La Policía Nacional ha destapado en Asturias un fraude de 362.738,95 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal. Las investigaciones permitieron descubrir «una serie de delitos de fraude de cotizaciones y prestaciones y de falsedad documental, siendo imputadas 21 personas», según información policial.
La operación, denominada ‘Trafalgar’, se realizó principalmente en el Principado pero también en las provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia. Durante el procedimiento se consiguió recuperar la cantidad de 84.559,05 euros, que fueron ingresados en la Tesorería General de la Seguridad Social.
El principal autor de estos hechos ilícitos fue detenido en Oviedo horas antes de coger un vuelo a Miami (Estados Unidos), donde pensaba establecer su residencia.
Las primeras indagaciones se iniciaron al ser detectada una empresa de Oviedo que, hasta el año 2013, se dedicaba a la distribución nacional e internacional de alimentos y bebidas y que tenía una deuda de 124.000 euros con la Seguridad Social al no abonar las cuotas de sus trabajadores.
El inicio de los impagos coincidió con la venta de la sociedad a un empresario cubano, quien le cambió el sentido de su objeto social para dedicarse, supuestamente, a las reformas y la construcción trasladando su actividad a la localidad de Ribadeo (Lugo). Con el fin de ocultar su verdadera dirección, puso al frente de la misma a su padre como testaferro.
El resultado de las investigaciones puso sobre aviso a la Inspección de Trabajo de Asturias al observar que otras empresas, del administrador de hecho de la primera empresa investigada, cumplían con patrones similares respecto a la generación de deuda y su falta de actividad. Además contrataban a un gran volumen de ciudadanos de origen extranjero, pautas que suelen seguir las empresas denominadas ‘ficticias’.
Una vez estudiadas las empresas señaladas con indicios de fraude fueron declaradas como ‘ficticias’ por Inspección de trabajo. Estas empresas, que no tenían un objeto social común, «carecían de trabajos realizados de forma constatable», según la investigación policial.
Además no pudieron aportar facturas, ni siquiera clientes y proveedores desde finales de 2012, por lo que procedieron de oficio a anular las altas de 34 trabajadores, en su mayoría de origen cubano.
El examen de la documentación ha permitido demostrar que los trabajadores declarados con altas ficticias obtuvieron diversos beneficios conseguidos ilícitamente, de forma única o conjunta, como son la consecución de los permisos de residencia y el cobro de prestaciones de desempleo.
Ejemplo de lo anterior fueron los casos de dos parejas radicadas en Las Palmas. Las mujeres, cubanas pero nacionalizadas como españolas, presentaron un contrato de trabajo con las empresas ficticias para la obtención de la tarjeta de Residencia de Familiar Comunitario a favor de los que decían ser sus parejas. Al menos una de ellas aprovechó para cobrar indebidamente las prestaciones del SEPE.
La deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social generada por las tres empresas ficticias investigadas fue de 155.612,95 euros, y el fraude cometido al Servicio Público de Empleo Estatal se contabilizó por valor de 83.096,20 euros, habiéndose recuperado por parte de este último organismo una parte del mismo gracias a sus procedimientos administrativos.
ALD/Ines
