La Fiscalía de Perú realizó este viernes una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo, relacionados con el indulto otorgado al también exmandatario Alberto Fujimori.
Antilavadodedinero / TelesurTv
La fiscal Zoraida Ávalos presentó la denuncia ante el Congreso de la República para retirarle la inmunidad legal a Kuczynski, beneficio del cual gozan los expresidentes peruanos durante cinco años después de haber dejado el cargo, y así poder enjuiciarlo por los presuntos delitos durante su mandato.
Según el ente judicial, Kuczynski indultó a Fujimori, quien cumplía 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, para beneficio propio, evitando ser destituido por el Congreso ante presuntos vínculos en el caso de corrupción y sobornos asociados a la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo, el Ministerio Público ahondó sobre la existencia de pruebas contra el excongresista Kenji Fujimori, hijo del expresidente, por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico, en condición de autor, y en agravio del Estado.
También se denunció al exministro de Justicia, Enrique Mendoza, y al extitular de la cartera de Salud, Fernando D’ Alessio, bajo presunto delito de cohecho pasivo propio, en rol de cómplices primarios. Ellos, junto a Kenji, pudieran ser procesados al carecer de inmunidad.
Siete personas fueron condenadas por el caso de la compra de aviones de combate MIG-29 y Sukhoi-25 durante el gobierno de Alberto Fujimori, a solicitud de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Respecto al indulto de Fujimori, el ente judicial señaló que este se firmó al amparo de irregularidades, por lo cual la justicia de esa nación lo anuló en octubre de 2018 y le ordenó cumplir su condena hasta el término en 2033.
Actualmente, Kuczynski está bajo régimen de arresto domiciliario por su presunta implicación en el caso de lavado de dinero entre Odebrecht y su empresa Westfield Capital, por lo cual el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, pidió en su contra una orden prohibitiva de salida del país, y una medida de comparecencia con restricciones.
