Disminuyeron sensiblemente los procesamientos y se resolvieron numerosas liberaciones; al mismo tiempo, se multiplicaron los casos contra el macrismo.
Antilavadodedinero / La Nación
El giro comenzó en las horas que siguieron al triunfo arrollador de Alberto Fernández en las elecciones primarias de agosto. Con contadas excepciones, camaristas, jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py descontaron el cambio de clima y se acomodaron a los nuevos vientos políticos. Sin que nadie se lo pidiera. Tampoco fue necesario.
Siete meses después, el saldo es elocuente: se levantaron todos los pedidos de prisión preventiva contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ; una quincena de figuras cercanas al kirchnerismo se beneficiaron con sobreseimientos, revocatorias o nulidades, entre otras variantes procesales, y al menos 12 cosecharon excarcelaciones y quedaron en libertad o se marcharon a sus casas bajo arresto domiciliario, según un relevamiento de resoluciones y estadísticas que completó LA NACION .
El contraste con el derrotero de exfuncionarios de Cambiemos y referentes diversos de la oposición es, también, elocuente.
Procesamientos, imputaciones y denuncias contra una veintena de figuras se combinaron con allanamientos, revocatorias de sobreseimientos y órdenes de profundizar investigaciones que parecían encaminarse a su final.
Para el Frente de Todos, liderado por la expresidenta, las últimas decisiones judiciales demuestran que entre 2015 y 2019 fueron víctimas del lawfare -es decir, la aplicación de leyes y de procedimientos jurídicos para perseguirlos-, y que ahora los tribunales, ya libres de la presión macrista, comenzaron a enmendar los abusos y liberar a «presos políticos».
Desde la coalición Cambiemos trazan la visión contrapuesta. Sus referentes sostienen que son víctimas de los jueces y fiscales que no pudieron -o no quisieron- destituir, y de las malas prácticas tribunalicias que no pudieron -o no quisieron- enmendar mientras ocuparon la Casa Rosada.
Ajena a estas posiciones antagónicas, y tras estudiar la labor del Poder Judicial argentino durante las últimas décadas, una profesora de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, definió la forma de proceder de muchos jueces y fiscales como la «lógica de la defección estratégica». Es decir, la tendencia de los magistrados a aumentar sus decisiones contrarias al gobierno saliente y favorables al entrante, basados en lo que creen que será importante o de interés para las nuevas autoridades.
Esa dinámica procíclica la vivió Carlos Menem, quien disfrutó de los «jueces de la servilleta» durante los 90 para terminar acorralado, procesado y detenido por varios de esos mismos magistrados en cuanto devolvió el bastón presidencial.
También la afrontaron los Kirchner, que incluso cosecharon un sobreseimiento exprés en la causa por presunto enriquecimiento ilícito -dispuesto por el juez Norberto Oyarbide, quien confesó que lo «apretaron del cogote» para que firmara-, pero luego acumularon procesamientos y embargos.
Y la experimentó también Mauricio Macri, que se quitó de encima el procesamiento confirmado por la Cámara Federal por supuestas escuchas telefónicas ilegales apenas 19 días después de asumir la presidencia, pero ahora, ya en el llano, observa cómo los jueces avanzan hacia él y su entorno.
Todo esto ocurrió de la mano de la politización creciente del Poder Judicial, que comenzó en los 90 y se potenció con las reformas sucesivas del Consejo de la Magistratura, del rol que asumieron los servicios de inteligencia y del auge de los «operadores» judiciales. De Antonio «Jaime» Stiuso a Daniel «Tano» Angelici, y de Fabián «Pepín» Rodríguez Simón a Javier Fernández, hoy con nuevos bríos, según reconstruyó LA NACION .
El giro tribunalicio desde las PASO incluye, en una enumeración acotada, los siguientes datos:
*Cristina Kirchner acumulaba 13 procesamientos y ocho pedidos de prisión preventiva. Desde las primarias de agosto se levantaron todas las órdenes de arresto y se revocaron tres de esos procesamientos; y en otros expedientes que ya se encontraban en la instancia oral se dispusieron medidas de prueba -como peritajes- que retrasarán los inicios de los juicios durante meses o, incluso, hasta bien entrado el año próximo.
* Al menos doce figuras del -o cercanas al- kirchnerismo fueron excarceladas (Julio De Vido, Roberto Baratta, Carlos Kirchner, Carlos Cortez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Oscar Thomas, Atanasio Pérez Osuna, Gerardo Ferreyra, Fernando Esteche, y Omar «Caballo» Suárez y Juan Pablo «Pata» Medina (estos dos con arresto domiciliario). Por el contrario, tras las rejas continúan el multiprocesado Lázaro Báez y los ya condenados Amado Boudou, Ricardo Jaime, José López, Luis D’Elía, Edgardo Paolucci, Juan Pablo Schiavi y Milagro Sala.
*También fueron absueltos o sobreseídos en uno o más expedientes Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Eduardo «Wado» de Pedro, Andrés «Cuervo» Larroque, Julián Álvarez, Carlos Zannini, Guillermo Moreno, César Milani, Ricardo Echegaray, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto y Carlos Bettini, entre otros, mientras que la Cámara Federal revocó el procesamiento de Oscar Parrilli en otra investigación.
*Mientras que no se registraron nuevos procesamientos contra figuras kirchneristas (aunque sí se confirmaron algunos) desde las PASO, el panorama es muy distinto entre los referentes de Cambiemos u otros opositores. La Justicia procesó al exfuncionario Luis María Blaquier, a Margarita Stolbizer y a cinco integrantes de la Mesa de Enlace, así como al exministro Juan José Aranguren y a la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso (decisión que revocó la Cámara Federal, y el juez ordenó más medidas de prueba).
*Desde las primarias también se revocó el sobreseimiento del exfuncionario Santiago Bausili; quedaron imputados los también exfuncionarios Javier González Fraga, Dante Sica, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Rodrigo Sbarra, en tanto que se dispuso el allanamiento de Ausol (en una pesquisa vinculada a la familia Macri), y se radicaron denuncias contra la exvicepresidenta Gabriela Michetti y los exfuncionarios Leandro Cuccioli, Guido Sandleris, Mariano Federico, María Eugenia Talerico y entre otros.
Tanto al asumir el 10 de diciembre como al inaugurar las sesiones parlamentarias el 1º de este mes, el presidente Alberto Fernández anunció una reforma judicial para «poner fin a la designación de jueces amigos» y «desterrar las componendas del poder político en el judicial». Jueces, fiscales y referentes propios y ajenos esperan ahora la «letra chica» de esa promesa.
