La red delictiva operaba a través de locales que permiten hacer transacciones bancarias. Uno funcionaba en una bodega de abastos en Santo Domingo de los Tsáchilas; y otro, en un cibercafé instalado en Puerto Quito, Pichincha.
AntilavadoDeDinero / elcomercio.com
Las personas que atendían estos negocios podían ver quién cobraba el bono solidario y quién no. Con esos datos armaron todo un aparataje que les permitió desviar USD 5 millones de los fondos que son cubiertos por el Ministerio de Inclusión Social (MIES).
La operación se ejecutó entre el 2014 y el 2018. Hoy existen cinco procesados, quienes el 10 de febrero próximo enfrentarán un juicio por lavado.
¿Cómo operaban?
Cuando alguien dejaba de cobrar por muerte, enfermedad u otras razones, los dueños de los locales enviaban los datos de los beneficiarios a otras personas.Usaban esa información, recaudaban los fondos y los depositaban en sus cuentas.
Las pericias hechas a las cuentas de uno de los imputados indican que entre el 2013 y el 2017, sus ingresos en el sistema financiero llegaron a USD 1.065.178, mientras que la declaración al Servicio de Rentas Internas por esos años fue de USD 113.328. Según Fiscalía, esto evidencia que USD 951.849 no fueron declarados.
Los agentes indagan en este momento si al menos USD 1 millón se desvió a las cuentas de un club de fútbol que milita en la primera categoría de la liga nacional, en el que dos de los procesados fueron dirigentes.
En esos documentos se incluyeron también los testimonios de personas que aseguraron que después de un tiempo de no haber cobrado el bono intentaron hacerlo, pero en las ventanillas les decían que los fondos ya habían sido entregados y que no tenían nada pendiente. Los agentes recopilaron todos estos datos para el enjuiciamiento.
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