El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro denunció este jueves al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega de practicar «terrorismo fiscal» contra sus adversarios, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
AntilavadoDeDinero / EFE
Chamorro, secretario ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, indicó en una declaración pública que una juez de Managua ha girado una orden de captura contra su esposa Victoria Cárdenas, su suegra Victoria Lacayo, y su cuñada Gabriela Cárdenas por un reparo fiscal, que tildó de «arbitrario» y como una mala práctica del Gobierno.
«Desde hace meses, el régimen, en su afán por conseguir recursos económicos, se ha dedicado a presionar a empresarios y empresarias del país con abusivos cobros, reparos y multas. Estos casos tienen el objetivo de recaudar recursos por medio de la presión ilegal: si no pagan, cárcel», sostuvo.
Chamorro, que fue director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, aseguró que «han habido varios casos de este tipo» y que «empresarios han caído presos por supuestas deudas con el Estado», aunque no los mencionó.
«Son decenas de casos de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero. Los afectados no han querido hacer la denuncia por temor a represalias», afirmó.
Chamorro indicó que «en este terrorismo fiscal está detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua», gobernada por los sandinistas, y que no se han pronunciado aún sobre esa denuncia.
LA TILDAN DE «PRÁCTICAS INTIMIDATORIAS»
El dirigente opositor explicó que su esposa, su suegra y su cuñada son propietarias de una inmobiliaria y un restaurante, a los que la Alcaldía de Managua les realizó una auditoría.
«La dirección de recaudación (de la Alcaldía de Managua) dictaminó que la urbanizadora había ganado, solamente entre los años 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas (unos 9,4 millones de dólares). La auditoría sentenció que se le debe a la Alcaldía la suma de 9,5 millones de córdobas (unos 274.725 dólares)», expuso.
La esposa de Chamorro, Victoria Cárdenas, dijo que es falso que hayan tenido ingresos por casi 10 millones de dólares, aunque no precisó el monto que ellos registran.
«Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos. Hacemos esta denuncia pública porque tenemos la verdad de nuestro lado, aunque esto implique poner en riesgo mi libertad y la de mi madre. Esta acusación injusta afecta nuestra libertad, patrimonio, reputación, y bienestar emocional», agregó.
Por ese caso, la jueza Imara Isabel Castro Martínez, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, dictó orden de allanamiento de morada y detención contra las tres mujeres, que aún no han sido capturadas.
La familia Chamorro Cárdenas hizo un llamado a los que han sido afectados por «este tipo de prácticas intimidatorias, que las denuncien para que Nicaragua y el mundo sepa de este tipo de represión fiscal por parte de la dictadura de Ortega».
Estos atropellos atentan contra la libre empresa, ahuyentan la inversión e impide la generación de empleos tan necesarios en estos momentos, señalaron.
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Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
