Una ley tributaria con mayores cargas impositivas entró en vigencia el lunes en Ecuador, en medio de la polémica por la falta de pronunciamiento del Legislativo, que dejó intacta una propuesta que el gobierno asegura reordenará la economía, mientras los sectores sociales la rechazan por considerarla restrictiva.
Antilavado de Dinero / AP News.
La denominada Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue enviada el lunes al registro oficial para su publicación y ejecución, “es un gran paso para reactivar la economía”, dijo el presidente Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter, tras confirmar que se espera una recaudación de 1.900 millones de dólares.
El mandatario aseguró que dichos recursos “se destinarán a la protección de los más vulnerables y al fortalecimiento de programas de asistencia social”. Mientras únicamente el “4% de la población realizaría aportes adicionales”, se conceden “incentivos tributarios” para el deporte, la cultura, el ambiente y el turismo; se elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de higiene femenina, alcohol, gel, pañales, mascarillas, y otros que representan “inmensos” beneficios, mencionó el mandatario.
“Quienes mas tienen, contribuirán para sacar adelante al Ecuador”, concluyó el presidente Lasso.
La Ley tributaria dispone el incremento progresivo del impuesto a la renta para quienes perciban un salario desde los 2.000 dólares en adelante, una contribución especial para quienes poseen un patrimonio superior a un millón de dólares, así como de las empresas con un patrimonio mayor a los cinco millones de dólares, durante dos años. Además, contempla un proceso de regularización de activos en el exterior que deberán tributarse en el país, así como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la prestación de servicios turísticos y otros bienes y servicios.
La ley genera polémica y división. Para el exministro de Economía, Mauricio Pozo “el país requería una reforma tributaria” que, a su criterio, “no va a producir un problema de contracción económica”, tomando en cuenta que se tratan de 1.900 millones de dólares sobre un presupuesto de 34.000 millones de dólares.
Si bien en diálogo con The Associated Press, Pozo dijo que no se puede hablar de un impacto generalizado sobre la clase media, pues solo un 3,4% de la población económicamente activa percibe un salario de 2.000 dólares, reconoció que para ese segmento sí habrá una afectación. Pozo señaló que su mayor preocupación está en el ambiente político que perjudicaría la tramitación y aprobación de otra dos propuestas económica y laboral, cuyo envío está pendiente por parte del Ejecutivo.
Para el analista económico Pablo Dávalos, con el cambio en el cálculo del Impuesto a la Renta “se golpea” a la clase media, no solo con la fijación de un pago progresivo desde los 2.000 dólares de salario en adelante, sino también con la reducción de la franja de exenciones de los gastos personales, de 14.000 a 5.0000 dólares, que una persona podía deducir para aminorar el costo del tributo.
En entrevista con AP, Dávalos contradijo la versión del mandatario y señaló que estos rubros que pagará la clase media “no van a ser destinados a salud o educación”, pues según una disposición de la propia ley “se prohíbe que esos recursos se registren en el presupuesto estatal” y “se van a transferir a reservas internacionales”.
Por su parte, Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, movimiento que suspendió los diálogos con el gobierno y anunció protestas para enero de 2022, señaló en una radio local que la Ley de Desarrollo Económico “se tiene que derogar”, porque “no resuelve el problema del fisco” sino que atenta contra los más pobres y la clase media, en beneficio de los grupos de poder económico alto. Iza advirtió al presidente que “lo que está haciendo es acumular más pobreza y más rechazo popular”.
El paquete tributario tenía el carácter de económico urgente, por lo que la Asamblea Nacional debía pronunciarse en el plazo de 30 días con su aprobación, negación o archivo. Un informe de mayoría que buscaba dar luz verde al proyecto fue negado el viernes, pero tampoco se contó con los votos necesarios para apoyar un informe de minoría que lo reformaba ni una moción que lo archivaría, con lo cual, la propuesta oficial entró en vigencia en su forma original.
