En lo que va del 2021, la Policía en Ecuador ha incautado unas 116 toneladas de droga, según datos del Ministerio de Gobierno, por lo que se prevé que al finalizar el año se habrán superado las 128 toneladas capturadas en 2020, cifra que entonces se había considerado como un “récord” ya que fue mayor a las 88 toneladas decomisadas en 2019, cuando aún no se había desatado la pandemia del COVID-19. ¿Qué se hace en Ecuador con toda esa droga?
Antilavadodedinero / El Universo.
El abogado penalista Julio César Cueva cita el Código Orgánico Integral Penal para señalar que los jueces ordenan su destrucción. “Lo deberían hacer, por disposición legal, en quince días, pero a veces ese plazo no se puede cumplir porque los peritos no avanzan a tener a tiempo todos los informes”.
Hace muchos años, la Policía quemaba la droga en presencia de los medios de comunicación, pero a medida que el volumen incautado ha ido creciendo, por “estrategia de seguridad”, ya no se avisa cuándo ni dónde se hará la destrucción, pero esta se realiza siempre en presencia de un juez, quien garantiza que la orden de eliminar las sustancias ilícitas se cumpla.
Para Cueva, tiene sentido la reserva de información sobre la destrucción de drogas por parte del Ministerio de Gobierno, que sostiene que las quemas de las sustancias ilícitas se efectúan cada quince días. “Por lo general, se queman más de 300 kilos de drogas. Regularmente, el producto a quemar es la suma de entre 15 y 30 decomisos de drogas”, señala esa Cartera de Estado.
“Al momento de realizarse la incineración está presente el juez que emitió la orden, la Fiscalía y la Policía Nacional. La presencia de estos actores es importante para legitimar que el proceso se cumplió adecuadamente y tal como lo determina la Ley. De allí que el personal delegado está presente en todo el procedimiento y no se aleja hasta que se queme el último bloque de estupefaciente. Este procedimiento suele durar más de doce horas”, refiere el Ministerio.
“Ahora que se incautan más cantidades que antes, que se habla de bandas del crimen trasnacional, las autoridades deben tomar todos los recaudos porque las bandas podrían querer recuperar su droga”, dice Cueva.
El golpe económico que asesta la Policía al narcotráfico es mayor con cada cargamento que intercepta. Por ejemplo, las 9,6 toneladas que estaban camufladas bajo la fachada de una distribuidora de agua en Los Vergeles, norte de Guayaquil, en el mercado internacional se hubiesen vendido en $ 450 millones, dijo la ministra Alexandra Vela el pasado 13 de agosto, cuando se hizo el operativo donde además se hallaron 10 armas largas y 2.800 municiones.
Ese armamento, dice el coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, lamentablemente es más usual de lo que se podría pensar que tienen las estructuras de seguridad de las bandas de narcotraficantes para asegurar el traslado de la droga desde diferentes laboratorios a los centros de acopio como el de Los Vergeles, ubicados siempre cerca de lo que él llama “plataformas internacionales de distribución”, que son los puertos y aeropuertos donde se contaminan cargas, aunque también se distribuye mediante avionetas que usan pistas clandestinas y lanchas situadas a lo largo del perfil costero que abastecen grandes embarcaciones en alta mar.
Pazmiño, al igual que Cueva, también cree fundamental que los plazos de destrucción de la droga se cumplan a cabalidad. “Mientras más se captura, más rápido se debe proceder a su destrucción porque como hemos visto estos grupos están fuertemente armados y podrían intentar recuperar sus mercancías”, dice el oficial que ha venido advirtiendo la necesidad de formar una fuerza de tarea conjunta entre las Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía para luchar contra el narcotráfico.
Durante 2020 se realizaron 1.307 operaciones Victoria en Ecuador. Esto permitió desarticular 1.630 grupos narcodelictivos, aprehender a más de 35.000 personas e incautar 5.681 armas, según la última rendición de cuentas del Ministerio de Gobierno.
“No se necesita que toda la droga sea conservada como evidencia para el juzgamiento de las personas que hayan sido detenidas”, enfatiza Cueva. “En el artículo 474 del COIP se detalla el proceso de análisis y destrucción de las sustancias. Se deben tomar muestras químicas para conocer qué tipo de droga es, su grado de pureza, determinar el peso total. Todo eso debe constar en el informe de un perito designado por la Fiscalía que actúa como fedatario en el momento del juicio”, detalla el abogado penalista.
El procedimiento establece que, para efectos del juicio, únicamente se debe mantener como prueba las muestras que se tomaron, el resto de la droga va a unas bodegas del Ministerio de Gobierno y se debe desechar en quince días por orden del juez que lleve la causa.
“Cuando se eliminan drogas ilícitas, guiándose por la necesidad de que el proceso sea lo más ecológico posible, es preferible la opción de incineración”, dispone el mismo artículo del Código Penal.
Por eso la destrucción se hace en crematorios de industrias siderúrgicas, fábricas de cemento o de material cerámico.
En su rendición de cuentas, el Ministerio de Gobierno detalló que en 2020 se destruyeron en total 137,7 toneladas de estupefacientes y que de las 128 toneladas de droga decomisadas en ese mismo año, 110 tenían como destino el mercado internacional, mientras que las 18 toneladas restantes iban a ser distribuidas en Ecuador. (I)
