El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue acusado de dirigir una “esquema de desvío de fondos” por el Tribunal Superior de Cuentas, que difundió un informe de más de 600 páginas sobre la mala gestión de las ayudas de Venezuela.
Antilavadodedinero / Elsaqueo
Los jueces descubrieron que en 2014 el Estado encargó la rehabilitación de los mismos tramos de una ruta a dos empresas que llevan nombres diferentes, Argitrans y Betexs, pero que tienen la misma matrícula fiscal y el mismo personal técnico.
“Las dos empresas realizaron las mismas obras de manera distinta en la misma fecha”, señala el documento del tribunal, para el cual se trata “ni más ni menos que de un esquema de desvío de fondos”.
Antes de su llegada al poder en 2017, Moïse dirigía Agritrans, que recibió más de 33 millones de gourdes (más de $700,000, al cambio de la época) para un proyecto vial, cuando su actividad consistía en la producción de bananas.
“El estado de este tramo de ruta suscita cuestionamientos y demuestra que hay una distancia enorme entra las sumas gastadas y la realidad de los trabajos que deberían haber sido realizados”, indica el informe, elaborado por los jueces tras una visita al lugar.
Agritrans también había recibido un adelanto de fondos casi dos meses antes de la firma del contrato, un dato que llevó al tribunal a concluir que hubo “colusión, favoritismo y desvío de fondos”.
Otro contrato de rehabilitación de rutas había sido atribuido a la firma de Moise en 2015 a pesar de la opinión contraria manifestada por el Tribunal de Cuentas.
Este “descubrimiento inquietante”, como lo calificaron los jueces, es sólo una de las centenas de irregularidades halladas al analizarse los proyectos lanzados en la última década por el Estado haitiano y financiados por el programa Petrocaribe lanzado por el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Los magistrados abrieron la caja de Pandora de la corrupción y todos los gobiernos que se sucedieron desde entonces están implicados.
“En detrimento de los más vulnerables”
Entre 2008 y 2018, Haití fue parte del programa Petrocaribe, que permitió a varios países latinoamericanos y caribeños adquirir productos petroleros a precios ventajosos.
El uso de ese fondo dio lugar a dos investigaciones del Senado, en 2016 y 2017. En el verano boreal de 2018, el movimiento “Petrocaribe Challenge” comenzó a multiplicar las manifestaciones por todo el país para exigir al Tribunal Superior de Cuentas la realización de una auditoría.
“Todo este derroche fue orquestado en nombre de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, en detrimento de las poblaciones más vulnerables, que debían ser las beneficiarias de este programa”, denunció el informe, destacando las decenas de miles de personas ficticias que figuran en las listas del Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES).
Más del 60 por ciento de la población de Haití vive bajo el nivel de pobreza y la inseguridad alimentaria amenaza actualmente a 2.6 de los 11 millones de habitantes del país.
Ante esta emergencia humanitaria, el Tribunal de Cuentas lamenta que el FAES haya “efectuado numerosos gastos exorbitantes y extravagantes sin relación directa con los objetivos del programa. Por ejemplo, algunos de los gastos tienen que ver con la organización de festividades carnavalescas”.
“Ninguna preocupación por las generaciones futuras fue tomada en cuenta en la implementación de estos proyectos”, cuando serán ellas las que deberán afrontar el pago de la deuda a Venezuela.
Más de la mitad de los haitianos tiene menos de 20 años. En la noche del viernes, varios grupos de jóvenes llamados “los Petrocaribe challengers” comenzaron a analizar las 600 páginas del informe, llamando a la apertura de una investigación a fondo sobre Petrocaribe.
