La desconfianza del juez del caso Cursach, Miquel Florit, hacia un equipo de la Policía Nacional está detrás de su inusitada y excepcional decisión (apoyada por la Fiscalía) de autorizar la entrada de la Policía en las redacciones de Europa Press y Diario de Mallorca y requisar los portátiles, teléfonos móviles y documentos de dos periodistas, vulnerando su derecho al secreto profesional recogido en el artículo 20 de la Constitución.
Florit busca al ‘filtrador’ de un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Palma de Mallorca que se publicó en los dos medios mencionados antes de que el juzgado de instrucción número 12 de Palma, donde se instruye el mayor caso de corrupción y mafia nocturna de Mallorca, le diera trámite.
Tras la publicación del contenido de este informe, en el que se presentaban los indicios de que el Grupo Cursach habría defraudado más de 50 millones de euros a Hacienda, las defensas del principal investigado, el empresario Bartolomé Cursach y de su mano derecha, Bartolomé Sbert, así como la Fiscalía, solicitaron al juez que investigara un presunto delito de descubrimiento de secretos.
Desde la defensa de Cursach niegan la existencia de ningún delito fiscal. Puesto que vieron vulnerado el ejercicio a la defensa del empresario con la filtración de un informe policial con datos que consideran «rotundamente falsos», denunciaron los hechos. «Un equipo policial superior, después de analizarlos, tampoco ha visto dichos indicios de delitos fiscales. Hicieron una mala interpretación», aseguran fuentes de la defensa.
Policías investigando a policías
Según trasladan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, ante las sospechas del juez de que dicho informe hubiera sido filtrado por miembros del mencionado grupo de Blanqueo a los periodistas -aunque sin rechazar que la filtración procediera de la propia Fiscalía o del juzgado de instrucción, donde el juez recusado del caso, Manuel Penalva, continúa como titular- dedujo testimonio, abrió una pieza separada secreta y encargó a la Jefatura Superior de Policía Nacional de las Islas Baleares que investigara a sus compañeros del grupo de Blanqueo.
Los efectivos de la Jefatura Superior de Policía entregaron al juez, según las mismas fuentes jurídicas, un listado de comunicaciones del jefe del Grupo de Blanqueo en el que aparecían los teléfonos del juez instructor, la Fiscalía y los dos periodistas. A partir de ahí (en octubre), la Jefatura Superior de Policía Nacional solicitó un listado «retroactivo» de llamadas de los dos periodistas.
Todos estos movimientos, realizados únicamente con el conocimiento de las Fuerzas de Seguridad, el juez y la Fiscalía, puesto que el instructor no dio traslado de las actuaciones ni a los querellantes al estar la pieza secreta, han desencadenado en la aparición de la Policía en las redacciones, donde han exigido a los periodistas que les entregaran sus ordenadores portátiles y móviles para el volcado y posterior estudio de su contenido.
La decisión ha sido acogida en los ámbitos periodístico y jurídico con estupefacción. La han calificado como «absolutamente desproporcionada», pues supone un ataque al núcleo duro de la profesión periodística y una vulneración del secreto profesional que pone en riesgo el derecho a la información de los ciudadanos.
Un caso peligroso desde el inicio
El caso Cursach o de la Policía Local de Palma, que aborda la presunta existencia de una organización criminal encabezada por Tolo Cursach, el ‘capo de la noche mallorquina’, que habría conseguido el monopolio del ocio de Calviá a base de extorsionar al resto de empresarios con la ayuda de los agentes, ha sido complicada desde el inicio.
Algunos testigos protegidos del caso han tenido que marcharse de la isla por las palizas y amenazas de ‘matones’. Hasta un 10% de la plantilla de la Policía Local de Palma ha estado de baja desde la apertura del caso. Según la acusación, el magnate y su entorno habría comprado con droga, prostitutas o cuotas mensuales en el gimnasio MegaSport a los policías.
El anterior instructor de la causa, Manuel Penalva, acabó siendo recusado por la filtración de una de sus conversaciones con una testigo protegida y se vio obligado a llevar pistola para protegerse de seguimientos, pintadas en su domicilio y continuas amenazas.
La presunta organización criminal que a finales de los años 80 ya controlaba las mayores discotecas del paseo marítimo de Palma y el ocio nocturno de la capital mallorquina también se ha llevado por delante la reputación de políticos del Consell y del Partido Popular de Palma. Al final, la causa en la que se comenzó a investigar la presunta corrupción en la Policía Local ha adquirido tal dimensión que se ha dividido en casi una decena de piezas.
Una relativa a la «obstrucción a la Justicia», abierta tras la denuncia de empresarios perjudicados por Cursach, está a punto de recibir el escrito de acusación de la Fiscalía. Los querellantes solicitaron en distintas ocasiones que se hiciera un seguimiento a policías dedicados a contaminar el caso. Sin embargo, el Ministerio Público no ha visto tan claro perseguir sus comunicaciones profesionales como sí lo ha hecho con la prensa, informando a favor de la decisión del juez Florit.
ALD/EE
