El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, fue detenido por la Fiscalía este miércoles en su despacho y deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la contratación de una autopista hace más de 15 años, durante su primer periodo al frente de la segunda región más industrializada de Colombia (2004-2007). El ente investigador ya había capturado a Gaviria Correa, también exalcalde de Medellín, por el mismo caso en junio del año pasado, en plena crisis sanitaria del coronavirus, pero el Tribunal Superior de la capital antioqueña aceptó en octubre una figura de habeas corpus y ordenó su liberación.
Antilavadodedinero / elpais
La Fiscalía retoma argumentos de su primera captura al aludir a “presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada- Caucasia”. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema –con competencias sobre aforados como los gobernadores– acusó a Gaviria como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, e impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, como se conoce en la jerga jurídica colombiana, sustituida por detención domiciliaria.
Según la investigación, en el contrato suscrito en un primer momento por 41.663 millones de pesos (más de 11 millones de dólares) se fijó un anticipo del 25% que posteriormente aumentó al 29%, una variación que “no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”. También halló indicios de probables anomalías en el trámite y celebración de contratos adicionales. Gaviria se ha defendido con el argumento de que no tuvo ninguna participación en el contrato.
“El gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”, sostuvo la entidad en un comunicado que se hacía eco de las declaraciones que había dado en su momento el fiscal general, Francisco Barbosa –un amigo íntimo del presidente Iván Duque–.
El gobernador proviene de una tradicional familia política antioqueña vinculada al Partido Liberal. Su hermano mayor, Guillermo Gaviria, fue secuestrado por la extinta guerrilla de las FARC cuando era gobernador de Antioquia en el año 2002, y asesinado al año siguiente en medio de una fallida operación de rescate, en un caso muy recordado que marcó el inicio del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Después de su fallecimiento, Aníbal ingresó a la política para ser elegido gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín –la segunda ciudad de Colombia– y precandidato liberal a la presidencia. Su hermana Sofía Gaviria también ha sido congresista y es una férrea crítica de la negociación de paz con las FARC, hoy desarmadas y convertidas en el partido político Comunes. Actualmente es embajadora en Suiza.
Gracias a esa trayectoria, Aníbal Gaviria es una figura política valorada de forma positiva en Antioquia. A las elecciones regionales de octubre de 2019 se postuló por firmas, pero con el respaldo de varias fuerzas políticas, y se impuso en las urnas sin apremios. En la última medición de la firma Invamer, divulgada este mismo miércoles, el 68 % de los consultados aprueba su gestión, frente a un 25 % que la rechaza.
