La Cámara de Diputados de Chile rechazó este martes (30.11.2021) un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, una iniciativa que quedará archivada, alejando así uno de los principales anhelos del colectivo feminista en el país.
Antilavado de Dinero / DW.
Tras un acalorado debate y una igualada votación, las bancadas legislativas determinaron por 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención no continuar con la tramitación de esta ley, que según indica la normativa, no podrá volver a presentarse hasta dentro de un año.
En el país suramericano solo es legal abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o en embarazos producto de una violación, gracias a una iniciativa aprobada en 2017 durante el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (20014-2018). El rechazo, que no descarta que se pueda ingresar un proyecto similar en el corto plazo, desató numerosas críticas por parte de la oposición y de los colectivos feministas.
«Perderemos todas las veces que sea necesario para ganar un aborto libre, legal y gratuito. No sé cuándo lo presentaremos de nuevo (el proyecto), pero les prometo que lo haremos hasta el final», sentenció la diputada de izquierda Maite Orsini, una de las impulsoras de la norma. «El aborto existe, es una realidad, pero aún hay muchos que prefieren esconderla y condenar a quienes tomen esa difícil decisión», agregó por su parte Marisela Santibáñez, parlamentaria del Partido Comunista.
El rechazo de este proyecto fue celebrado en tanto, por los sectores más conservadores. «La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero el niño que está por nacer no constituye parte de su cuerpo (…) No porque se cometan delitos en el extranjero quiero que se cometan en Chile», expresó durante el debate el derechista Diego Schalper, de Renovación Nacional.
La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (MILES), una de las plataformas en defensa de la mujer más importantes, lamentó a través de Twitter el rechazo y afirmó que «el camino no es la criminalización, sino que el reconocimiento del derecho a decidir sobre abortar o no».
Desde el movimiento feminista denuncian que muchas chilenas que cumplen con las tres condiciones encuentran dificultades aún para interrumpir su embarazo por las objeciones de conciencia interpuestas por clínicas y especialistas para practicarlo. Desde su prohibición absoluta, que se decretó a finales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y hasta 2017, se realizaban unos 70.000 abortos clandestinos al año, según diversos estudios.