La Policía Federal brasileña desmontó este lunes una organización acusada de haberse apropiado de 1.500 millones de reales (unos 3.000 millones de dólares) de unos 7.000 clientes de los que captó recursos con promesas de elevadas ganancias con la compra de criptomonedas.
Antilavadodedinero / Eleconomista
Unos 90 agentes de la Policía Federal cumplieron hoy cinco órdenes de arresto y 22 mandatos de allanamientos y búsqueda de pruebas en residencias y oficinas de los acusados, en los que fueron hallados numerosos vehículos de lujo y altas cantidades de dinero en efectivo.
De acuerdo con la investigación, los recursos de los clientes fueron desviados por el propietario del grupo financiero que captaba inversiones mediante tres diferentes firmas, por su esposa y por algunos familiares y allegados.
El juzgado 23 federal de Curitiba, que ordenó las detenciones y los registros, también determinó el embargo de varios inmuebles de los acusados y el bloqueo de sus recursos en cuentas bancarias y en depósitos financieros.
Las operaciones del grupo, que actuó principalmente en la sureña ciudad de Curitiba, comenzaron a ser investigadas en 2019 cuando sus propietarios hicieron una denuncia ante la Policía alegando que habían sido víctimas de un ataque cibernético.
El grupo bloqueó entonces los valores de todos sus clientes, que no consiguieron rescatar sus ahorros, con el argumento de que el ataque cibernético le impedía movilizar las criptomonedas.
Desde el comienzo de las investigaciones tanto la Fiscalía como la Policía Civil levantaron la sospecha de que el ataque cibernético era falso y tan sólo una disculpa para ocultar la estafa.
De acuerdo con las autoridades, los responsables por la organización no colaboraron con las investigaciones; se negaron a entregar algunos documentos y decidieron acogerse a la ley de quiebras, una medida que paralizó todas las investigaciones y justificó la suspensión de los pagos a los acreedores.
Los investigadores concluyeron que la declaración de quiebra tan sólo tuvo por objetivo atrasar el esclarecimiento de los hechos y el resarcimiento de los clientes, por lo que abrieron un proceso contra los responsables del grupo por los crímenes de estafa, lavado de capitales, asociación para delinquir, delitos contra la economía popular y violaciones a las normas del sistema financiero.
Según la Policía Federal, «mediante el control de las tres operadoras de criptomonedas y con pesada inversión en estrategias de marketing, los responsables por el grupo atrajeron a numerosos clientes para que invirtieran sus recursos personales en las plataformas de la organización».
«Los investigados apostaban en la promoción de la imagen de éxito del grupo mediante la exhibición de propiedades y bienes de lujo y la realización de grandes eventos», afirmó la entidad.
El grupo operó por cerca de dos años con apariencia de legalidad mientras aumentaba su clientela y tan sólo comenzó a evidenciar problemas a mediados de 2019, cuando alegó el ataque cibernético.
Según la Policía Federal, «mediante un ardid, los valores que los clientes invertían en las plataformas virtuales del grupo, tanto por la transferencia de criptomonedas como por depósitos bancarios, fueron en gran parte desviados en beneficio propio por el propio líder del conglomerado empresarial, su esposa y otros investigados».
Los investigadores también descubrieron que el líder de la organización ya había sido condenado en Suiza por los crímenes de estafa y falsificación de documentos.
