En una operación conjunta, las autoridades lograron la captura de 10 personas que presuntamente transportaban cocaína desde laboratorios ilegales en Colombia en los municipios Cauca, Nariño y Putumayo usando buses de transporte público.
La Fiscalía y la Dijín identificaron que los hombres, quienes pertenecerían a una organización criminal, camuflaban el alcaloide en los buses públicos y de turismo con lo que lograban transportarla hasta La Guajira. De acuerdo con los indicios, la banda estaría conformada por integrantes de una misma familia.
Un grupo sería el encargado de comprar cocaína en cocinas ubicadas en Colombia en los municipios de Cauca y Putumayo, y zonas costeras del Pacifico Nariñense; y otro camuflaba los cargamentos en buses intermunicipales y de turismo, camiones y camionetas que viajaban hasta la península de La Guajira.
A los automotores les eran adecuadas caletas en las carrocerías, porta equipajes y chasis que permitían esconder de 160 a 300 kilos del alcaloide. Al parecer, por cada kilogramo de cocaína que esta organización ponía en La Guajira recibía 6 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través
de la Dijin, documentaron 22 eventos en los que habría participado la red de
narcobuses. En lo corrido de 2019, 9 de los
automotores fueron interceptados en diferentes puntos del país y han sido
incautados 1.386 kilogramos de cocaína.
En una de las diligencias fue inmovilizado un bus de servicio público que
cumplía la ruta Puerto Asís (Putumayo) – Bogotá, y sus 30 pasajeros desconocían
que entre el maletero y la llanta de repuesto iban camuflados 300 kilos de
droga.
Dos hombres supuestamente financiaban todo el engranaje ilegal, la esposa de
uno de ellos era la contadora y los demás cumplían tareas de logística y vigilancia.
La banda habría establecido una modalidad de caravanas de seguridad en la que
el vehículo que llevaba la droga era antecedido por un automóvil desde el que
sus ocupantes alertaban la presencia de retenes y controles de Policía, y
seguido por otro carro que servía de escolta.
Los capturados fueron puestos a disposición de de jueces de control de
garantías de Bogotá para continuar con su proceso de judicialización.
Durante las audiencias, la Fiscalía les imputó a los capturados los delitos de
tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, cargos que no fueron
aceptados, y solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra
los procesados, 9 de ellos fueron
enviados a centro carcelario y una mujer en estado de embarazo recibió detención
domiciliaria.
El Tiempo
