La Procuraduría General del Estado ecuatoriano informó el viernes 12 de noviembre del embargo de las cuentas de los sentenciados en el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa y quien fuera su vicepresidente, Jorge Glas.
Antilavado de Dinero / DW.
En un mensaje por redes sociales, la entidad notificó que «ejecutada esta acción», solicitará ahora «al Tribunal de Ejecución que disponga el embargo de los bienes (muebles e inmuebles) registrados a nombre de los condenados».
Y en un comunicado explicó que la decisión fue adoptada por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas.
En el caso Sobornos 2012-2016, una trama de financiación irregular del movimiento Alianza País desde las más altas instancias del gobierno de Correa, acusación que él niega, fueron sentenciados en 2020 una veintena de personas por distintos delitos, entre ellas Correa y Glas por el de cohecho.
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso una condena de ocho años de cárcel a los autores mediatos y coautores, y una indemnización al Estado por 14,7 millones de dólares, repartidos entre los sentenciados según su grado de participación en el delito: autores o coautores.
Tres de los veinte acusados, todos ellos empresarios, pagaron su reparación de forma voluntaria, en tanto que los demás no lo han hecho hasta ahora.
El expresidente Correa reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017 en manos de su sucesor Lenín Moreno, y al menos dos intentos a través de peticiones por conseguir su repatriación con fines judiciales han resultado infructuosos.
El exmandatario sostiene que ese proceso, así como otras investigaciones abiertas contra él desde entonces, forman parte de una persecución política contra él y sus colaboradores más próximos.
