Fue dictada la prisión preventiva a un inspector municipal cordobés. Le descubrieron autos de alta gama y propiedades. Sospechan que «lavaba dineros» a nombre de familiares en Frías y giraba fondos al cuerpo de bomberos.
La Justicia de Córdoba solicitó una investigación por presunto «lavado de dinero», ante sospechas de millonarias transferencias de dinero, realizadas por un funcionario con prisión preventiva por «extorsión» a comerciantes, cuya destinataria sería una institución de bomberos de Frías.
De acuerdo con una investigación de La Voz del Interior, el requerimiento fue formulado por el fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 2, Guillermo González, al ordenar prisión preventiva del inspector municipal Héctor Ignacio Jayo, por «extorsión en grado de tentativa» en dos hechos.
Según el diario cordobés, el fiscal «… envió antecedentes para que se investigara el lavado de activos en inmuebles en Santiago del Estero a su par federal Maximiliano Hairabedian, en una nueva derivación de la causa de «la Banda de los Bomberos», por la cual están detenidos dos exjefes de esa división policial: Gustavo Folli Pedetta y Gustavo Sosa.
El escándalo sobrevino entre julio y agosto del 2023. Fue expuesto por un bombero al observar que muchos certificados contaban con su firma o aprobación y que él no tuvo participación.
«Se practicaron 14 allanamientos y se detuvo a 7 personas. Estas personas integran una organización que se encargan de gestionar o proveer estos certificados o habilitaciones de bomberos, que es requisito fundamental para lograr la habilitación municipal», relató Pablo Bazán, ayudante del fiscal de Delitos Económicos.
En la causa, consta que se allanaron concesionarios, supermercados, distintos rubros, en una investigación que está en pleno desarrollo.
Hoy es imposible estimar las habilitaciones, montos, y depurarlas entre truchas o legales. Se cree que estos permisos especiales tenían un costo que hoy rondaría entre los $ 100.000 y $ 500.000, dependiendo lugar y urgencias.
«A Jayo se le atribuye haber hecho uso de su función como inspector municipal dependiente del CPC N° 7 de barrio Empalme para constituirse en reiteradas oportunidades en los locales Enpolex SRL, comercio ubicado en Calingasta N° 5520 del barrio Deán Funes, y Refricor SRL, negocio de Bº Empalme», sintetiza la denuncia.
Les habría ofrecido «… a sus respectivos propietarios y encargados, una certificación de habilitación provisoria para que pudieran continuar ejerciendo la actividad comercial, a cambio de una elevada erogación dineraria, y en caso de negarse, los intimidaba con la clausura directa del local comercial», amplía el documento.
Los dueños de los negocios se negaron a su pedido e hicieron sus trámites de permiso provisorio en la misma oficina de habilitación de negocios de la Municipalidad y no ante el CPC, como pretendía Jayo. Y fue el principio del fin de las maniobras.
Ahora, el proceso desnudó que Jayo sería propietario de una importante cantidad de bienes, como autos de alta gama, un patrimonio que no resulta coherente con el nivel de ingresos de un inspector municipal. Lo más complejo, que habría girado grandes transferencias a bomberos de Frías.
Rápido, el fiscal cordobés alertó al Federal sobre un presunto «lavado de dinero» y la próxima escala de la investigación serían los receptores de esos supuestos dineros, en Frías.
«Millones en transferencias» y matafuegos «tangibles»
Siempre de acuerdo con el informe periodístico cordobés, sorprendió aun más a la investigación el hallazgo de que Jayo habría realizado reiteradas y millonarias transferencias bancarias a la cuenta de bomberos de Frías.
Según consta en el expediente, esos fondos se habrían destinado a compras ficticias a un local comercial que se dedica a la venta de productos afines al trabajo de bomberos (rociadores, matafuegos, etcétera), que se ubica en inmediaciones del cuartel central de bomberos de Córdoba.
Jayo habría utilizado a una pariente que pertenece al cuerpo de bomberos de Frías, quien a su vez tendría familiares que ostentan cargos políticos, sostiene la Fiscalía.
En esta ramificación de la causa por los certificados truchos se llegó a que Jayo también tendría una importante cantidad de bienes inmuebles en Santiago del Estero, pero puestos a nombre de familiares que viven allí.
Un ex jefe, el cerebro e ideólogo en el 2008
El fiscal González decidió desprender las sospechas de «lavado» y remitir los antecedentes a su par fiscal federal Maximiliano Hairabedian, con la presunción de que existe la supuesta comisión del delito de lavado de activos.
González confirmó la prisión de Jayo. «Se ha podido demostrar que el imputado Gustavo Folli (foto), cuando fue designado director de Bomberos, en 2008, dio origen a una estructura delictiva, conformada también por un grupo de policías de menor jerarquía que trabajaban en el cuartel central de bomberos, creando una oficina paralela a la de Asesoramientos y Proyectos Técnicos, para tramitar los certificados de inspección de bomberos apócrifos», enfatiza el comunicado de la Fiscalía.
