En 20 años, la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detectado y sancionado a 15 ‘narcoempresas’ en Chihuahua, las cuales tenían en común que eran negocios “legales”, sin investigaciones en contra en México.
La Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas (SDN) que el país vecino ha elaborado por décadas ha identificado operaciones, mediante empresas de apariencia legítima, de cuatro facciones criminales en los últimos años.
La más reciente es la de Gorditas Chiwas y Grupo Especial Mamba Negra de seguridad privada, pero a esas las anteceden organizaciones de diversos giros, desde el año 2025 y hasta la fecha.
Hasta 2021, el Departamento del Tesoro había utilizado la denominación “Narcotraficante Especialmente Designado” (Specially Designated Narcotics Trafficker, SDNTK, una categoría derivada de la llamada Ley Kingpin), pero después de esa fecha modernizó sus acusaciones bajo una orden ejecutiva del entonces presidente Joe Biden (EO14059), para dotarlas de mayores alcances financieros e incluir el combate al fentanilo.
La OFAC, según su reseña histórica publicada en internet por el Departamento del Tesoro, opera desde 1950, pero estaba enfocada en el bloqueo de activos a nivel internacional por diversos conflictos bélicos.
Fue a partir del año 2000 cuando, a partir de la Ley Kingpin, promulgada un año antes, comenzó a aplicar sanciones masivas a empresas mexicanas vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero, sin que necesariamente sus señalamientos y sanciones implicaran acciones penales dentro del territorio estadounidense.
Entre 2000 y 2010 la legislación norteamericana fue utilizada para designar a cientos de empresas en México vinculadas al Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y otras organizaciones criminales.
En los últimos años, la OFAC ha emitido sanciones contra empresas de rubros como el comercio de precursores químicos, logística, inmobiliarias y centros cambiarios.
La inclusión en la lista SDN tiene consecuencias como el congelamiento de activos, es decir, de todos los bienes o cuentas que estén bajo jurisdicción estadounidense; y bloqueo financiero, el cual prohíbe a ciudadanos y empresas norteamericanas, incluidos los bancos, realizar cualquier tipo de transacción o negocio con las entidades o personas sancionadas.
Cuatro grandes bloques de sanciones
En el caso de las empresas mexicanas con operaciones en Chihuahua, la OFAC las ha designado en cuatro grandes bloques históricos.
En 2005, las sanciones fueron contra el llamado Cártel de los Arriola Márquez que operaba desde los municipios de Saucillo y Camargo, ligado al Cártel de Sinaloa, en el momento de mayor poder, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el año 2021, las acciones alcanzaron en Chihuahua al Club Indios Rojos de Juárez, equipo deportivo integrante de la red de negocios de Sergio Valenzuela, un operador de Raymundo Marrufo Cabrera, a su vez aliado de Ismael “El Mayo” Zambada, también del Cártel de Sinaloa. Entre 2023 y 2024 las acciones de la OFAC estuvieron enfocadas en redes de precursores químicos y fentanilo, en la que involucrraron a una empresa chihuahuense como faciltadora de equipo importado de China para la elaboración de drogas sintéticas para el Cártel de Sinaloa; y otra como inmobiliaria dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Juárez.
Y las más recientes de este año, Gorditas Chiwas, de comida, y Grupo Especial Mamba Negra, de seguridad privada, forman parte del cuarto bloque de sanciones de la OFAC, ahora dirigidas contra la presunta red de lavado de dinero de “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de “El Chapo” Guzmán y otros familiares, que han mantenido su operación en México y otros países, a pesar de las detenciones, juicios y entregas en Estados Unidos.
De esta forma, 14 de las 15 empresas “legales” en el país ligadas al narcotráfico serían fachada o parte de la estructura del Cártel de Sinaloa y sólo una estaría ligada al Cártel de Juárez, por ser propiedad de Heber Nieto Fierro, operador vinculado al brazo armado “La Línea”.
El viejo Cártel de Los Arriola o “Los Pichones”
Las primeras empresas de Chihuahua en ser sancionadas por la OFAC, el 18 de agosto de 2005, fueron las que estaban ligadas al Cártel de Los Arriola Márquez, cuatro hermanos también conocidos como “Los Pichones”, originarios de Saucillo, desde donde construyeron una organización criminal que, en su mejor época, controlaban la frontera de Ojinaga, pero traficaban cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, con un gran centro de distribución en Colorado.
Aunque diversas fuentes federales mexicanas lo ubicaban como “cártel independiente”, que igual tenía alianzas con el Cártel de Juárez que con el de Sinaloa, las autoridades fiscales y financieras norteamericanas lo designaron como parte del segundo, determinación tras la cual los hermanos fueron detenidos meses después y extraditados a EU, donde cumplen sentencias desde 2007.
Este grupo creó un emporio enfocado en la ganadería, el transporte y el sector inmobiliario. De las empresas que le fueron detectadas, todas contaban con estructura formal y legal aquí en México.
Entre las compañías operadas por los hermanos Arriola estaban: Auto Express Dorados, dedicada a los transportes de carga terrestre con base en la capital; Chihuahua Foods, de Cuauhtémoc, comercializadora y procesadora de alimentos cárnicos que trabajaba con normalidad en las zonas agrícolas del estado; y Cambios Palmilla, centro cambiario con múltiples sucursales en Parral registrada con prestanombres, encargada de fragmentar e introducir el dinero en efectivo de las ganancias estadounidenses al sistema financiero mexicano.
También estaban Corrales San Ignacio y Del Nortes Carnes Finas San Ignacio, sociedades de producción rural y comercialización con ranchos ganaderos en el ejido Ancón de Carros, en Saucillo, utilizadas para justificar transacciones comerciales de ganado e incluso extendían operaciones a firmas espejo en Presidio, Texas; adicionalmente, la primera ganó una licitación gubernamental para operar el rastro municipal.
También iban en la lista: Indio Vitorio, en Saucillo; Gasolineras San Fernando, en Saucillo y Camargo; Inmobiliaria El Escorpión del Norte e Inmobiliaria El Presón, constructoras y de bienes raíces utilizadas para adquirir propiedades de alto valor, terrenos y activos fijos en la capital del estado, dándole salida legal al dinero.
Asimismo, fue detectada también Distribuidora Imperial de Baja California, con operaciones en Juárez y Tijuana, una comercializadora logística clave con bodegas fronterizas que permitía justificar el tránsito constante de mercancías y capitales en la franja norte.
A la muerte financiera de los negocios ligados a “Los Pichones”, siguió su detención por la entonces Procuraduría General de la República (FGR en la actualidad) y la extradición para enfrentar varios procesos.
Los Indios Rojos de Juárez, en la red de “El Mayo”
En una de las designaciones más escandalosas de la Ley Kingpin, la OFAC fichó al club deportivo Indios Rojos de Juárez por considerarlo ligado a la red de Sergio Valenzuela Valenzuela, alias “Chilo”, operador cercano a Ismael “El Mayo” Zambada.
El negocio vendía boletos, uniformes y publicidad con estructura jurídica formal en la frontera, pero con supuesto fondeo y patrocinio de capos de la droga.
El club que llegó a tener participación en la liga de ascenso de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue relacionado con Miguel Raymundo Marrufo Cabrera, colaborador del cártel liderado por “El Mayo”, que para el 22 de septiembre de 2021 (así lo asienta la ficha de la OFAC), llegó a ser considerada organización vinculada a las redes del tráfico de fentanilo hacia el país norteamericano.
La entidad deportiva fue designada junto con Acuaindustria Narciso Mendoza, con sede en Hermosillo, Sonora,
según la ficha emitida por la autoridad norteamericana, así como junto a otras seis personas que supuestamente colaboraban con Valenzuela en ese estado.
Aunque no existen reportes de detenciones de Marrufo ni de Valenzuela, las empresas desaparecieron de los esquemas legales. No existen reportes de actividad de Acuaindustria y el club de futbol tenía años sin operación desde que, en 2012, había sido desafiliado de la Federación Mexicana, tras un pobre desempeño en Primera División. Los equipos actuales juarenses -Bravos y La Tribu, que juegan en ligas diferentes- no tienen vinculación alguna con lo que fue Indios Rojos.
El salto al fentanilo y el papel de “La Línea”
El 30 de mayo de 2023, la empresa con base en Chihuahua Mexpacking Solutions fue boletinada por la OFAC bajo la Orden Ejecutiva 14059 al descubrirse que servía como fachada para la importación y venta de prensas industriales de píldoras y moldes “M30” provenientes de China, equipo utilizado por el Cártel de Sinaloa para producir pastillas de fentanilo falsificadas.
“El negocio se ha utilizado como fachada de una persona involucrada en la fabricación de píldoras mezcladas con fentanilo y para ayudar a los miembros del cártel en México con operaciones para fabricar pastillas”, según la ficha de la oficina del Departamento del Tesoro a cargo del reporte.
Tres empleados de Mexpacking fueron identificados como Mario Ernesto M.T., Cinthia Adriana R. A. y Ernesto Alonso M. T., pero no hay reportes de su detención. En tanto, de la empresa que mantenía activas sus redes sociales hasta el 26 de mayo de ese año, no existe evidencia de su destino.
Tiempo después, el 31 de octubre de 2024, fue designada la empresa R y H El Remate, con sede en Chihuahua, dedicada a actividades inmobiliarias y de comercio, identificada como “entidad controlada por Heber Nieto Fierro”, operador vinculado a “La Línea” del Cártel de Juárez.
La empresa fue señalada junto con otra también condenada a la muerte financiera por la OFAC, Soluciones Tecnológicas y Paquetería Tres de Zapopan, Jalisco, también ligada a Nieto Fierro y a otros líderes criminales, hasta la fecha desaparecidos, pero conocidos por hacer alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación en años pasados e incursionar también en el negocio del fentanilo y las metanfetaminas, que el Cártel de Juárez ha rechazado históricamente, aunque algunos de sus integrantes sí han seguido.
“Los Chapitos”, dólares, bitcoins y Gorditas Chiwas
Hasta la fecha, las designaciones más recientes son del 20 de mayo de 2026 y golpearon directamente a la economía de servicios de consumo diario y seguridad privada en Chihuahua, vinculadas a operadores financieros de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según la ficha pública de la OFAC, uno de los negocios legales ligados a la operación de esa facción del Cártel de Sinaloa es Gorditas Chiwas, un popular establecimiento de comida regional controlado a través de prestanombres de la organización criminal, vinculado al empresario sancionado Alfredo Orozco Romero.
Con dos sucursales, el negocio opera de manera normal hasta la fecha, cobra con terminales bancarias y paga impuestos ordinarios, a pesar del señalamiento de dedicarse al blanqueo de dólares y servir para la transferencia de criptodivisas.
Otro negocio ligado es el Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V., empresa de seguridad privada legalmente registrada ante las autoridades, aunque sin permisos oficiales según el registro de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), pese a lo cual, según la acusación de la OFAC, usaba armamento, uniformes, vehículos blindados y contratos de vigilancia para dar protección a los mandos de la estructura de “Los Chapitos” y mover flujos de dinero en efectivo bajo el esquema corporativo.
Aunque Mamba Negra no cuenta con ubicaciones físicas reales, en el acta constitutiva apareció el nombre del general Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario de la misma Secretaría de Seguridad de Chihuahua, quien aseguró que su sociedad en ese negocio fue “de buena fe” y sin conocer la actividad de la empresa, de la cual no existen más registros.
Por parte de Orozco Romero no han logrado obtener una versión, pero al menos el negocio de comida sigue activo, contrario a lo ocurrido con otras empresas “legales” en México, pero vinculadas al narcotráfico según las investigaciones de las autoridades financieras de Estados Unidos.
