Dos crisis políticas sacudieron a Honduras y Guatemala. En el primero de los dos casos, Estados Unidos solicitó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a quien acusa de tres cargos ligados al narcotráfico y el tráfico de armas.
Antilavadodedinero / Eleconomista
La solicitud en contra de Hernández fue confirmada en horas de la noche por la cadena CNN, luego de que por la tarde, la Cancillería hondureña se hubiera limitado a informar en un escueto mensaje en Twitter que había «remitido a la CSJ (Corte Suprema de Justicia) comunicación oficial de la Embajada de los EUA, solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición».
Medios de ese país informaron minutos después de que trascendiera dicha información que fuerzas policiales y militares habían rodeado la residencia del exmandatario en Tegucigalpa, desde donde Hernández emitió un mensaje de audio en la mañana del martes expresando su disposición a defenderse y su voluntad de colaborar con las autoridades.
En información brindada ayer, la embajada de Estados Unidos en Honduras indicó que el expresidente «participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares».
Según una extensa nota de la sede diplomática enviada a la Cancillería hondureña, la droga se movilizó «por rutas aéreas y marítimas» «hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos».
En el documento, la embajada precisó que en la acusación contra Hernández, emitida y presentada el 27 de enero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se le adjudican tres cargos.
El primero de ellos por «conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos», con el «conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos». Además, se le acusa de «fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos».
El segundo cargo, es por «usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión» de «ametralladoras y dispositivos destructivos».
Las armas y los dispositivos destructivos serían «en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno».
Finalmente, el cargo tres se refiere a una «conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos», añade.
Como parte de la referida conspiración, la embajada señaló que Hernández «recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares». «A cambio de ello, Hernández protegió a los narcotraficantes de la investigación, de detención y extradición; hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas policiales y militares a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades. Hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas en Honduras, y permitió que se cometieran actos de violencia brutales sin consecuencia», añade el documento.
Como parte del proceso en su contra, la CSJ de Honduras designó a un juez ayer por la mañana para que se encargara del caso. Fue dicho juez quien finalmente ordenó su captura.
Hernández, quien el 27 de enero pasado concluyó un mandato de ocho años en el poder, fue arrestado bajo un riguroso dispositivo de seguridad. Esposado de manos y pies, y vistiendo un chaleco antibalas el exmandatario fue subido a un vehículo blindado y llevado a una unidad de la Policía Nacional donde rendiría su primera declaración preliminar.
Sobornos
Por su parte, en Guatemala, un testigo acusó al presidente de ese país, Alejandro Giammattei, de haber recibido $2.6 millones en sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña electoral de 2019 a cambio de conservar en su cargo al entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante un año y mantener en operación un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
La información fue revelada por El Faro a partir de la declaración del testigo, realizada ante la jueza de alto impacto, Érika Aifán, el 18 de mayo de 2021.
En su testimonio, la fuente afirmó haber presenciado las negociaciones entre Giammattei, entonces candidato a la presidencia; Giorgio Bruni, secretario general del partido Vamos, convertido luego en Secretario Privado de la Presidencia; y el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. El periódico cita también una segunda fuente proveniente del equipo de campaña de Giammattei quien confirmó la existencia de dicho acuerdo.
En resumen, la declaración judicial da cuenta de 12 proyectos de construcción de carreteras ligados a aquel pacto que suman un aproximado de $191 millones con cuatro empresas distintas.
Citando a investigadores del Ministerio Público de Guatemala, El Faro afirma que Benito y Giammattei se habrían comprometido «a facilitar a estas empresas adelantos de pagos o nuevas adjudicaciones a cambio de financiamiento para la campaña».
