Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas dictó sentencia de diez años de pena privativa de libertad contra Josselyn V. y Ángel V., como responsables del delito de lavado de activos.
Antilavadodedinero / vistazo
Por otra parte, los magistrados ratificaron el estado de inocencia de Wilmer V., Silvia A. y Melba E.; sin embargo, solicitaron a Fiscalía que inicie una investigación por un presunto delito tributario al haber encontrado indicios de su responsabilidad en esa infracción.
Respecto a los dos sentenciados, los jueces confirmaron la materialidad del delito y su participación en el mismo: se habrían hecho pasar por beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para cobrar irregularmente 4’093.660 dólares (monto determinado por el Tribunal a pesar de que Fiscalía estableció un valor superior a los 5 millones de dólares), entre los dos.
Tras haber analizado las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal aceptó los argumentos expuestos por el fiscal del caso, Ángel García, y señaló que –más allá de cualquier duda razonable– se determina la culpabilidad de los dos procesados.
En la audiencia de juicio, que se desarrolló en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se presentaron diez testigos y tres peritos, además de abundante prueba documental recabada desde la investigación previa.
Entre los más importantes se incluyen: informes de la situación tributaria desde 2013 hasta 2018, documentos emitidos por diferentes entidades bancarias, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, entre otras, que fueron recogidos en una pericia que fue presentada al Tribunal.
Asimismo, fueron incluidos los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que determinaron movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, quienes utilizaron sus cuentas en el sistema financiero nacional para transferir el dinero producto del delito.
Según la investigación de Fiscalía, entre 2014 y 2018, un grupo de personas establecieron un sistema para cobrar el Bono de Desarrollo Humano, haciéndose pasar por beneficiarios, algunos de ellos ya fallecidos. Por esa razón se efectuaron las primeras diligencias, mismas que establecieron posibles responsabilidades, por lo cual se solicitó las respectivas autorizaciones para ejecutar allanamiento y detenciones.
En el operativo, liderado por la Institución –en coordinación con Policía Nacional– en diciembre de 2019, se hicieron efectivos los allanamientos en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, cantones de la provincia de Pichincha; y en Santo Domingo, capital de la provincia del mismo nombre.
Fiscalía proceso este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con una pena privativa de libertad de diez a trece años.
