El cerco judicial a familiares, viejos socios y soplones ha sido determinante para sentar en el banquillo de los acusados al cartel de Sinaloa y será clave para juzgar a los herederos de El Chapo Guzmán.
antilavadodedinero / elpais
Ocho altos mandos de Estados Unidos tomaron el escenario de forma repentina. Estaban la directora de la Agencia del Control de Drogas (DEA), jefes del FBI, autoridades migratorias y el fiscal general de la Administración de Joe Biden, entre otros.
En cuestión de minutos, se iba a anunciar la mayor ofensiva judicial contra el cartel de Sinaloa de los últimos años. Tras la condena a cadena perpetua contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, las autoridades tenían en la mira a los herederos de su imperio criminal.
Cuatro hijos del capo —Alfredo, Iván Archivaldo, Joaquín y Ovidio Guzmán— y 24 colaboradores fueron acusados de una extensa batería de cargos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación ilegal de armas y lavado de dinero. En el camino se les señalaba como parte de una red de asesinatos, torturas y crimen trasnacional que daba la vuelta al mundo.
Los tres casos que se diseñaron para asestar un golpe devastador a Los Chapitos se dieron a conocer apenas la semana pasada, pero documentos judiciales conseguidos por EL PAÍS apuntan a que la cacería se remonta a 2008 y que se fraguó tras la sombra de familiares, antiguos socios y viejos delatores. Las investigaciones que hundieron a El Chapo están más vivas que nunca y son ahora el arma principal de los fiscales contra sus sucesores.
“Las acusaciones ofrecen la revisión más completa que se ha hecho sobre las operaciones del cartel de Sinaloa en los últimos 15 años”, se lee en el comunicado del Departamento de Justicia. La cruzada de Estados Unidos contra Los Chapitos está apuntalada sobre al menos cinco casos criminales ante las cortes del Distrito Norte de Illinois (en la zona metropolitana de Chicago), el Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y el Distrito de Columbia (Washington D.C.).
Más de 130 páginas de documentos judiciales salieron a la luz y detallaron cómo los miembros del cartel daban de comer a los tigres con sus enemigos, montaron laboratorios clandestinos para traficar con fentanilo, crearon un corredor panamericano de tráfico de drogas desde Perú hasta EE UU y tejieron alianzas en Asia que se pagaban con criptomonedas y sin dejar rastro.
Todo, mientras agentes de la DEA se infiltraron durante un año y medio en las tripas del grupo criminal. La inyección de sangre nueva en la organización estaba decidida a revolucionar el negocio. Los fundadores, Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, se iniciaron décadas atrás con el negocio de la marihuana y la cocaína.
Sus hijos pensaban desde 2014 en el fentanilo, la droga que una década más tarde está en el centro de la guerra contra el narco y de una profunda crisis de salud pública que provoca decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en terreno estadounidense.
. La inmensa mayoría de la información permanece clasificada. Pero hay una excepción. La acusación en Illinois, determinante durante el juicio de El Chapo en Nueva York, data de 2009 y tiene más de 950 documentos en su expediente: entre órdenes de arresto, acuerdos de culpabilidad, negociaciones para facilitar las delaciones y sentencias que sellaron el futuro de otros acusados. Los fiscales apuntaron primero a lo más alto del cartel de Sinaloa y se lanzaron contra Guzmán y El Mayo Zambada, que sigue prófugo y por el que se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.
Delatar al padre
Mucho antes de ir contra los herederos de El Chapo, la justicia estadounidense fue tras Jesús Vicente Zambada Vicentillo, el primogénito de El Mayo. Fue arrestado en Ciudad de México en marzo de 2009 y extraditado casi un año más tarde a Estados Unidos, que lo señalaba como responsable de traficar con 1.000 millones de dólares en marihuana y cocaína. Tras las rejas, las autoridades lo enfrentaron a la decisión más difícil de su vida y le ofrecieron un trato para delatar a su padre y sus antiguos socios a cambio de una pena reducida. Vicentillo aceptó.
“Comencé a darme cuenta de cómo se hacía todo”, dijo el hijo de El Mayo sobre cómo se inició en el negocio con reuniones con otros capos y policías corruptos. “Poco a poco, comencé a involucrarme”, agregó durante el juicio a El Chapo en 2018.
Para entonces, estaba por cumplir casi una década colaborando con las autoridades, aunque sus abogados insinuaron que ya trabajaba con la DEA antes pisar la cárcel. Vicentillo contó cómo se ordenaban los asesinatos en el cartel, cómo se repartían las ganancias, cómo se fugó Guzmán de la cárcel y cómo se reunió con políticos mexicanos de primer nivel.
El escándalo saltó a los titulares de los medios internacionales. “El hijo de El Mayo Zambada traiciona a su padre y al Cártel de Sinaloa”, reseñó, por ejemplo, The New York Times.
“Al proveer al jurado con una mirada única desde dentro del cartel, no solo expuso el liderazgo de El Chapo Guzmán, sino también el de su propio padre, lo que me parece único”, señaló Amanda Liskam, parte del equipo de la Fiscalía en el juicio. Liskam dijo que la cooperación del capo fue “integral” y agregó que habló también de cómo estuvieron involucrados otros familiares de los líderes, aunque no dio nombres.
La declaración es de mayo de 2019, un mes y medio antes de que se dictara la condena contra El Chapo. Vicentillo Zambada recibió 15 años de cárcel, aunque se supo que ya estaba libre en abril de 2021.
“Quiero expresar mi arrepentimiento por las malas decisiones que tomé en el pasado”, declaró Zambada. “Usted es una de las personas de más alto perfil que me ha tocado sentenciar desde que soy juez”, dijo el togado mexicoamericano Rubén Castillo. “Después de 25 años como juez federal, voy a ser el primero en admitir aquí y de manera oficial ante la corte que si existe tal cosa como la guerra contra las drogas, la hemos perdido. La hemos perdido.
Es hora de que este país piense en hacer algo diferente”, zanjó Castillo. En tiempos de efervescencia por el Gobierno de Donald Trump, el juez tundió a quienes proponían la construcción de un muro como solución al narcotráfico y criticó a quienes llamaron al hijo de El Mayo “traidor” o “rata”. “Los testigos cooperantes ayudan a nuestro país a ganar la guerra contra el crimen.
Quizás hemos perdido la guerra contra las drogas, pero no podemos permitirnos perder la guerra contra la delincuencia”, concluyó. Tras sentarse con las autoridades decenas de veces, la promesa de Zambada fue seguir cooperando con las autoridades, incluso después de ser sentenciado.
Antes de Vicentillo, también pasaron por la corte de Illinois Pedro y Margarito Flores, dos gemelos que tomaron su experiencia de trabajar en un McDonald’s para expandir la presencia del cartel de Sinaloa en Estados Unidos y que comenzaron a delatar a sus socios desde octubre de 2008.
Los hermanos Flores grabaron alrededor de 70 conversaciones telefónicas con miembros del cartel, como El Chapo, pero también con su hijo Alfredo Guzmán Alfredillo para coordinar la entrega de un cargamento de 20 kilos de cocaína a Chicago, negociando directamente con el heredero y lugarteniente del capo la logística para que llegara el embarque y el pago de la mercancía.
Hay casi una decena de grabaciones de Alfredillo Guzmán y los Flores que datan desde finales de 2008, muchas veces conseguidas tras colocarse un micrófono en la cintura del pantalón. “Los de ayer salieron muy bien”, dice Pedro Flores al hijo del capo, sobre un cargamento de 20 kilos de cocaína, en una de las llamadas. “Le estaba diciendo a tu viejo [El Chapo] ahorita para ver si había oportunidad de que nos manden otras cinco.
No sé si las tengas. Porque voy a depositar el cheque por esas [los 20 kilos] mañana. Ve si tienes otras cinco y avísame”, se escucha decir al gemelo. Las descripciones de las llamadas van directas al grano. “Alfredillo pregunta por qué no se ha recogido la heroína”. “Pedro pide a Alfredillo un número de teléfono limpio para contactar a El Chapo”. “Pedro dice a Alfredillo que acaba de hablar con El Chapo y ya arregló el pago”.
Los cooperantes se infiltraron en reuniones con El Mayo, Vicentillo y Arturo Beltrán Leyva, viejo socio y primo de El Chapo para el tráfico de 15 kilos de heroína. También negociaron una operación encubierta contra otro primo del capo, Juan Guzmán Rocha, para traficar más de media tonelada de cocaína. Juancho Guzmán Rocha fue asesinado en 2015 y Beltrán Leyva, en 2009.
La cooperación de los Flores se tradujo en casi una veintena de incautaciones de droga, decenas de arrestos en México y Estados Unidos, y la extradición de varios jefes narcos, incluido Vicentillo Zambada. Los hermanos fueron sentenciados a 14 años en 2015 por el juez Castillo. Los mellizos regresarían más tarde para declarar contra El Chapo en Brooklyn.
Electrocutado y torturado
En 2014, Jesús Raúl Beltrán, cuñado de Alfredillo Guzmán y también acusado en el caso de Illinois, fue capturado mientras dormía en su casa de Culiacán, la capital de Sinaloa. En 2017, sus abogados presentaron una moción en la que denunciaron que su cliente fue víctima de tortura a manos de la Marina y con el consentimiento de agentes estadounidenses. La unidad de marinos entró blandiendo armas pesadas, lo aislaron de su esposa y su hija, lo esposaron, lo empezaron a golpear y lo asfixiaron con una bolsa de plástico en su cocina, según el testimonio de Beltrán.
“A ver, hijo de perra, ¿vas a cooperar o crees que tu hija puede aguantar que le pongamos una bolsa de plástico?”, se lee en la declaración judicial. Beltrán aseguró que los marinos amenazaron con violar en grupo a su esposa y matar a su familia: “Vamos a matar a tu madre con un tiro en la cabeza o a lo mejor la vamos a colgar de un puente”.
“Sus captores le ordenaron que dijera dónde vivían Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, y que los llevara ahí, o masacrarían a toda su familia”, afirmaron sus abogados. Beltrán, sin embargo, sostuvo que no sabía dónde estaban los hijos de El Chapo.
Beltrán aseguró, incluso, que después de ser trasladado y humillado en un campo militar, unos sujetos le ofrecieron asilo político a cambio de revelar el paradero de los hermanos Guzmán. Les dijo primero que eran amigos de la primaria y que desde entonces no sabía nada de ellos.
Después comentó que sus reuniones eran en restaurantes y discos, y que por eso, no sabía donde vivían. Más tarde, le preguntaron en qué coches se movían y en qué sitios comían.
El cuñado de Alfredillo reclamó que, además de asfixiado, fue electrocutado, torturado con música heavy metal y agua helada, y obligado a grabar una confesión falsa frente a agentes de la DEA. “Recitó una supuesta confesión de que él, Iván Archivaldo Guzmán y Alfredo Guzmán volaron de Culiacán a Chiapas para comprar cocaína.
Admitió que cada hombre tenía un trabajo asignado: el cuñado cargaba la cocaína en el avión, Alfredo la apilaba dentro de la aeronave e Iván era el piloto”, dijeron sus abogados. Las denuncias de Beltrán fueron desechadas. En septiembre de 2019 fue sentenciado a 28 años de cárcel por tráfico de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína, tras negarse a cooperar con las autoridades y mantener que fue torturado durante su detención.
Las ruedas de la corte de Chicago no se detuvieron tras la caída de El Chapo y el retiro del juez Castillo ese mismo año. En diciembre de 2021 fue sentenciada a 10 años Guadalupe Fernández Valencia, La Patrona, calificada tras su arresto cinco años antes como la mujer más poderosa del cartel de Sinaloa.
Fue una pena reducida, la mujer de 60 años firmó un acuerdo de colaboración. Y, apenas en enero de este año, Felipe Cabrera Sarabia, alias El Inge o El Rey de la Heroína, se declaró culpable por narcotráfico y se enfrenta a una pena de 10 años a cadena perpetua en prisión.
La acusación de Illinois, la misma en la que fueron imputadas 22 personas, desde El Chapo hasta El Rey de la Heroína, incluye ocho cargos criminales contra Joaquín, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, y menciona a Ovidio Guzmán, capturado en Culiacán en enero pasado y en proceso de extradición, que es acusado por separado.
Son cuatro delitos por narcotráfico, dos por delincuencia organizada, uno por lavado de dinero y otro por portación de armas. Las penas van de 10 años de cárcel a cadena perpetua; las multas, de 500.000 hasta 10 millones de dólares.
“Asumieron el antiguo papel de su cartel como líderes del cartel de Sinaloa”, se lee en el documento, en donde se acusa a los hermanos e hijos de El Chapo de coordinar las operaciones del grupo criminal, amasar las ganancias y blanquearlas. También de traficar drogas y precursores para fabricar fentanilo por medio de aviones, submarinos, botes, contenedores marítimos, tractores, autobuses, coches, trenes y túneles para cruzar la frontera.
El tráfico involucra 10 países en América: Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. “De acuerdo con documentos judiciales, los cargos surgen de un esfuerzo colaborativo y transversal que ha durado décadas”, resumen las autoridades estadounidenses.
Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y de cinco millones por Joaquín Guzmán López.
