oficio jamás va dejar en ningún caso desatendido al ciudadano privado de libertad, bajo ningún concepto, ni a las mujeres víctimas de violencia, ni a los menores, ni a los desahuciados, ni a cualquier otro ciudadano” que pueda necesitarlos.
Concluye diciendo que los abogados de oficio continuarán “compareciendo en las comisarías, juzgados y centros penitenciarios; asistiendo y prestando asesoramiento a sus defendidos con el máximo celo y diligencia, verificando que se cumple escrupulosamente hasta el último de los requisitos legales a respetar en toda asistencia, incluido el derecho a la integridad y la salud”.
Y advierte que en caso de que no se adopten las razonables medidas sanitarias, no cejarán en su empeño de continuar realizando todas las acciones oportunas, “caiga quien caiga”.
