Las fuerzas de seguridad de Honduras capturaron a una abogada que presuntamente le entregó 445 mil lempiras (US$18 mil 57) al director de una cárcel de “máxima seguridad”, detenido la semana pasada cuando pretendía ingresar el dinero a la prisión para miembros de la pandilla Barrio 18.
Se trata de la abogada Diana Gissela Zelaya, quien fue capturada en un allanamiento en un populoso barrio de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en cumplimiento a una orden emitida por el juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Agregó que Zelaya es acusada del delito de lavado de activos y un juez le dictó este lunes 18 de diciembre detención judicial tras comparecer en la primera audiencia.
La mujer fue arrestada por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y es señalada de “contribuir con maras y pandillas”.
Su captura está relacionada al caso del coronel José Rodimiro Arita, director de una cárcel de “máxima seguridad” de Honduras, quien fue detenido el pasado jueves cuando trataba de ingresar a la prisión US$18 mil 57 que presuntamente le había entregado la abogada para miembros de la pandilla Barrio 18 que están presos.
Arita es director de la cárcel conocida como La Tolva, en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras, cuyo asesor, identificado como Luis Antonio Rodríguez, también fue capturado ese mismo día por la PMOP
El director y el asesor de la Tolva son acusados de los delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios y este martes comparecerán en audiencia inicial, señaló.
El Ministerio Público indicó que continúa la investigación para “determinar el origen del dinero, ¿Quién lo llevó hasta el centro penal?, ¿A quién iba dirigido? y si se pretendía lavar como producto de las extorsiones”.
Los reos peligrosos y con mucho dinero por muchos años han sido la autoridad real en el interior de las cárceles y, durante mucho tiempo, han constituido la única ley que impera, lo que reconocen funcionarios del Gobierno.
Las prisiones de Honduras son escenario de muertes de reos, suicidios y asesinatos, como lo fue la tragedia que ocurrió el pasado 20 de junio en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cercano a Tegucigalpa, donde murieron 46 mujeres.
