Dos docenas de personas fueron acusadas formalmente en Georgia el mes pasado por cargos de tráfico ilícito de inmigrantes mexicanos y centroamericanos a EE.UU, y obligarlos a vivir en campamentos y trabajar en granjas en el estado en lo que las autoridades dicen que era una empresa ilegal similar a una “esclavitud moderna”. Los acusados enfrentan cargos que pueden llevar hasta cadena perpetua.
Antilavadodedinero / Laopinion
Denominada “Operation Blooming Onion,” (Operación Cebolla Floreciente, en español) la investigación de un año reunió a varias agencias federales para investigar una “organización criminal transnacional” que presuntamente se dedicaba a la trata de personas, fraude de visas, trabajo forzoso, fraude postal, lavado de dinero y otros delitos con los que habían conseguido más de 200 millones de dólares.
Los miembros de esta red están acusados de aprovecharse del programa federal de visas para trabajadores agrícolas invitados, conocido como H-2A, para estafar a trabajadores inmigrantes de México, Guatemala, Honduras y otros países.
Los trabajadores también fueron obligados a trabajar a punta de pistola, dicen los documentos judiciales, ganando 20 centavos por cada balde de cebollas que desenterraban con las manos. Algunos fueron vendidos a granjas en otros estados.
La operación representa una de las investigaciones de tráfico de personas y fraude de visas más grandes del país, según el Departamento de Justicia (DOJ), y es la primera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) persigue bajo un “nuevo modelo de explotación laboral” que tiene como objetivo castigar a los “empleadores sin escrúpulos” en lugar de a los inmigrantes indocumentados de los que estos se aprovechan.
Bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional de la Administración de Biden, ICE puso fin a las redadas masivas en lugares de trabajo, donde cientos de inmigrantes no autorizados podrían ser arrestados y deportados.
En este caso, más de 100 trabajadores fueron liberados “de los grilletes de la esclavitud moderna”, dijo David Estes, fiscal federal interino para el Distrito Sur de Georgia, en un comunicado, y agregó que la operación “responsabilizará a quienes ponen las cadenas”.
“El sueño americano es una atracción poderosa para las personas sin hogar y desesperadas en todo el mundo, y donde hay necesidad hay codicia de aquellos que intentarán explotar a estos trabajadores para sacar su propia ganancia”, dijo.
Hay una veintena de acusados. La primera persona mencionada, cuyo nombre aparece en la “organización criminal transnacional” descrita en la acusación, es María Leticia Patricio, de 70 años, de Nichols, Georgia. Fue acusada de conspiración para cometer fraude postal, dos cargos de fraude postal, conspiración para realizar trabajos forzados y conspiración para cometer lavado de dinero.
Patricio se declaró inocente y Juanita Holsey Bostick, la abogada que la representa, según documentos judiciales, se negó a hacer comentarios. Otras personas que han sido procesadas en el tribunal también se han declarado inocentes.
Tres de los acusados, Victoria Chávez Hernández, José Carmen Duque Tovar y Rodolfo Martínez Maciel, son “considerados prófugos y están siendo buscados activamente”, dijo el jueves el Departamento de Justicia. Se enfrentan a cargos que van desde conspiración para cometer fraude postal hasta trabajo forzoso.
“Esta es una investigación en curso”, dijo Barry Paschal, portavoz de la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia. “Estoy seguro de que habrá mucha más información que saldrá a la luz en los meses y años venideros”.
La red criminal supuestamente estaba muy extendida y operaba en Georgia, Florida, Texas, México, Guatemala y Honduras. Los documentos judiciales establecen que los acusados amenazaron a las víctimas con violencia y con una posible deportación; les cobraban tarifas exorbitantes que no podían pagar por el transporte, la vivienda y la comida; y retenían sus documentos de viaje e identificación para obligarlos a trabajar.
Durante años, los migrantes fueron llevados a Estados Unidos con falsos pretextos y presionados para trabajar en granjas como jornaleros y vivir en condiciones insalubres y hacinados sin acceso regular a alimentos y agua, según la acusación. Algunos también fueron forzados ilegalmente a cuidar el césped o trabajar en sitios de construcción o en cocinas de restaurantes.
La acusación formal también alega que los que formaban parte de la red gastaron suntuosamente sus ganancias en autos y camionetas nuevas y apostaron millones de dólares en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Tampa, Florida.
El casino indicó que había estado cooperando con las autoridades federales durante más de un año.
“El casino presenta todos los reportes financieros que le son requeridos sistemáticamente”, dijo el portavoz del casino Gary Bitner. “Este caso no fue una excepción”, agregó.
Paschal dijo que su oficina continúa buscando víctimas y alentó a cualquier persona que tenga información a que se comunique con la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas.
Mientras tanto, los trabajadores que fueron liberados están recibiendo asistencia de un equipo de proveedores de servicios para víctimas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aunque no está claro qué les depara el futuro.
El año pasado, una investigación de NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, encontró que a medida que el programa federal de visas para trabajadores agrícolas invitados, conocido como H-2A, se ha expandido, ha dejado a más trabajadores en una situación de vulnerabilidad ante posibles abusos.
Se supone que las leyes federales garantizan condiciones de trabajo decentes, salarios justos y viviendas seguras para los trabajadores invitados, que están vinculados a los empleadores que los patrocinan y deben regresar a sus países de origen después de que expiren las visas de corto plazo.
Pero los trabajadores a menudo se muestran reacios a hablar en contra de los empleadores que son responsables de su vivienda, transporte, salario y su capacidad para permanecer en EE.UU., dicen los trabajadores y los defensores de los derechos laborales. Los inmigrantes están también usualmente en áreas rurales remotas y no hablan inglés.
“El acceso a la justicia es realmente imposible en términos prácticos para muchos de estos trabajadores”, dijo Daniel Costa, director de investigación de políticas y leyes de inmigración del Instituto de Política Económica, un grupo de expertos liberales.
Costa dijo que el alcance que tiene esta investigación es una “evidencia de la escala de infracción de la ley que está ocurriendo en estos programas y la capacidad de los empleadores, traficantes y reclutadores para actuar sin escrúpulos porque saben que en su mayor parte nadie está investigando qué están haciendo”.
Charles Kuck, un abogado de inmigración de mucho tiempo en Georgia que ha trabajado en casos e investigaciones H-2A, dijo que tanto la redada como la acusación son “inusuales, cuando sabemos que las condiciones que describen de los trabajadores no son inusuales”. sto es simplemente la gente que sí lograron atrapar”, indicó.
Kuck dijo que si bien hay muchos empleadores de la H-2A que siguen las reglas y hacen todo bien, también “hay muchas manzanas podridas”.
“Creo que es una señal de que la Administración se toma en serio el problema de la trata de personas y el maltrato a los trabajadores relacionados con el uso de visas, y cosas que pueden no haber sido prioritarias bajo la Administración anterior, a pesar de que comenzó la investigación en sí”, dijo Kuck.
En octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un memorando en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que pusieran fin a las redadas masivas en los lugares de trabajo que se utilizaban bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump. Mayorkas dijo que la táctica, que condujo al arresto de en ocasiones cientos de inmigrantes no autorizados, no se centró en los “empleadores explotadores”.
“Podemos proteger de la manera más efectiva el mercado laboral estadounidense, las condiciones de los lugares de trabajo y la dignidad del individuo al enfocar nuestros esfuerzos en revisar lo que ocurre en lugares de trabajo con empleadores sin escrúpulos”, dijo Mayorkas en el memo.
Costa dijo que la guía del memorando podría ser un “gran cambio” y “un paso realmente positivo para proteger más a los trabajadores y perseguir a los malos empleadores”.
