Mar Uriarte denunció al banco, Bantierra Caja Rural de Aragón, en el que trabajaba por operaciones sospechosas de blanqueo por parte de ciudadanos chinos, pero lo pagó con un despido y el fin de su carrera profesional en la banca, porque nadie ha vuelto a contratarla.
Uriarte contó su experiencia “Salvo la Fiscalía Anticorrupción, me han desprotegido todas las instituciones del estado. Nadie va a denunciar”.
La ex empleada ha dejado miles de euros en abogados para denunciar a los directivos de la entidad como para defenderse. Sigue peleando: tiene denunciada a España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva de blanqueo.
Luego de años de tramitación, la UE acaba de aprobar que se proteja a los denunciantes de corrupción tanto en el sector público y privado. Los Estados miembros tienen dos años para trasponerla a su legislación
Por su parte, José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) indicó que “la directiva afecta solo al ámbito laboral”, ya que el texto deja fuera las denuncias de terceras personas.
Mollinedo asegura que los canales internos en las empresas no van a ser demasiado eficaces, salvo que se refieran a una mala práctica circunscrita a un departamento concreto: “Un trabajador no puede saber cómo de arriba llega la irregularidad que está denunciando”. la empresa pública investigada en la Audiencia Nacional por el pago de sobornos de constructoras. La denuncia puede dirigirse a lo más alto de la cúpula, el director general, pero este cargo también podría estar involucrado como sucedió en la empresa Acuamed.
Mollinedo indica que los Estados deben establecer un sistema de indemnización de daños en caso que el denunciante sea acosado o incluso despedido, pero si fallan los sistemas de protección. “Las indemnizaciones tienen que ser lo suficientemente disuasorias para no ser utilizadas para despedir a trabajadores incómodos”.
Por otra parte, el texto de Bruselas establece un marco común, pero cada país puede mejorar las disposiciones que contiene.
En Europa solo 10 países cuentan con una norma que protege a los confidentes (Francia, Hungría, Irlanda, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Italia y Lituania). Este vacío legal supone, una pérdida de beneficios potenciales en la UE estimada entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales tan solo en la contratación pública.
Según el informe de la ONG Blueprint for Free Speech, en el seno de la UE son las leyes irlandesa, seguida por la británica y la francesa, las que mejor cumplen con los estándares internacionales.
En España, Valencia aprobó hace un año una ley que establece el sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la administración de la Generalitat y su sector público, Además, tiene una agencia antifraude que ya ha concedido su estatuto de protección a unos 20 denunciantes de posibles casos de corrupción.
Inspectores solicitan medidas para luchar contra el fraude
José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado señaló que habrá que esperar dos años para saber cómo los Estados miembros implementarán la nueva directiva que protege a los denunciantes de corrupción. “Es un paso positivo que ayudará a crear una cultura para que al denunciar no te pongan el apodo de chivato, pero no supone una revolución”.
También comentó que estas medidas que se están discutiendo a nivel internacional vienen muy motivadas por los recientes escándalos de los paraísos fiscales, “suponen un mazazo en la conciencia de los ciudadanos”.
El cuerpo de los Inspectores de Hacienda del Estado lleva años pidiendo más medidas para luchar contra el fraude. También exigió un régimen sancionador más duro para quienes ofrezcan productos de ingeniería fiscal ilícitos, reivindicó la posibilidad de actuar en incógnito y volvió a hacer hincapié en la necesidad de fomentar la protección de los confidentes e incluso recompensarlos económicamente.“No proponemos un modelo concreto…solo pedimos que se amplíe a los delitos fiscales”.
La segunda de la ley orgánica de represión del contrabando establece que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda destinar una parte de los presupuestos “a operaciones confidenciales” (principalmente en caso de contrabando, blanqueo de capitales y narcotráfico, explican fuentes de Hacienda), es decir al pago de alertadores u otras actuaciones reservadas. El año pasado, destinó 100.860 euros a esta partida, de los cuales solo gastó 17.020.
El País
