La corrupción tiene larga historia asociada siempre a los abusos del ejercicio del poder. “¡Oh reyes devoradores de regalos!, enderecen sus discursos y olvídense de una vez por todas de sus torcidos dictámenes», advertía Hesíodo en la antigua Grecia.
Antilavadodedinero / Venezuelaunida
Tan lejano llamado de atención nos dice que es tan vieja la corrupción como la lucha para combatirla, pero del uso de la poesía y la fábula para denunciarla en tiempos remotos a hoy el salto ha sido gigantesco: ahora disponemos del uso de la tecnología para enfrentarla.
Por ahí va esta reflexión sobre el cumplimiento de las normas de transparencia previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) y la agenda 2030.
El grito actual no tiene la hermosura de la frase de Hesíodo para resumir el combate contra el flagelo que la mantiene viva en el tiempo, mas no deja de ser trascendente e inobjetable la definición que se nos entrega: “La corrupción socava el desarrollo humano. Desvía los recursos públicos destinados a la prestación de servicios esenciales, aumenta la desigualdad y obstaculiza el desarrollo económico nacional y local, al distorsionar los mercados de bienes y servicios, corroe el estado de derecho y destruye la confianza pública en los gobiernos y líderes”.
La afirmación viene de los enunciados previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC) un instrumento legal aprobado mediante un pacto mundial por 167 Estados en New York 2013.
El concepto compromete al sector público y al sector privado, en mejorar la normativa contable, de auditoría y de sanciones; a fin de combatir realmente la corrupción.
Entidades Internacionales como ONU, OEA, y Transparencia Internacional son entes activos para la lucha mundial contra el flagelo de la corrupción.
El enfoque del PNUD apunta al fortalecimiento institucional y de los sistemas anticorrupción, así como a la necesidad de “mitigar los riesgos de corrupción en sectores esenciales y fortalecer las acciones colectivas de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra la corrupción”.
Las formas de corrupción varían, las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, los fraudes, la malversación, las extorsiones, la prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo, y/o impunidad.
Esa variedad de las formas que toma la corrupción amplía la tarea hacia las acciones preventivas, como hacia los actos consumados.
La corrupción es: “toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionado por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública, y que en su lugar los impide, dificulta, retarda u omite la naturaleza de su praxis legal taxativa”. (Hernández Gómez; 2018).
Por eso la corrupción se vuelve un mecanismo que “facilita y activa otros hechos criminales, como el narcotráfico y el lavado de dinero”.
Sin embargo, Transparencia Internacional nos aclara que pese a todos los esfuerzos, los progresos de América Latina y el Caribe son escasos. Las redes clientelares y la concepción patrimonial del Estado, refuerzan las barreras para evitar que actores políticos y/o económicos se aprovechen de los recursos públicos.
LA MADRE PATRIA
La puntuación de España es de (62/100) en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (IPC 2020) y en el rànking mundial empeora en 2 puntos (32/180). (A mayor puntuación significa menor corrupción).
Destaca Transparencia que España ha empeorado. Sigue por debajo de la puntuación que tenía hace 8 años y se encuentra por detrás de países europeos como: Bélgica, Estonia, o Francia, reflejando la importancia de acometer acciones que demuestren compromisos reales y medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción.
El DESAFIO EN LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE RECUPERACION NEXT GENERATION/POST COVID 19.
La “World Compliance Association (WCA)”, entidad especializada en cumplimiento normativo, ha remitido un informe a la Unión Europea y al tribunal de cuentas (reseñado por Pedro del Rosal, diario El Confidencial 27/05/2021) en el que alerta la falta de controles suficientes en el sistema de gestión de los fondos europeos.
El informe presenta su “inquietud” por la ausencia de garantías que aseguren los principios de “Integridad y Transparencia” en el procedimiento previsto en el real decreto-ley 36/2020 que simplifica la tramitación administrativa, lo que puede convertir los procedimientos en foco de corrupción y arbitrariedad.
Y señala además el vacío por la ausencia de una comisión profesionalizada con capacidad ejecutiva que lleve a cabo labores de control de gestión.
“No se define qué órgano dará soporte técnico para cada proyecto, no hay un encaje correcto entre los eslabones de la toma de decisiones, la capacidad decisoria descansa de forma excesiva sobre la Presidencia de Gobierno y su Consejo de Ministros; los cuales carecen de apoyo basado en decisiones técnicas, al no contar con una plataforma extensa de sustento profesional”.
Ya muchos bancos españoles han anunciado públicamente el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial mediante algoritmos para permitir a las empresas localizar fondos europeos adaptados a su perfil (ayudas y subvenciones, simuladores de acceso, diagnósticos, etc.), permitiendo a los clientes acceder a las convocatorias de los proyectos con cargo a los fondos, subvenciones y licitaciones de las administraciones públicas.
¿La función del Estado se está trasladando a las Instituciones financieras, con un solapamiento de las funciones inherentes al cabal desempeño en la administración de los recursos públicos?
¿No será mejor dotar de la capacidad tecnológica a las administraciones en los distintos niveles de gobierno y fomentar la contratación de personal cualificado y/o outsourcing de profesionales integrados a la administración?
Reforzar la tecnología en un proceso de reforma integral de la administración financiera del Estado lleva tiempo, pero la afluencia de recursos a partir del 2021 al 2026 (maná europeo) requiere de soluciones integradas, neutras y que vigilen los procedimientos de control y fortalezcan las instituciones públicas, dotándolas de tecnología, en áreas trascendentales como la revisión exhaustiva y no por muestreo de documentación masiva, examen de pliegos, contratos y o procesos licitatorios.
Está en juego no solo la reputación de España antes sus socios comunitarios, sino la capacidad de una verdadera transformación del país, para que a través de esos desembolsos el impacto en la economía de los fondos europeos (next generation, 140.000 mill) tenga verdaderamente un efecto multiplicador en las metas de crecimiento económico, reformas estructurales,reduciòn de la Deuda/PIB; y por ende en la disminución de la desigualdad social y mejora palpable en la redistribución de la riqueza.
El programa de reforma de la administración pública lleva retrasos en su ejecución y parece no estar a la altura de las circunstancias.
¿Se ha priorizado Hacienda, como regulador de los aportes tributarios que garanticen una fiscalidad oportuna, dejando de lado el fortalecimiento institucional para la administración y adjudicación de recursos en todos los niveles de gobierno?
Se predica con el ejemplo, la reforma de la administración financiera del Estado en España podría conducir a un “modelo de exportación”, en el marco de las relaciones de intercambio financiero con América Latina tendente a maximizar los criterios de transparencia y equidad, tan necesarios en el desempeño de los negocios bilaterales, y multilaterales.
CASO PLUS ULTRA & RIESGO DE REPUTACION.
Las querellas presentadas en el caso Plus Ultra han sido ampliadas a los potenciales delitos de tráfico de influencias contra la Hacienda Pública y cohecho.
Son relevantes las cifras económicas que demuestran que Plus Ultra opera con el 0,03% de los vuelos en España, sin duda no es estratégica y su reporte de pérdidas desde el 2011 no parece demostrar el debido cumplimiento de lo establecido en el decreto que regula el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas y su órgano ejecutor: la sociedad estatal de participaciones industriales SEPI
Estos hechos fortalecen la visión de transparencia internacional y de la sociedad civil, cuyas recomendaciones hay que reforzar como mecanismos de acción y adopción obligatoria:
1) Reforzar los organismos anticorrupción e instituciones supervisoras
2) Asegurar procesos de contratación y adjudicación abiertos y transparentes
3) Fortalecer la rendición de cuentas, auditorias, y los espacios públicos de denuncias
para que los ciudadanos velen por la adecuada administración de los recursos del
Estado.
4) Publicar datos relevantes y expandir las bases informativas al colectivo, garantizando
el acceso a la información por parte de todos los estratos de la sociedad.
APORTE DE CIENTIFICOS SOCIALES Y UNIVERSIDADES.
Los científicos sociales y estudiosos del tema tenemos el deber de avocarnos a esas tareas, aportando valor agregado para coadyuvar en el diseño de procedimientos e implantación de mecanismos automatizados para los procesos señalados.
Es un buen ejemplo el paper “Nociones de Inteligencia Artificial” del Profesor Andrés Reyes Polanco, quien nos recuerda una de las metodologías estadísticas que bien pueden ser utilizadas para la toma de decisiones en los procesos de licitaciones, a fin de reducir la discrecionalidad en la adjudicación de contratos y dar cumplimiento a los parámetros legales y financieros, se trata de los árboles de decisión.
Es posible mitigar los riesgos de corrupción siguiendo la parametrización objetiva de los fundamentos legales y financieros; integrados mediante la desagregación tanto de variables cuantitativas como cualitativas, asignándoles un peso ponderado conforme a la meta, herramientas que junto con el machine learning, pueden reducir la voluntad tendenciosa y opaca en la toma de decisiones.
Este control ex antes puede estar sujeto de comprobaciones sistematizadas, antes de su implementación y la adecuación de software focalizados según cada necesidad no solo serviría para el control en el cumplimiento de los requerimientos de asignación de recursos inicialmente, sino como valor para las auditorias ex post, en la evaluación de cumplimiento parametrizado, conforme a las leyes.
La aplicación de la inteligencia artificial no descarta la necesaria actuación de comisiones de supervisión profesional de expertos de reconocida probidad y solvencia ética en su desempeño, sino que constituye una herramienta adicional para consolidar procedimientos más ajustados a las necesidades para la consecución de metas u objetivos de cada proyecto, ya que permite viabilizar la optimización del uso de los recursos y el ahorro requerido para garantizar su eficiencia y eficacia.
Establecer procedimientos verificables, sistematizados, también contribuirá al mejor ejercicio de la administración de justicia al contar con herramientas tecnológicas que objetiven la actuación legal.
Nada es infalible, pero el reconocimiento de la utilización de la tecnología de inteligencia artificial adecuada para la administración financiera del Estado debe formar parte de la Revolución que propicia la nueva era digital, pues la tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos y de la sociedad en general.
El ejemplo de América Latina y en especial de Venezuela es una referencia de lo que no se debe hacer.
La ruina y la destrucción de un país a partir del mal uso de su enorme caudal de recursos, mediante una exacerbada corrupción y plataforma clientelar, que solidificó las bases para la desintegración institucional con las consecuencias en términos de éxodo y pobreza; son claros ejemplos que nos obligan a poder asimilar ese aprendizaje.
Revisemos, y dejemos un legado a nuestras generaciones futuras que contribuya realmente al bien común, propiciando una plataforma solida de institucionalidad democrática, que consolide la verdadera independencia de los poderes públicos. Utilicemos todas las herramientas, comenzando por la conciencia individual y colectiva.
